Análisis
Tomado de Cambio Total
Por Alfredo Molano Bravo
Por: Alfredo Molano Bravo
Pitalito es una vereda de Chimichagua, Cesar, piedemonte de la serranía del Perijá, conformada por dos fincas: San Miguel y Pitalito. Hasta 1980, cuando fueron abandonadas, eran de la familia Chacón.
Los campesinos las trabajaron y las dividieron en 14 parcelas; formaron una junta de acción comunal, organizaron una tienda comunal, construyeron una escuela y arreglaron las vías. Sembraron yuca, ahuyama y principalmente maíz, que vendían en Curumaní. Nadie reclamó nada a nadie. Entre 1998 y 2005 los parceleros vivieron una terrible ola de asesinatos y robo de ganado; unas 30 familias salieron a vivir en los pueblos cercanos o en Venezuela. En 2006 empezó la gente a retornar. Organizaron de nuevo la vereda, reconstruyeron la escuela y solicitaron al Incoder la titulación de sus predios, pero el gerente de la época respondió que la zona estaba dentro de la reserva forestal, Ley Segunda.
Según testigos, el 16 de enero de 2010 apareció con el Ejército un tal Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo, apodado El Capitán, a tomar posesión de las tierras argumentando tener los títulos. Como los campesinos carecían de papeles, el supuesto propietario les dijo: “Me venden o me venden”. Los campesinos temblaron y le suplicaron al Ejército que no los sacara. En esos tiempos, paramilitares y militares andaban juntos. La maestra le dijo al Capitán: “Al menos respete la escuela”. El señor Fernández respondió: “Me vale huevo”. Los campesinos bajaron a Curumaní a denunciar la amenaza y cuando regresaron, les habían tumbado los ranchos. Un mes más tarde llegó un grupo de sicarios guajiros y a la madrugada mataron los perros. Una amenaza tétrica. El 24 de junio regresaron acompañados del Esmad, el Ejército y funcionarios de las alcaldías de Chimichagua y Curumaní, entre ellos el personero, en representación de la Defensoría del Pueblo. Sacaron en camiones y zorras a todos los vivientes y los trasladaron a la hacienda La Esperanza, del mismo Fernández; más tarde los llevaron a la vereda Galaxia, donde fueron amenazados con quitarles los niños si intentaban una nueva invasión de predios. Los menores de edad no pueden estar sometidos al delito, dijeron. Fernández “nos obligó a firmar un papel con el Ejército a un lado y nos dio lo que quiso”. El personero levantó un acta afirmando que “todo había sido voluntario”. Denunciaron los atropellos ante el gobernador de Cesar, que les dijo: “Devuélvanse, esas tierras son de ustedes”.
El 21 de mayo de 2013 regresaron a sus parcelas, convencidos de que la Ley de Tierras los protegía. Volvieron a levantar ranchos; hicieron un salón comunal donde los niños recibían las clases, y sembraron de nuevo maíz, yuca, habichuela, tomate y patilla. El pasado 25 de octubre entró el Esmad, acompañado de la Sijín, del procurador provincial y varios sujetos. Los campesinos fueron acusados de cultivar coca. Las autoridades desalojaron a los parceleros a pesar de que tanto Pitalito como San Miguel están bajo la protección del Incoder. Los trasladaron a un albergue pagado, sostienen, por el mismo señor Fernández, que fue uno de los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y es propietario de varias haciendas cultivadas en palma. Más tarde les destruyeron con motosierra los ranchos y todas sus pertenencias. Hasta las botas de caucho fueron destrozadas con la máquina. Una terrorífica sugerencia hecha a 17 familias: 24 niños y 30 adultos.
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