Análisis
Tomado de El Espectador
Por Alfredo Molano Bravo
Hace medio siglo, cuando nacían las Farc y asesinaban a Kennedy, salió un libro explosivo, La violencia en Colombia, de monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna.
El país vivía la violencia, pero no sabía de ella. Los medios oficiales no informaban y la prensa estaba amordazada. La obra salió gracias a Belisario Betancur —fundador de Tercer Mundo, que publicó el libro— y puso el dedo en la llaga: la violencia no era un enfrentamiento entre forajidos y el Ejército, sino un plan elaborado en el sótano de las oficinas de los gobiernos de Ospina y de Gómez para reducir al liberalismo, “monstruo horrendo de pérfido corazón masónico, garras homicidas y pequeña cabeza comunista”, usando la Policía, que desde el 9 de abril el régimen había chulavitizado al ser transformada en un cuerpo paramilitar. Cuando el libro salió, el presidente Valencia, de talante conservador, sacó tanques para prevenir un levantamiento. Si el establecimiento hubiera entendido la denuncia, quizás habría evitado el ataque a Marquetalia y a Riochiquito, llamadas repúblicas independientes por Álvaro Gómez, y así, el nacimiento de las Farc.
Se acaba de publicar el informe del Grupo de Memoria Histórica titulado ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad, dirigido por Gonzalo Sánchez, un estudioso de nuestros conflictos armados. La investigación fue ordenada por la Ley 975 de Justicia y Paz —que acotó los términos y límites del trabajo— y es, por tanto, estatal, pero —y es su gran mérito— no es una versión oficial. Llama actores armados a las fuerzas beligerantes, pero se cura en salud llamando “fuerza pública” a las Fuerzas Armadas y de Policía. Un esguince explicable. Combina testimonios de víctimas con estadísticas escrupulosas y análisis solventes y equilibrados. La recolección de testimonios no fue fácil, porque las víctimas han sido condenadas al silencio por el terror, y su voz, quebrada y adolorida, compromete a quien la oye y a quien la lee.
Las estadísticas, por naturaleza frías y distantes, son atemperadas por la reflexión histórica, pero no se logra —y ello es también explicable— urdir estos dos hilos de la historia de manera concluyente. La opinión pública tampoco sabe ahora lo que sucede en las regiones donde hay combates, porque las fuentes siempre son parcializadas. La guerrilla informa sólo sus victorias y las fuentes oficiales le tuercen el cuello a la realidad de forma tan maniquea, que más que noticias son sentencias. Los paramilitares notifican sus hazañas con los cuerpos mutilados de sus víctimas, cuando no los botan a los ríos “para que la zona no se caliente”, y terminen señaladas, de rebote, las fuerzas que los apoyan.
La Comisión de Memoria hace énfasis en la guerra civil irregular que vivimos desde hace 50 años, no en la condena política sino en la explicación social e histórica de los aparatos de guerra. La violencia no es una simple expresión delincuencial, es una manifestación de los órdenes social y político —dice Sánchez— y por lo tanto —agrega—, la solución no puede ser el exterminio del contrario ni la ilusión de acabar la guerra “sin cambiar nada en la sociedad”. El informe es un avance en la recuperación de la memoria histórica, pero no es la memoria del conflicto. Para serlo serán necesarias las otras versiones: la de las guerrillas y el secreto que se guarda en los sótanos del Ministerio de Defensa y que aclararía los vínculos de la fuerza pública con los paramilitares.
Las conversaciones de La Habana llegarán a un punto donde el Libro Blanco se imponga y contribuya a salir del laberinto donde la paz está presa de la justicia y el cerrojo en manos de una extrema derecha caudillista, sectaria y, sobre todo, armada. La memoria de las víctimas será entonces una activa militancia del tiempo contra el olvido
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