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Tomado de El Espectador
En medio de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrollan en Washington (EE.UU.) y en la que múltiples organizaciones no gubernamentales de diferentes países presentan denuncias por hechos de gravedad en los que haya incurrido el Estado —como casos de impunidad o abusos de poder—, 16 ONG colombianas pusieron en conocimiento de este organismo situaciones sobre los presuntos excesos de autoridad y retenciones arbitrarias de la Fuerza Pública. El caso por el cual solicitaron la audiencia fue los enfrentamientos entre campesinos y el Esmad de la Policía durante las marchas del paro agrario.
El informe, presentado por el Comité Permanente de Derechos Humanos —que representó a la Asociación Campesina del Catatumbo, Asociación Campesina del Río Cimitarra, Federación Sindical Agropecuaria (Fensuagro), Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y otras 11 organizaciones sindicales y de derechos humanos— evidenció la diferencia abismal entre las cifras de capturas realizadas durante el pasado 19 de agosto y 8 de septiembre, que tenían Fiscalía y Policía.
En los registros de la Fuerza Pública aparecen 837 capturas, 152 más que las reportadas por el ente investigador (685). Para las ONG esto representan “detenciones secretas”, y por esta razón le solicitaron a la CIDH que tomara cartas en el asunto contra el Estado colombiano. Asimismo, el informe resaltó que de las 308 quejas, tan sólo se han abierto 30 investigaciones disciplinarias en las que están siendo procesados 66 agentes de Policía. Sin embargo, para las organizaciones no gubernamentales lo más preocupante del caso es que de las detenciones realizadas por el Esmad más del 90% de las personas quedaron en libertad por falta de pruebas.
Es decir, que, según la tesis del informe, las autoridades abusaron de su poder y a través de las detenciones arbitrarias intentaron impedir el derecho a la protesta. Asimismo, indicaron que el 70% de los capturados fue sindicado de obstrucción en vía pública y perturbación al servicio de transporte colectivo u oficial; que la mayoría de detenciones fueron en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Caquetá, y que la situación más aguda en cuanto a violación de derechos humanos se registró en Facatativá (Cundinamarca), donde “una misión de DD.HH. documentó arbitrariedades en capturas, graves golpizas y hasta torturas”.
Por estos hechos fueron cinco las solicitudes que realizaron ante la CIDH: “Instar al Gobierno de Colombia a respetar el derecho a la protesta social y cumplir el artículo 17 de la Convención ONU contra las Desapariciones Forzadas: “Nadie será detenido en secreto”; que se investiguen denuncias de infiltración policial, militar y paramilitar en diferentes sitios del país, no sólo para realizar labores de inteligencia, sino también para sabotear y generar vandalismo; que el Estado emita directrices en el sentido de prohibir la criminalización de la protesta; que se exija a los altos funcionarios abstenerse de dar discursos que incitan al odio contra los manifestantes, y que el Estado renuncie a operaciones psicológicas y estrategias de militarización de la sociedad como respuesta a la protesta social”.
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