Análisis
Por Marcha Patriótica
Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la U. Nacional entrarían en Asamblea Permanente el 12 de noviembre.
Así lo definieron en asamblea realizada el pasado jueves, 7 de noviembre.
En el marco de la crisis infraestructural que vive la Universidad Nacional como consecuencia de la falta de financiación estatal, el lunes 28 de octubre se calló el techo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. No es la primera vez que esto ocurre en la Universidad Nacional: En el año 2011 se clausuró el edificio de Arquitectura, y en el 2012 se restringió el acceso al edificio de la Facultad de Enfermería por problemas infraestructurales y de sismo resistencia. A estos edificios, se suman otros 64, que no han sido clausurados, pero que se inundan con cada temporada de lluvias, y tienen grietas que ponen en riesgo la vida de la comunidad universitaria.
A raíz del derrumbe del techo, la administración de la Universidad, clausuró el edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Política, y reprogramó las clases de las y los estudiantes en otros edificios de la universidad, tal como hizo con los estudiantes de Diseño, Arquitectura y Enfermería en años anteriores: De esta manera, se trasladaron las clases a edificios fuera de la universidad (como las residencias universitarias), a edificios con otros problemas infraestructurales (como el edificio de Enfermería, del que ya fueron desalojados los estudiantes de esa Facultad), y a edificios no adecuados con aulas de clase, como la Hemeroteca y Genética, que dificultan la movilidad y la asistencia a clase de los y las estudiantes. Además de ello, no todas las clases pudieron ser reprogramas por falta de espacios. Al momento, 53 asignaturas no tienen salones ni horarios re-asignados, por lo que podrían ser canceladas.
En diferentes comunicados, el rector de la Universidad, Ignacio Mantilla, ha intentado dar un parte de tranquilidad a los y las estudiantes, señalando que el proyecto de ley “Estampilla Pro Unal” está dando curso en el Congreso de la República, y que esto ayudará a solucionar los problemas de infraestructura de la universidad. Para los estudiantes de la UN, sin embargo, esta propuesta es errónea e insuficiente: errónea en tanto la administración de la Universidad consiente la desfinanciación por parte del Estado a la base presupuestal de las universidad, y traslada la responsabilidad al sector privado; e insuficiente en la medida en que el presupuesto que se adquiriera mediante dicha estampilla, estaría destinado a la construcción de nuevos edificios para los posgrados de la Universidad, y no para solucionar las necesidades de los programas de pregrado de esta alma mater. En este sentido, el rector Ignacio Mantilla continuaría desarrollando el modelo educativo del Ministerio de Educación Nacional y del gobierno, que busca fortalecer la educación propedéutica, convirtiendo a la Universidad Nacional en una institución para los posgrados (que perciben más recursos económicos por el costo de las matriculas, así como del sector de investigación privado); desatendiendo el pregrado, la educación pública de calidad, y la investigación y extensión solidaria que esta debería desarrollar en pro del país.
En este sentido, las y los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UN acordaron en Asamblea realizada el pasado jueves 7 de noviembre, exigir el aumento presupuestal que la Universidad requiere (alrededor de 2 billones de pesos); la redefinición del calendario académico que le permita a la Facultad recuperar la totalidad de las clases perdidas; y principalmente, establecer un cronograma claro para el arreglo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para no repetir la historia de los edificios de Arquitectura y Enfermería. El martes 12 de noviembre se realizaría una nueva asamblea para evaluar la respuesta por parte de la administración, y si existen o no garantías para culminar el semestre académico.
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