Comunicado
Por Delegación de Paz FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Octubre 4 de 2013
Resulta ahora que visitar La Habana es un delito. Resulta ahora que estar de acuerdo con la realización de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de la paz, es un crimen. ¿Dónde está la democracia?
“Entonces resulta que ahora soy un gran saboteador porque soy amigo de la Constituyente. Eso no puede ser así. Eso es un atropello a un ciudadano que tiene derechos y deberes”, ha dicho con toda razón el ciudadano Álvaro Leyva Durán.
En Pleno desarrollo de un tema tan importante como es el de la participación política, en el que se debate la necesidad de generar garantías para que la ciudadanía tenga posibilidad de hacer verdadero ejercicio de la democracia, se insiste en amenazar con la judicialización a quienes asumiendo el derecho y el deber de obligatorio cumplimiento, que es la lucha por la paz, decidan trasladarse a La Habana a aportar sus ideas en pro de la reconciliación nacional.
Es el caso de la persecución y estigmatización que se ha desatado de manera implacable contra el ex ministro Álvaro Leyva Durán; un hombre que por tres décadas ha permanecido activo en la tarea laudable de buscar caminos que nos conduzcan a la finalización de la guerra y el desangre de la patria.
En la misma actitud de intransigencia se actúa contra defensores de derechos humanos y del proceso de paz, tal como ocurre en el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, o todo aquel que levante una voz crítica frente al guerrerismo y en favor de una salida política que implique soluciones a los problemas sociales profundos que padece Colombia.
En buena hora el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre ha dicho que: “No es un delito acudir a La Habana sin permiso del Presidente de la República, no es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla de las FARC o con el ELN en el lugar donde estén, porque las conductas delictuosas están específicamente señaladas en el código penal, y hay una prohibición, pero no es una prohibición que conduzca a conductas penales”.
Así las cosas, las temerarias acusaciones del señor Juan Fernando Cristo, presidente del Senado, contra Leyva y contra los que según su imaginación estarían yendo de “turismo” a La Habana para hablar con las FARC, no son más que necedades. Interferencias a la paz le hacen declaraciones malintencionadas de alguien, que como Cristo, ahora pretende ser más papista que el Papa.
En aras de coadyuvar en la construcción de la paz, en adelante, el país no deberá pasar por alto lo dicho por el Fiscal Montealegre en cuanto a que: no pueden ser delito unas conversaciones, con acercamientos que tienen unos fines altruistas… y que sería un despropósito pensar que acudir a La Habana sin permiso se convierta en un delito y mucho menos en una falta disciplinaria.
Siempre habrá que recordar que, como lo consigna el preámbulo del Acuerdo General de La Habana, “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”.
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