Víctimas y tierras en Colombia (I)

Análisis

Tomado de Cambio Total

por Sergio De Zubiría Samper - VOZ

Los análisis sobre la reciente protesta agraria han subrayado sus causas económicas y sociales, pero existe un ámbito que poco destacan los diagnósticos: la victimización de la población campesina en las últimas décadas. 

Además de su reconocimiento como sujetos políticos, el campesinado y los trabajadores agrícolas están expresando las huellas profundas de su sufrimiento como víctimas.

El patrón de abandono, despojo de tierras y desplazamiento forzado durante los últimos 30 años es determinante para comprender la actual lucha social en el campo colombiano. La condición de víctimas centrales del conflicto y de las políticas institucionales es condición ineludible para abordar la problemática campesina en nuestro país. La magnitud del daño moral y material tendrá que ser reconocida por el Estado colombiano para construir las bases seguras para la paz.

Algunas recientes investigaciones académicas y sentencias judiciales se orientan en la dirección de esta acción de reconocimiento como víctimas y destacan la gravedad de la problemática. La histórica sentencia T-025 de la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado.

Documentos de ONU, Movice, Codhes, CPDH, Comisión Colombiana de Juristas, Centro Internacional para la Justicia Transicional, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz e investigaciones académicas (Garay, Barberi, Vargas, Bolívar, Sánchez, Uprimny, Antequera, Forer, Salinas, Saffón) han llamado la atención sobre la magnitud y profundidad de los efectos en las víctimas de la población campesina.

Determinaciones conceptuales

En el proceso de victimización es conveniente establecer ciertas distinciones entre abandono, despojo y usufructo de tierras. El abandono es el acto mediante el cual el propietario, poseedor o tenedor tiene que desplazarse del lugar y dejarlo por la acción de una violencia sistemática. El despojo es cuando los agentes legales o ilegales aprovechan el entorno de intimidación para forzar a los campesinos a vender sus tierras o a transferir la propiedad a victimarios o testaferros. El usufructo es el tipo de relación y utilización que hacen de las tierras los victimarios o terceros.

Estas distinciones para subrayar que al momento del desplazamiento no necesariamente se ha producido el despojo de tierras y que siempre hay que indagar lo sucedido luego de la acción de desplazamiento. Y que el usufructo se hace a veces de manera legal, por ejemplo: macroproyectos productivos de carácter privado, y en otros casos a través de la falsificación y la ilegalidad.

Las investigaciones deben mostrar en el trascurso del proceso de desplazamiento “¿qué tanto despojo se materializó, qué tanto abandono se mantuvo como tal, qué tanto usufructo de tierras abandonadas ha habido a cargo de victimarios o terceros de buena o mala fe?” (Garay). El patrón del desplazamiento forzado en Colombia muestra la estructura de la propiedad y la violencia: concentración de la propiedad, latifundio improductivo, informalidad en relación con la propiedad de la tierra e incremento del despojo entre 1998-2008.

Escasamente el 22% de los campesinos que han sido despojados de sus tierras cuentan con una escritura registrada de su propiedad y más del 70% son meramente poseedores o tenedores.

Características del abandono y despojo

El estimativo de la población colombiana considerado como víctima es aproximadamente del 11%, y de ese porcentaje el 63% es población joven, menor de 25 años. Lo que indica que las generaciones futuras llevan la marca indeleble de la memoria de las víctimas. El proceso de victimización masiva en el mundo rural contiene magnitudes alarmantes. Según los propios datos oficiales se estima que entre 1980 y 2010 se han abandonado y despojado cerca de 6,6 millones de hectáreas, lo que representa el 15,4% de la superficie agropecuaria del país.

El número de hogares afectados es del orden de 434 mil, que supera más de dos millones de personas sometidas al despojo forzado de tierras. Un 40% es menor de 15 años y 45% tienen exclusiva dirección femenina. Según Codhes y IDMC, más de cinco millones de colombianos viven lejos de sus hogares por desplazamiento forzoso.

El abandono y despojo de tierras se ha producido a través del uso de la fuerza. El principal actor desplazador son los grupos paramilitares con cerca del 40% de acciones entre 1980 y 2004. El 40% de los desplazamientos han sido masivos (más de diez hogares simultáneamente) y el 28% grupal (entre 2 y 10 hogares). Un 82,9% de los hogares manifiesta que abandonaron sus bienes rurales en el momento del desplazamiento y un 9% expresa que tuvo que entregarlos o venderlos de forma presionada. Más del 30% aducen no tener ningún conocimiento sobre el destino actual de sus tierras despojadas.

Dos características son de carácter dramático. La primera: las tierras despojadas eran de buena o aceptable calidad, con agua, cultivables y en tierras planas. La segunda: no todo el campesinado era pobre antes del desplazamiento, ya que el 51% se consideraba pobre y tan sólo el 31% en niveles de indigencia; luego del desplazamiento los hogares padecen un nivel de pobreza del 97% y de indigencia del 78%.

La Comisión de Seguimiento ha intentado evaluar los daños materiales e inmateriales en los 30 años y ha tasado los daños económicos en $80 billones y los daños morales en $164 billones. Una cifra de $244 billones que se acerca al 35% del PIB colombiano. La magnitud y profundidad de la victimización rural exige unas políticas públicas de largo aliento para arraigar la paz en Colombia.