Desfinanciamiento de universidades públicas ascienden a 11,3 billones

Análisis

Tomado de Cambio Total 

Por Agencia de Noticias UN

 

 Ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), las universidades estatales presentaron sus propuestas para solucionar las insuficiencias generadas por el sistema de financiación establecido a través de la Ley 30 de 1992.

Entre 1993 y 2011, estas insuficiencias llegaban a 18,7 billones de pesos. De ellos, las universidades ya han aportado 7,5 billones con la generación de recursos propios. 

Es decir, las 32 instituciones de educación superior oficiales del país necesitan 11,3 billones de pesos para su óptima operación. Para gastos de funcionamiento se requieren 1,3 billones anuales, mientras que para infraestructura y formación docente la cifra es de 9,8 billones. 

Como solución, el Sistema Universitario Estatal (SUE) presentó al CESU 18 propuestas de fuentes de financiación que no alteran el espíritu de la educación pública. 

Entre ellas figuran medidas fiscales como el establecimiento de una estampilla, como la que actualmente se tramita en el Congreso de la República; la obligatoriedad para los entes territoriales de transferir por lo menos el 1% de sus ingresos tributarios a las universidades ubicadas en su jurisdicción, y mejorar los beneficios tributarios a los contribuyentes por donaciones a las casas de estudios. 

Otra medida tributaria es instaurar un gravamen a la telefonía celular. En este sentido, solicitan que todas las compañías de servicios móviles de telecomunicaciones de voz, datos y complementarios transfieran a las universidades oficiales un peso por minuto vendido. 

“Serían aproximadamente 500 mil millones de pesos al año, pues en Colombia se hacen 500 mil minutos de llamadas por celulares”, explicó Gerardo Mejía, gerente financiero y administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. 

También se prevé la financiación por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para cubrir los costos de acceso, conectividad a las TIC, suministro de dispositivos electrónicos y suscripción a bases de datos. 

Por ejemplo, dice Mejía, “podría incluirse a las universidades dentro de los grandes contratos de cobertura de banda ancha que está adelantando el Gobierno para todos los municipios del país”. 

Además, el SUE plantea el traslado o destinación de recursos del programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, o del ente que lo sustituya, con el objeto de financiar programas de apoyo a estudiantes que pertenecen al SISBEN 1 y 2. 

Otra propuesta es la exoneración a las universidades estatales de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de modo que los recursos que aportan actualmente las instituciones educativas sean utilizados para fortalecer sus programas de bienestar. 

Asimismo, solicitan declarar las universidades estatales como patrimonio cultural de la nación, en virtud de sus campus, bienes y productos de especial interés histórico, artístico y científico. Esto les permitiría obtener beneficios. 

En todo caso, quedan descartados el aumento de los costos de las matrículas y la disminución del bienestar de la comunidad académica. “Eso sería acabar con la universidad pública”, concluye Mejía.