P aro Nacional Agrario y Popular. Cobran deuda histórica

Análisis

Por Semanario Voz

Vía Panamericana en plena concentración campesina, en el puente del corregimiento El Cairo y en La María

Las organizaciones agrarias y populares que entraron a paro desde el 19 de agosto pasado, sostienen que su mayor petición es la deuda histórica del país para con ellos: la reforma agraria.

Esa, dicen, es la única salida que tiene el gobierno nacional para salvar al país de la crisis profunda generada por la desigual distribución de la propiedad de la tierra, la inexistente política de desarrollo agrario y la firma abundante de tratados de libre comercio en contra del agro.

La salud y otros sectores como el de los camioneros también se sumaron a las protestas calificadas por el Ejecutivo como ilegales por los bloqueos de vías. La estrategia para desarticular la protesta utilizada por parte del gobierno fue de nuevo la violencia.

Las peticiones de los manifestantes son claras y demuestran el resultado de las políticas agrarias en favor de los grandes capitales o los tradicionales propietarios de la tierra que se resisten a ceder un espacio para el desarrollo económico de los campesinos. Aquí las peticiones que conforma el pliego radicado en el ministerio de Agricultura:

Compensación agraria

“Exigimos implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria: Que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios en el mercado nacional e internacional, con los cuales garantizar una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores”.

Acceso a la propiedad de la tierra

“Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al Incoder celeridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la adjudicación y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías que ocupan los campesinos, soportada en programas de asistencia técnica y social, inversión, tecnología, y mercadeo que garanticen el despliegue de la economía campesina, así como el de la pequeña y mediana producción.

“La inmediata aplicación del decreto 1277/2013 de dotación de tierras por el INCODER, y la ampliación de su capacidad financiera para garantizar mayor cobertura y la adjudicación colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas. De igual manera, el reconocimiento de la autonomía de las comunidades sobre los territorios ya adjudicados.

“Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido el acaparamiento por capital extranjero; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen”.

Reconocimiento a la territorialidad campesina

“La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias públicas de las ZRC.

“Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un año a partir de la solicitud.

“Conformación tanto del Sistema Nacional como el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina”.

Política minera

“Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

“Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.

“Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos. Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo”.

Derechos políticos de la población rural

“Reconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos, plasmados en la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU, mediante la incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación interna y en las políticas públicas.

Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural”.

Inversión social

“Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.

“Exigimos la derogatoria de la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley que reconozca la educación como derecho fundamental y bien común, y con enfoque diferencial.

“Exigimos el nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.

“Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.

“Exigimos la definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.

“Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado”.