Análisis
Tomado de Cambio Total
Por María Paula Saffon
En paralelo a las negociaciones de La Habana se adelantan varias reformas que buscan otorgar a los militares una serie de prerrogativas muy preocupantes para un escenario de postconflicto.
Primero vino el fuero penal militar; ahora las propuestas de que participen en política y de que no se elimine el impuesto al patrimonio, que incrementó sustancialmente sus recursos en los últimos años. Estas reformas son problemáticas porque parecen buscar que el ya de por sí enorme poder de los militares incremente durante la transición de la guerra a la paz, e incluso cuando cese el conflicto. Tal fortalecimiento amenaza uno de los objetivos centrales de la justicia transicional: la garantía de no repetición de las atrocidades.
La garantía de no repetición consiste en desmontar las estructuras que facilitaron la comisión de atrocidades a través de diversos mecanismos de reforma institucional. Las reformas más usuales a nivel mundial incluyen las purgas de los aparatos de seguridad del estado con el fin de excluir a quienes participaron o colaboraron en la comisión de atrocidades. También incluyen la limitación de los poderes excepcionales de la fuerza pública y la reducción del presupuesto militar, que empiezan a perder justificación a medida que la amenaza de los actores armados disminuye. En el caso colombiano, estas reformas resultan fundamentales dada la capacidad de influencia y la ausencia de control que adquirió el ejército en el transcurso del conflicto, que facilitaron su relación con los paramilitares y la comisión directa de crímenes atroces.
Sin embargo, todas las propuestas actuales referidas a los militares apuntan en la dirección opuesta. El fuero penal les otorga el privilegio de sustraerse del control de la justicia ordinaria, lo cual dificulta que sean responsabilizados por los crímenes que han cometido contra civiles. La propuesta de que participen en política haría posible que utilizaran el poder que les da las armas para influir en los votos de las comunidades bajo su control e incluso para ser elegidos, sumando así el poder político al militar. La propuesta de mantener el impuesto al patrimonio implicaría que, aun después de la eventual desmovilización de las guerrillas, el ejército siguiera recibiendo las cuantiosas sumas con las cuales se ha convertido en uno de los ejércitos más poderosos del mundo en cuanto a recursos y nivel de profesionalización. Es razonable que esos recursos se mantengan mientras continúe el conflicto, pero una propuesta seria debería condicionar su continuidad a la desmovilización de todos los actores armados.
Hay quienes defienden el fortalecimiento del ejército con la idea de que debería recompensarse la labor de defensa de la ciudadanía que desarrolló al combatir a la guerrilla. Pero esto olvida que, en el postconflicto, los militares deberán jugar un rol muy distinto que el del combate, consistente en velar por la seguridad nacional y la vigencia de las instituciones. Para ese nuevo rol, es vital que estén sometidos a las leyes, y ello requiere restringir su poder. Limitar al ejército no significa restarle mérito a su labor de protección de la ciudadanía; significa dignificarlo, y prepararlo para el nuevo rol que cumplirá. Hoy, el ejército colombiano tiene una capacidad inusitada para influir en (e incluso poner en jaque a) las decisiones políticas. Si esa capacidad incrementa, es muy difícil que los militares respeten a futuro la democracia y el estado de derecho. Las experiencias militares del cono sur en la década del 70 son un doloroso ejemplo de ello.
*Candidata al doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Columbia, e investigadora asociada de Dejusticia.
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