Jefe paramilitar reveló que sus hombres arrojaron al afluente 800 víctimas

Reportaje

Tomada de ANNCOL

Por La Verdad Abierta

Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, reveló que sus hombres arrojaron al afluente cuerpos desenterrados en zona rural de Tarazá. Calculan que podrían ser 800 las víctimas.

   

Cientos de víctimas del Bloque Mineros fueron arrojadas al río Cauca, dice exjefe paramilitar.  

Las caudalosas aguas del río Cauca se llevaron buena parte de la verdad que aguardan pacientemente los familiares de las personas desaparecidas por integrantes del extinto Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Así lo dio a conocer recientemente el máximo jefe de esta estructura paramilitar, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, quien desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos le reveló a magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín cómo hombres bajo su mando, previa autorización suya, desenterraron los cuerpos inhumados en fosas comunes ubicadas en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, para ser arrojados al río Cauca.

“Nosotros teníamos un cementerio militar en (corregimiento) El Guáimaro y otro en Casaverde (sector de La Caucana) y estando en Santa Fe de Ralito, en las negociaciones con el Gobierno Nacional, me avisaron que iba a ir una comisión del CTI de la Fiscalía a exhumar unas fosas comunes que habían en la zona”, explicó el jefe paramilitar ante los magistrados de Justicia y Paz.  

Según alias ‘Cuco Vanoy’, dos de sus antiguos comandantes en la zona, Wilson Mejía Salgado, alias ‘Picapiedra’; y Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’, son los responsables de desaparecer nuevamente a quienes ya estaban desaparecidos. Ambos lugartenientes fueron capturados por la Policía en 2010 y 2012 respectivamente, señalados de ser los máximos jefes de la banda criminal ‘Los Paisas’, en esa región de Antioquia.

“Ellos se asustaron y entonces me mandaron la razón que si les daba autorización de tirarlos al río y yo les dije que sí. Después me informaron que desenterraron los cadáveres de Casaverde y los del (corregimiento) Guáimaro, al lado del basurero, cerquita de la clínica, que esa era otra parte donde se enterraban los cadáveres y que eso había sido muy duro, porque incluso habían personas casi en perfecto estado”, confesó el máximo comandante del Bloque Mineros.

De acuerdo con la confesión de Vanoy Murillo, fueron cerca de 120 los cuerpos exhumados y arrojados a las aguas del río Cauca. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia y Paz avanza en labores investigativas tendientes a confirmar otros desentierros ilegales de cadáveres llevados a cabo en zona rural del corregimiento La Caucana, los cuales acabaron en el caudaloso afluente. Los indicios del Ente Investigador apuntan a que hasta 800 cadáveres pueden haber desaparecido mediante esta práctica.

Lo que se preguntan tanto la Fiscalía de Justicia y Paz como la Sala de Justicia de Paz del Tribunal Superior de Medellín es ¿cuánto fueron entonces las víctimas de desaparición forzada que dejó este Bloque paramilitar, que operó en los municipios antioqueños de Valdivia, Tarazá, Caucasia, Cáceres, Briceño, Ituango y el municipio cordobés de San José de Uré? De otro lado, lo que inquieta a las familias de las víctimas es: ¿cuándo sabrán la verdad sobre el destino final de sus seres queridos?

Difícil tarea

En los registros de la Fiscalía de Justicia y Paz aparecen, a junio del presente año, un total de 7.136 víctimas del Bloque Mineros, de las cuales unas 1.200 son personas desaparecidas forzosamente. A la fecha, el Ente Acusador ha realizado 143 diligencias de exhumación en los municipios de Ituango, Tarazá, Campamento, Briceño, San José de Uré, Anorí, Amalfi y Zaragoza, en las cuales ya ha logrado identificar y entregar a sus familiares 56 restos mortales y faltan por reconocer 87 cadáveres.

No obstante ese esfuerzo institucional, aún no se ha llegado ni al 10 por ciento de la verdad de lo que pasó con los desaparecidos atribuidos al Bloque Mineros. Lo preocupante es que para avanzar en dicha labor, que sin duda les devolverá el sosiego a más de 1.000 familias de esta región de Antioquia, la Fiscalía deberá sortear varias dificultades.

Una de ellas tiene que ver con el anuncio hecho por el propio ‘Cuco Vanoy’ de no reconocer las acciones criminales cometidas por los frentes Barro Blanco y Anorí, tras señalar que estos eran autónomos, contaban con sus propios comandantes financieros y militares, pero se desmovilizaron en el Bloque Mineros por sugerencia del jefe paramilitar Vicente Castaño Gil.

De mantenerse en esa posición, estaría en riesgo el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para los familiares de las víctimas de desaparición forzada de municipios como Campamento, en el norte de Antioquia y donde tuvo injerencia el frente Barro Blanco. En esta localidad, la Fiscalía ha realizado 35 diligencias de exhumación, en las cuales ha hallado 35 cadáveres de los cuales 30 aún están sin identificar. Igual sucede en Anorí, donde se hallaron e identificaron seis cuerpos inhumados en varias fosas comunes ubicadas en zonas rurales de este municipio.

La otra gran dificultad que debe sortear el Ente Investigador tiene que ver con la delicada situación de orden público que vive la región del Bajo Cauca y en la cual son protagonistas varios ex lugartenientes de ‘Cuco Vanoy’.

En diferentes versiones rendidas ante la Fiscalía de Justicia y Paz, el extraditado jefe paramilitar ha señalado la existencia de fosas comunes en fincas que fueron utilizadas como bases por el Bloque Mineros, como lo son La Cagada, Ranchería y La Luna, así como en el basurero del corregimiento El Guáimaro y el sitio conocido como Milamores, en el corregimiento La Caucana.

“Yo sé que en La Cagada hay fosas comunes, pero no sé dónde, porque eso lo hacían los comandantes militares. Cuando yo estaba en Itagüí pues tenía comunicación con algunos comandantes, pero desde aquí (Estados Unidos) es muy difícil. Yo sé que algunos de los que saben dónde están las fosas están en las bandas criminales”, aseveró ‘Cuco Vanoy’.

Ejemplo de ello es el caso de Javier Antonio Soto Lazo, conocido con el alias de ‘Peruano’, quien luego de su desmovilización del Bloque Mineros colaboró activamente con la Subunidad de Exhumaciones de la Fiscalía, hasta el día en que ingresó a una de las facciones de las llamadas bandas criminales emergentes que operan en el Bajo Cauca. Igual aconteció con el desmovilizado conocido como ‘Navarrete’, quien tenía abundante información sobre la ubicación de fosas comunes, pero fue asesinado.

“Es una labor titánica, muy compleja la que nos toca”, señaló la Fiscal 15 de Justicia y Paz, encargada de la documentación del Bloque Mineros, al referirse a la difícil tarea de hallar la verdad sobre los desaparecidos que dejó esta estructura paramilitar y que, en este caso se puede afirmar sin ningún asomo de ironía, que fueron doblemente víctimas de desaparición forzada.