Análisis
Tomado de Cambio Total
Por Cecilia Orozco Tascón - El Espectador
A Iván Cepeda, quien tiene fuero de congresista como corresponde, y quien, además, está cubierto con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con orden para el Estado colombiano de cuidarlo a él y a su familia, le están montando un atentado menos obvio que el que termina con la muerte física: la liquidación por la vía judicial, hoy en manos de no muy buenos conductores.
En el ejercicio parlamentario y en su papel paralelo de defensor de derechos humanos, también legal, aunque la ultraderecha lo deslegitime, Cepeda ha visitado a paramilitares en prisión, quienes por su condena que no tienen nada que ganar o perder, salvo la vida, para escuchar historias de las que, según ellos, habrían sido partícipes y testigos. Que sean verdaderas o no, no es asunto que pueda resolver Cepeda o alguien en los medios o en la calle. Por eso, ante denuncias que involucran gravemente al expresidente Uribe y a su hermano Santiago en la presunta conformación de grupos armados ilegales cuyo fin sería el de proteger sus fincas de la guerrilla o de cualquier sospechoso de pertenecer a ella, puso las afirmaciones de los presos (a los cuales grabó en video para prevenir que le armaran un montaje tipo Tasmania como le ocurrió al exmagistrado Iván Velásquez, en conocimiento de las autoridades competentes hace un año.
El protocolo judicial exige recibir todas las denuncias. Otra cosa es que se les dé trámite. Así que la Fiscalía aceptó recibir las grabaciones de Cepeda pero que se sepa, nada ha sucedido.
No abunda, en este caso, eso que llaman “voluntad política” para que el proceso avance como tampoco la habrá para desarrollar una nueva denuncia sobre hechos similares en otras haciendas de los Uribe, revelados por Noticias Uno el domingo pasado en entrevista entregada en Santiago de Chile por el ordeñador de una finca aledaña a la de ellos. Los indicios dormirán por siempre en los anaqueles de la justicia y no importará que los mencionados sean responsables porque, en todo caso, no habrá consecuencia judicial, política o social que les llegue. De cualquier manera, se harán elegir.
Otro destino le espera al incómodo Iván Cepeda. Las contradenuncias, estratagema que utilizan los penalistas “sofisticados” cada vez que tienen un cliente complicado, le llegaron al representante: una, a la Corte Suprema. La otra, disciplinaria, a la sede en donde se atrinchera Alejandro Ordóñez, servidor de su ideología y religiones extremistas, a cuyos pies ha arrodillado la justicia. Escasos cuatro meses después de interpuesta la demanda en su despacho por supuesta extralimitación de funciones (con fines personales) y fraude procesal contra Cepeda, la Procuraduría anuncia apertura de la investigación contra él, saltándose la etapa de indagación preliminar la que debería haberle ofrecido aunque fuera para guardar las apariencias.
Cepeda no votó por Ordóñez la primera ni la segunda vez; representa al sector ideológico y político opuesto al de su juzgador disciplinario —y ni se diga el religioso—. Es cercano a Marcha Patriótica y es hijo del inmolado Manuel Cepeda a quien todavía después de que los asesinos le quitaron la vida, lo siguen odiando los amigos del procurador. ¿Qué destino creen que le espera al representante? Anticipo un juicio injusto: será destituido, inhabilitado y, si se pudiera, metido en un cepo, tal como le sucedió a Córdoba y a Alonso Salazar. La pregunta final es obvia: ¿Por qué, si se investiga y muy probablemente sanciona al denunciante, no se investiga y sanciona al denunciado?
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