Gobierno amenaza, obstaculiza y señala a las organizaciones sociales ante el Paro Nacional Agrario el 19 de agosto

Comunicado

Por Marcha Patriótica

El movimiento político y social Marcha Patriótica alertó, a través de un comunicado, sobre la grave situación en derechos humanos que enfrentan quienes se movilicen en las jornadas nacionales de protesta a partir del lunes 19 de agosto.

De acuerdo con su denuncia, el jueves 15 de agosto de 2013 los organizadores de las jornadas se reunieron con el Ministerio del Interior, la dirección de la Policía Nacional, la dirección de Seguridad Ciudadana, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, instándolos a generar un plan de prevención en derechos humanos para los manifestantes, frenar los señalamientos contra las organizaciones sociales, y velar por el cumplimiento de las funciones de órganos de control, solicitudes que fueron atendidas por las instituciones.

En contravía con lo acordado en la reunión, el viernes 16 de agosto el Ministerio del Interior emitió una circular en la que “da las herramientas a los alcaldes y gobernadores del país frente a cualquier alteración de orden público con miras al paro del próximo lunes 19 de agosto” [1] y además advierte que es preciso “coordinar con las autoridades de policía judicial la aplicación de la disposición contenida en la ley 1453 de 2011, Ley de Seguridad Ciudadana, artículo 353 literal a”.

En la mañana del viernes 16 de agosto fueron detenidos en la Gobernación de Cundinamarca, y privados de la libertad por cerca de una hora, varios líderes agrarios que radicaban el pliego departamental de peticiones.

Marcha Patriótica responsabiliza al presidente Juan Manuel Santos; al ministro del Interior Fernando Carrillo; y al director general de la Policía Rodolfo Palomino por las violaciones a los derechos humanos que se presenten contra los manifestantes por integrantes de las fuerzas regulares del Estado. Y exige el cese inmediato de todo tipo de agresiones, intimidaciones, hostigamientos y represiones a los ciudadanos colombianos que se movilizarán a partir del 19 de agosto.

“El reconocimiento de una sociedad naturalmente plural y diversa conlleva la aceptación de la diferencia, imperativa garantía para evitar recaer en regímenes autoritarios. En consecuencia, la criminalización de la protesta popular constituye un abuso de poder por parte del Establecimiento”, señala el comunicado.