Por Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y MOVICE
El Colectivo de Abogados ’José Alvear Restrepo’, junto con diversos ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos, algunas de las cuales hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, presentarán una demanda ante la Corte Constitucional contra la reforma introducida a la llamada ley de ’Justicia y Paz’.
La reforma a la ley de ’Justicia y Paz’ pretendía agilizar los procesos de justicia transicional con los postulados, particularmente de los grupos paramilitares, que negociaron beneficios penales con el anterior gobierno.
Sin embargo, esta reforma, en vez de limitarse a asuntos meramente procesales para agilizar los procesos, introdujo cambios sustantivos a la ley de ’Justicia y Paz’, desconociendo el espíritu que animó la expedición de la ley, pero además, desconociendo lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya había señalado sobre la adecuada interpretación y alcance de la ley de acuerdo con la Constitución Política y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
La reforma es un retroceso y desconocimiento en la garantía de los derechos de las personas víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. También desconoce las obligaciones del Estado colombiano en materia de investigación, judicialización y sanción de aquellos crímenes que no se encuentren dentro de los criterios de priorización que ha establecido la Fiscalía General de la Nación.
Por otra parte, la remisión que hace la ley de ’Justicia y Paz’ a la conocida como Ley de Víctimas -ley 1448 de 2011- representa una ausencia de protección a los derechos de las personas víctimas que no reúnan los requisitos establecidos por ésta última para acceder a sus derechos, al igual que limita la acción de la justicia, por cuanto la ley de víctimas privilegia las medias administrativas y no las judiciales.
Finalmente los demandantes consideran que la ampliación de la vigencia y alcance de la ley de ’Justicia y Paz’, al permitir nuevas postulaciones, en ciertos casos sin límite en el tiempo, desconoce la obligación del Estado de proteger a las y los ciudadanos, y que existan efectivamente garantías de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como que se privilegien los derechos de las personas víctimas sobre los privilegios que se conceden a los perpetradores de tales crímenes.
La demanda de inconstitucionalidad contra la reforma a la ley de ’Justicia y Paz’ se presenta 5 días después que se cumplieran ocho años de la entrada en vigencia de la ley que pretendía crear un mecanismo de justicia transicional principalmente con los grupos paramilitares.
Lamentablemente el balance de los resultados de la ley no son los más alentadores al tener únicamente dos sentencias en firme, lo cual representa una ausencia casi total de justicia, al igual que no ha representado para las víctimas la reparación integral del daño ocasionado por los crímenes cometidos por el paramilitarismo y, si bien se puede decir que hay una contribución a la verdad, esta ha sido parcial y no ha estado encaminada a descubrir quiénes se encuentran entre los máximos responsables del paramilitarismo en Colombia lo que incluye a empresarios, políticos de alto nivel, así como altos mandos militares.
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