Comunicado
Equipo jurídico Pueblos
El día de hoy, la comunidad de la vereda Pitalito se enteró de la orden emanada por el Alcalde de Chimichagua, AMAURI VILLARREAL TORDECILLA, en el sentido de desalojar a las familias retornadas el 21 de mayo de 2013, lo que significa que en cualquier momento la fuerza pública y la policía nacional procederán a cumplir la cuestionada orden proferida por el mandatario local.
La decisión recoge como suyos los argumentos expuestos por JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO para solicitar el lanzamiento y nada dice de aquellas expuestas por las familias víctimas. Valora exclusivamente las “pruebas” aportadas por el terrateniente palmicultor, mientras hace a un lado o deja de practicar las presentadas y solicitadas por la Comunidad.
La determinación del mandatario local pone en evidente riesgo a las familias de la Vereda Pitalito; desconoce el derecho que tienen las víctimas de desplazamiento forzado a retornar a sus tierras y la obligación correlativa de las autoridades de garantizar su bienestar y dignidad humana y brindar la atención necesaria para su supervivencia y seguridad.
De nuevo, igual que hace tres años, entes locales de Curumaní y Chimichagua voltean la espalda a las denuncias y solicitudes de las comunidades víctimas de despojo y acceden a las pretensiones de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO. Hace unos días denunciamos que en un acto sin precedente, el personero de Curumaní – MAURICIO RÍOS – desistió del trámite de protección de predios de la población desplazada iniciado ante el INCODER con base en los mismos argumentos que enrostra FERNANDEZ DE CASTRO. Por su parte, el personero de Chimichagua – CARLOS ALBERTO SERRANO – desde la primera diligencia realizada en el marco del proceso de lanzamiento expuso su postura abiertamente inclinada hacia los intereses y pretensiones del terrateniente. Ahora el alcalde Villarreal Tordecilla ordena el desalojo.
La resolución emanada del Despacho municipal, pone en entredicho la efectividad de la política de restitución de tierras de la que habla el Gobierno Nacional; dejando en evidencia que las comunidades despojadas de sus tierras no contarán con garantías reales para el retorno voluntario, mientras que las autoridades locales cierren los ojos a la grave problemática del desplazamiento y las múltiples tipologías de despojo que han afectado a la población campesina del país.
Para completar la cadena de coincidencias, las familias retornadas han sido informadas que los guajiros al servicio de FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO, se encuentran en la finca aledaña del palmicultor, esperando a que la comunidad sea desalojada para ingresar de nuevo a la tierra a “protegerla”; situación de concretarse deja en mayor vulnerabilidad a la comunidad, dados los antecedentes de agresión y tortura protagonizados por estos civiles armados, contra miembros de la comunidad.
Por el preocupante momento que vive la comunidad, hacemos un llamado de urgencia a la Comunidad nacional e internacional, a las organizaciones sociales y populares solidaridad a rodear a las familias retornadas; llamamos a seguirlos a acompañarlos y a exigir de las autoridades garantías para evitar su revictimización.
Julio 8 de 2013.
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
MOVIMIENTO DE TRABAJADOR@S Y CAMPESINO@S DEL CESAR
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
-ACADEHUM-
MOVICE
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