Análisis
Tomado de Agencia Fariana de noticias
Por Gabriel Ángel - FARC-EP
El Estado que conocemos hoy nos resulta una realidad abrumadora. Un poder organizado y casi omnímodo, que existe por fuera de la sociedad y se impone a ella misma, regulándola, dirigiéndola y controlándola. Se nos presenta como una estructura gigante, que cohesiona de manera funcional todos y cada uno de sus componentes, en desarrollo de una lógica irresistible edificada con el supuesto propósito de alcanzar el bienestar colectivo.
Gracias al materialismo histórico fue posible desentrañar la esencia de clase del Estado, su carácter de instrumento de dominación de unos hombres sobre otros, su esencia violenta y represiva. Y descubrir que su tipología moderna replica en el campo político los intereses de la clase capitalista que se hizo al poder con el advenimiento de la sociedad burguesa. El constitucionalismo liberal institucionalizó el poder del capital y legitimó su fuerza.
Lo cual no significó la desaparición de la inconformidad y las luchas de las clases sociales afectadas por las nuevas relaciones sociales. La revolución francesa, ejemplo clásico de la creación del Estado burgués, requirió del alzamiento multitudinario y armado de la inmensa mayoría de los desposeídos para derribar el viejo régimen feudal de la monarquía. Pero terminó siendo conducida por quienes depositaron el poder en una minoría de grandes propietarios.
Las guerras de independencia de las colonias americanas reafirmaron la misma constante. Sólo que aquí no fue precisamente una clase burguesa la que se hizo al poder, sino una clase de grandes propietarios de tierra, reforzada por los nuevos terratenientes surgidos de la guerra, generales y oficiales de los ejércitos libertadores, proclives al uso de las armas y convencidos de la posibilidad de arreglarlo todo por medio de la fuerza. Ellos crearon un Estado a su medida.
El devenir constitucional del Estado colombiano en particular está signado por las guerras civiles de los siglos XIX y XX. Alzamientos, triunfos y derrotas de un partido u otro culminaron siempre con el rediseño institucional del país. Incluso la violencia de los años cuarenta y cincuenta puede leerse como la reacción violenta del sector que terminó por imponer el Plebiscito de 1957, contra las fuerzas de avanzada que habían promulgado la reforma constitucional de 1936.
Cada vez que un partido o coalición logró estabilizar un orden constitucional sobre las aspiraciones de las fuerzas que en su momento resultaron vencidas, creyó llegada la ocasión de eternizar su modelo de Estado. Con ese fin fortaleció y profesionalizó sus mecanismosde sometimiento. Jueces y cárceles en un país de leguleyos como el nuestro, fuerzas policiales y de seguridad cada vez más especializadas y un creciente y mejor armado aparato castrense.
Es cierto que el país cuyas clases dominantes se empeñaban en insertar en la ola mundial del neoliberalismo, requería de una nueva institucionalidad que lo facilitara, pero ello no puede ocultar que la aspiración de rendir la insurgencia armada en una Asamblea Constituyente jugó su papel para haberla convocado simultáneamente con el bombardeo al campamento de las FARC en Casa Verde. Así la nueva Constitución sería el sello de una gran victoria militar. Que no se produjo.
Es fácil comprender entonces, a la luz del acontecer nacional, que el Estado no es el representante automático del interés general, sino el defensor de los privilegios de la casta económica y política detentadora de las mayores riquezas y ambiciones. Las guerras libradas en el territorio nacional, la sangre derramada, las vidas e historias familiares truncadas, no han sido otra cosa que el resultado de la voluntad de un sector privilegiado refractario a las fuerzas que abogan por cambios.
Cuando se capta esa idea fundamental, el Estado pierde su magia, deja de parecernos omnímodo e invencible, se nos revela como una creación humana que responde a intereses concretos de personas, familias y grupos. Ya no es el dispensador neutral de justicia y bienestar, sino más bien el genio que brota de la lámpara de la avaricia, para cumplir con los deseos egoístas de su amo, al precio que sea y pasando por encima de quienes tenga que aplastar.
De ese modo se materializa su carácter precario, puede ser cambiado, rediseñado sobre bases distintas. Con el inconveniente obvio de que por ser el depositario de la fuerza, de los enormes aparatos de represión, de las armas y los hombres encargados de usarlas, sus dueños exigen que cualquier modificación deba hacerse sobre los presupuestos contemplados en la institucionalidad. Institucionalidad concebida y tejida precisamente para impedir los cambios.
Y a la que se añade, como en el caso colombiano, el empleo de la violencia oficial en todas sus manifestaciones, las legales e ilegales, las jurídicas y las de hecho. En esas condiciones la existencia de la rebeldía, del alzamiento en armas, obedece a la única forma histórica que las clases dominantes en nuestro país han abierto a las transformaciones políticas. Los sectores marginados y excluidos del bienestar económico y político no tienen otro camino que levantarse.
Y en unas condiciones abismalmente inferiores. Casi con el sólo corazón. Insurgentes sin recursos económicos, sin preparación militar, obligados a separarse de sus familias para siempre, repudiados y calumniados por el gigantesco aparato de propaganda al servicio del poder. Guerrilleros, milicianos, estructuras conspirativas creadas con la mejor buena fe, resultan obligados por las circunstancias, a mezclarse en actividades que les repugnan.
Matar a otro ser humano, privarlo de su libertad, arrebatarle su propiedad, conductas consideradas impropias en tiempos normales, adquieren toda importancia cuando se trata de defender la propia vida o la sobrevivencia del grupo rebelde. Sus comportamientos no son ajenos a los realizados a diario por las fuerzas del Estado, sólo que los de estas suelen ser presentados como legítimos, necesarios y plausibles. También en esta materia la desventaja es enorme.
La violencia del Estado persigue la imposición de un orden que beneficia a los intereses de la minoría burguesa o latifundista que lo controla. En consecuencia, tiene como destinarios a los integrantes de la gran masa de desposeídos, la inmensa mayoría de la población. La violencia insurgente es la respuesta popular a la sempiterna agresión. Las dos son distintas en esencia, no pueden ser sopesadas con igual rasero. Desconocer tal realidad imposibilita cualquier acuerdo.
Abstraerse de ella sería tanto como pretender que David fuera condenado por haber usado una honda contra Goliat, en lugar de haberlo enfrentado con iguales armas con su cuerpo endeble. Resulta absurdo considerar equiparables los medios y acciones de un Estado apoyado por grandes potencias, con los de unas guerrillas auténticamente heroicas que persisten solitarias pese a la enormidad de la persecución sufrida. Valga la reflexión en esta hora de definiciones.
Montañas de Colombia, 22 de junio de 2013.
Tomado de Agencia Fariana de noticias
Por Gabriel Ángel - FARC-EP
El Estado que conocemos hoy nos resulta una realidad abrumadora. Un poder organizado y casi omnímodo, que existe por fuera de la sociedad y se impone a ella misma, regulándola, dirigiéndola y controlándola. Se nos presenta como una estructura gigante, que cohesiona de manera funcional todos y cada uno de sus componentes, en desarrollo de una lógica irresistible edificada con el supuesto propósito de alcanzar el bienestar colectivo.
Gracias al materialismo histórico fue posible desentrañar la esencia de clase del Estado, su carácter de instrumento de dominación de unos hombres sobre otros, su esencia violenta y represiva. Y descubrir que su tipología moderna replica en el campo político los intereses de la clase capitalista que se hizo al poder con el advenimiento de la sociedad burguesa. El constitucionalismo liberal institucionalizó el poder del capital y legitimó su fuerza.
Lo cual no significó la desaparición de la inconformidad y las luchas de las clases sociales afectadas por las nuevas relaciones sociales. La revolución francesa, ejemplo clásico de la creación del Estado burgués, requirió del alzamiento multitudinario y armado de la inmensa mayoría de los desposeídos para derribar el viejo régimen feudal de la monarquía. Pero terminó siendo conducida por quienes depositaron el poder en una minoría de grandes propietarios.
Las guerras de independencia de las colonias americanas reafirmaron la misma constante. Sólo que aquí no fue precisamente una clase burguesa la que se hizo al poder, sino una clase de grandes propietarios de tierra, reforzada por los nuevos terratenientes surgidos de la guerra, generales y oficiales de los ejércitos libertadores, proclives al uso de las armas y convencidos de la posibilidad de arreglarlo todo por medio de la fuerza. Ellos crearon un Estado a su medida.
El devenir constitucional del Estado colombiano en particular está signado por las guerras civiles de los siglos XIX y XX. Alzamientos, triunfos y derrotas de un partido u otro culminaron siempre con el rediseño institucional del país. Incluso la violencia de los años cuarenta y cincuenta puede leerse como la reacción violenta del sector que terminó por imponer el Plebiscito de 1957, contra las fuerzas de avanzada que habían promulgado la reforma constitucional de 1936.
Cada vez que un partido o coalición logró estabilizar un orden constitucional sobre las aspiraciones de las fuerzas que en su momento resultaron vencidas, creyó llegada la ocasión de eternizar su modelo de Estado. Con ese fin fortaleció y profesionalizó sus mecanismosde sometimiento. Jueces y cárceles en un país de leguleyos como el nuestro, fuerzas policiales y de seguridad cada vez más especializadas y un creciente y mejor armado aparato castrense.
Es cierto que el país cuyas clases dominantes se empeñaban en insertar en la ola mundial del neoliberalismo, requería de una nueva institucionalidad que lo facilitara, pero ello no puede ocultar que la aspiración de rendir la insurgencia armada en una Asamblea Constituyente jugó su papel para haberla convocado simultáneamente con el bombardeo al campamento de las FARC en Casa Verde. Así la nueva Constitución sería el sello de una gran victoria militar. Que no se produjo.
Es fácil comprender entonces, a la luz del acontecer nacional, que el Estado no es el representante automático del interés general, sino el defensor de los privilegios de la casta económica y política detentadora de las mayores riquezas y ambiciones. Las guerras libradas en el territorio nacional, la sangre derramada, las vidas e historias familiares truncadas, no han sido otra cosa que el resultado de la voluntad de un sector privilegiado refractario a las fuerzas que abogan por cambios.
Cuando se capta esa idea fundamental, el Estado pierde su magia, deja de parecernos omnímodo e invencible, se nos revela como una creación humana que responde a intereses concretos de personas, familias y grupos. Ya no es el dispensador neutral de justicia y bienestar, sino más bien el genio que brota de la lámpara de la avaricia, para cumplir con los deseos egoístas de su amo, al precio que sea y pasando por encima de quienes tenga que aplastar.
De ese modo se materializa su carácter precario, puede ser cambiado, rediseñado sobre bases distintas. Con el inconveniente obvio de que por ser el depositario de la fuerza, de los enormes aparatos de represión, de las armas y los hombres encargados de usarlas, sus dueños exigen que cualquier modificación deba hacerse sobre los presupuestos contemplados en la institucionalidad. Institucionalidad concebida y tejida precisamente para impedir los cambios.
Y a la que se añade, como en el caso colombiano, el empleo de la violencia oficial en todas sus manifestaciones, las legales e ilegales, las jurídicas y las de hecho. En esas condiciones la existencia de la rebeldía, del alzamiento en armas, obedece a la única forma histórica que las clases dominantes en nuestro país han abierto a las transformaciones políticas. Los sectores marginados y excluidos del bienestar económico y político no tienen otro camino que levantarse.
Y en unas condiciones abismalmente inferiores. Casi con el sólo corazón. Insurgentes sin recursos económicos, sin preparación militar, obligados a separarse de sus familias para siempre, repudiados y calumniados por el gigantesco aparato de propaganda al servicio del poder. Guerrilleros, milicianos, estructuras conspirativas creadas con la mejor buena fe, resultan obligados por las circunstancias, a mezclarse en actividades que les repugnan.
Matar a otro ser humano, privarlo de su libertad, arrebatarle su propiedad, conductas consideradas impropias en tiempos normales, adquieren toda importancia cuando se trata de defender la propia vida o la sobrevivencia del grupo rebelde. Sus comportamientos no son ajenos a los realizados a diario por las fuerzas del Estado, sólo que los de estas suelen ser presentados como legítimos, necesarios y plausibles. También en esta materia la desventaja es enorme.
La violencia del Estado persigue la imposición de un orden que beneficia a los intereses de la minoría burguesa o latifundista que lo controla. En consecuencia, tiene como destinarios a los integrantes de la gran masa de desposeídos, la inmensa mayoría de la población. La violencia insurgente es la respuesta popular a la sempiterna agresión. Las dos son distintas en esencia, no pueden ser sopesadas con igual rasero. Desconocer tal realidad imposibilita cualquier acuerdo.
Abstraerse de ella sería tanto como pretender que David fuera condenado por haber usado una honda contra Goliat, en lugar de haberlo enfrentado con iguales armas con su cuerpo endeble. Resulta absurdo considerar equiparables los medios y acciones de un Estado apoyado por grandes potencias, con los de unas guerrillas auténticamente heroicas que persisten solitarias pese a la enormidad de la persecución sufrida. Valga la reflexión en esta hora de definiciones.
Montañas de Colombia, 22 de junio de 2013.
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