Análisis
Por Telesur
La localidad colombiana de Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander (noreste) es una de las zonas más pobres del país con un 73 por ciento de población de escasos recursos y donde existen pocos servicios públicos e infraestructura, así como también la desigualdad social es muy amplia, informó este miércoles teleSUR.
Pese a los altos índices de pobreza en la región, el Catatumbo es una de las zonas con mayor concentración petrolera; sin embargo, las empresas petroleras nacionales y transnacionales han desalojado a los campesinos sin ofrecerles nada a cambio, reportó el canal de televisión internacional.
Ante esta situación, los campesinos de la localidad han expresado su rechazo y llevan 37 días de protestas, bloqueando calles y carreteras, para ser visibilizados por el gobierno a quien le exigen la declaración de una Zona de Reserva para proteger sus tierras y sus vidas.
Este miércoles, el congresista colombiano, Iván Cepeda, afirmó que el Ejecutivo debe dedicarse a ofrecer soluciones y no a estigmatizar las protestas en el Catatumbo.
Cepeda forma parte de la comisión de Derechos Humanos que arribó al departamento de Norte de Santander (noreste) para tratar de mediar en los diálogos entre los campesinos del Catatumbo y el Gobierno de Colombia
''O se asume el proceso de interlocución u otro tipo de política. No creemos conveniente que por un lado se envíen comisiones y, por el otro, se estén haciendo acusaciones”, sostuvo.
Mientras tanto, el Ejecutivo intenta hacer presión para que se desbloqueen las vías, pero los manifestantes han reiterado que no lo harán hasta llegar a un acuerdo sobre el pliego de peticiones que exigen entre las que se encuentra la declaración de una zona de reserva campesina.
Ese tema de la zona de reserva ha sido uno de los inamovibles del Gobierno en la mesa de interlocución, y la principal demanda de los campesinos, que piden esa declaración para evitar el avance del latifundio que se profundizó en esa región con el paramilitarismo.
Las zonas fueron establecidas en 1994 por la ley 160 como una figura de ordenamiento territorial con el fin de consolidar la supervivencia y la economía rural.
En el pliego de peticiones, los labriegos también insisten en un plan piloto para sustituir los cultivos ilícitos, la situación de los derechos humanos en la zona, subsidios para mitigar la crisis alimentarios y mejores condiciones de vida.
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