Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional
Comunicado
Por Delegación de Paz FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, julio 5 de 2013
1.4. Rediseño de los mecanismos de participación ciudadana
Con miras a garantizar una ampliación efectiva de los derechos políticos, los mecanismos de participación ciudadana, social y popular, existentes en el ordenamiento jurídico, tales como las iniciativas legislativas y normativas, el referendo, la consulta popular, la consulta para convocar a una asamblea constituyente, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el cabildo abierto serán rediseñados, superando toda normatividad restrictiva que impida el disfrute efectivo, real y material, del derecho político a participar. En particular, se trata de suprimir iniciativas en cabeza exclusiva del poder ejecutivo para posibilitar toda iniciativa social y popular; o de eliminar restricciones de puesta en marcha y trámite, incluidas las del poder legislativo; o de prescindir de las limitaciones a las materias objeto del respectivo mecanismo; o de ampliar los alcances del mecanismo en cuestión. La consulta para convocar una asamblea constituyente no deberá supeditarse a la expedición de una ley por parte del Congreso. Los mecanismos de participación popular deberán ser promovidos y financiados por el Estado. Se prohibirá la financiación privada.
1.5. Participación ciudadana y reforma a los procesos de descentralización
Considerando que los diseños institucionales en materia de descentralización han debilitado los propósitos de los procesos de descentralización, limitado la autonomía política, fiscal y administrativa de los entes territoriales, que no se ha desarrollado el mandato constitucional de un nuevo ordenamiento territorial y que se ha dado un reconocimiento insuficiente o no se ha dado reconocimiento efectivo, real y material, de diversas formas de producción social del territorio, en especial, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y que por esa razón, no se han generado las condiciones para la participación democrática de regiones, entes territoriales y territorios en los diferentes asuntos públicos que les atañen, se procederá a nuevos arreglos institucionales en las relaciones intergubernamentales, entre el Gobierno central y los entes territoriales, y entre éste las diversas formas de organización territorial, a fin de garantizar y fortalecer la más amplia participación ciudadana, social y popular, en lo referido a la democracia local, la distribución de competencias y la asignación de recursos, entre otros.
1.6. Participación ciudadana y rediseño del orden jurídico-económico
En atención a que los diseños del orden jurídico económico establecen formas de participación limitadas a la consulta sin carácter vinculante, como en caso de los planes de desarrollo, o simplemente no la reconocen, o se limitan a la participación a través de los mecanismos de la democracia representativa en el trámite y aprobación de normas en el Congreso, o a la intervención ciudadana en los procedimientos de control de constitucionalidad, se proveerán nuevos arreglos institucionales que garanticen la participación ciudadana, social y popular, con carácter decisorio, real y material, en los asuntos públicos de carácter económico, en especial de la política económica, la planeación y los presupuestos públicos.
1.7. Participación ciudadana y adecuación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a una situación de paz
Considerando que la posibilidad de un Acuerdo para la terminación del conflicto sienta las bases para transitar hacia una paz estable y duradera, con justicia social, y que los actuales diseños institucionales en materia de seguridad y defensa y de gasto público responden a las doctrinas de la “seguridad nacional” y la “guerra contrainsurgente”, propias de los tiempos de la “guerra fría”, se generarán las condiciones para realizar el más amplio debate nacional, con garantías de participación ciudadana, social y popular, acerca de la necesaria reconversión de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación, la protección de la soberanía nacional. El debate nacional que aquí se propone incluye la reasignación de recursos de presupuesto, en proporción equivalente a la reducción gradual y programada del gasto militar hasta alcanzar los niveles promedio de Nuestra América, para la financiación prioritaria de los derechos sociales de la población, en especial de la vivienda, el trabajo digno, la salud y la educación.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Por Delegación de Paz FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, julio 5 de 2013
Once propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política (Continuación):
1.4. Rediseño de los mecanismos de participación ciudadana
Con miras a garantizar una ampliación efectiva de los derechos políticos, los mecanismos de participación ciudadana, social y popular, existentes en el ordenamiento jurídico, tales como las iniciativas legislativas y normativas, el referendo, la consulta popular, la consulta para convocar a una asamblea constituyente, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el cabildo abierto serán rediseñados, superando toda normatividad restrictiva que impida el disfrute efectivo, real y material, del derecho político a participar. En particular, se trata de suprimir iniciativas en cabeza exclusiva del poder ejecutivo para posibilitar toda iniciativa social y popular; o de eliminar restricciones de puesta en marcha y trámite, incluidas las del poder legislativo; o de prescindir de las limitaciones a las materias objeto del respectivo mecanismo; o de ampliar los alcances del mecanismo en cuestión. La consulta para convocar una asamblea constituyente no deberá supeditarse a la expedición de una ley por parte del Congreso. Los mecanismos de participación popular deberán ser promovidos y financiados por el Estado. Se prohibirá la financiación privada.
1.5. Participación ciudadana y reforma a los procesos de descentralización
Considerando que los diseños institucionales en materia de descentralización han debilitado los propósitos de los procesos de descentralización, limitado la autonomía política, fiscal y administrativa de los entes territoriales, que no se ha desarrollado el mandato constitucional de un nuevo ordenamiento territorial y que se ha dado un reconocimiento insuficiente o no se ha dado reconocimiento efectivo, real y material, de diversas formas de producción social del territorio, en especial, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y que por esa razón, no se han generado las condiciones para la participación democrática de regiones, entes territoriales y territorios en los diferentes asuntos públicos que les atañen, se procederá a nuevos arreglos institucionales en las relaciones intergubernamentales, entre el Gobierno central y los entes territoriales, y entre éste las diversas formas de organización territorial, a fin de garantizar y fortalecer la más amplia participación ciudadana, social y popular, en lo referido a la democracia local, la distribución de competencias y la asignación de recursos, entre otros.
1.6. Participación ciudadana y rediseño del orden jurídico-económico
En atención a que los diseños del orden jurídico económico establecen formas de participación limitadas a la consulta sin carácter vinculante, como en caso de los planes de desarrollo, o simplemente no la reconocen, o se limitan a la participación a través de los mecanismos de la democracia representativa en el trámite y aprobación de normas en el Congreso, o a la intervención ciudadana en los procedimientos de control de constitucionalidad, se proveerán nuevos arreglos institucionales que garanticen la participación ciudadana, social y popular, con carácter decisorio, real y material, en los asuntos públicos de carácter económico, en especial de la política económica, la planeación y los presupuestos públicos.
1.7. Participación ciudadana y adecuación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a una situación de paz
Considerando que la posibilidad de un Acuerdo para la terminación del conflicto sienta las bases para transitar hacia una paz estable y duradera, con justicia social, y que los actuales diseños institucionales en materia de seguridad y defensa y de gasto público responden a las doctrinas de la “seguridad nacional” y la “guerra contrainsurgente”, propias de los tiempos de la “guerra fría”, se generarán las condiciones para realizar el más amplio debate nacional, con garantías de participación ciudadana, social y popular, acerca de la necesaria reconversión de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación, la protección de la soberanía nacional. El debate nacional que aquí se propone incluye la reasignación de recursos de presupuesto, en proporción equivalente a la reducción gradual y programada del gasto militar hasta alcanzar los niveles promedio de Nuestra América, para la financiación prioritaria de los derechos sociales de la población, en especial de la vivienda, el trabajo digno, la salud y la educación.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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