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En las goteras

Análisis
Tomado de ANNCOL
Por Alfredo Molano

Las zonas de reserva campesina —tan vilipendiadas por los militares, terratenientes y gamonales— surgen como una forma de resolver el problema de la tierra en regiones de colonización afectadas por la violencia. O, dicho de otra forma, de defender la propiedad privada campesina de la voracidad de los ganaderos.




El Estado adoptó esa figura con este objetivo al considerar que el despojo de tierras era una de las causas de la violencia. Y es que nadie puede negar la relación histórica entre la tierra y la guerra. Los colonos del sur de Meta habían invadido el Parque Natural de la Macarena porque ahí adentro podían trabajar sin miedo a que el negociante de tierras viniera a quitarles o a comprarles las mejoras. La razón era práctica: a ningún hacendado le interesa la tierra sin título. En cierta medida lo que el Estado buscaba era desactivar el conflicto armado y, al mismo tiempo, crear un cinturón protector de los parques nacionales para impedir su invasión. Al colono se le decía: “Sálgase del parque y trabaje en esos baldíos aledaños”. El colono respondía: “Nada saco porque en cinco años los terratenientes me sacan”. “No —reviraba el ministro de Agricultura, doctor José Antonio Ocampo–, no pueden sacarlo porque los ganaderos no pueden comprar mejoras ahí”. Con estos mismos argumentos, los colonos y campesinos están pidiendo que sus pequeñas propiedades, hechas a pulso, les sean respetadas y defendidas por la tan mentada institucionalidad. Traducción para los Pepes: los labriegos, como los llaman, quieren salirse de la guerra por la tierra y no meterse a los parques, ni a los resguardos, ni a los territorios negros, ni invadir las haciendas ni los predios urbanos. Bien vistas las cosas, las ZRC son una medida de ordenamiento territorial y además una ley para proteger la propiedad privada hecha a pulso, que “merece especial protección”.

Es la figura legal que están defendiendo los campesinos del Catatumbo y del Sumapaz. Petro, en las goteras de Bogotá, quiere que el Estado proteja el páramo de Sumapaz —la fábrica de agua más grande del país— y proteja al mismo tiempo al campesinado de la región, envuelto en el problema agrario desde los años 30. Al defender a los campesinos por medio de una ZRC se garantizaría comida barata y agua limpia para la capital. Uribe —que está deschavetado del todo— grita que esa zona de reserva sería una avanzada del terrorismo en Bogotá, y el ministro de Defensa —cada vez más parecido a Manolito, el personaje de Quino— les advierte al alcalde y a su secretario de Gobierno: “No se metan ahí porque les cortamos las manos; déjennos arreglar las demandas campesinas a nuestra manera: a bala; queremos otro Catatumbo al lado para que vean cómo nos ganamos la vida”. Las reacciones de Uribe y del ministro de Defensa frente a la idea de Petro son la muestra más evidente de que a esa figura legal se oponen las Fuerzas Militares. En la vida real, Uribe es la voz cantante de la fuerza pública, a la que le está negada por la Constitución ser deliberante. ¿Por qué a los generales no les gustan las ZRC? Porque ellas atentan contra su oficio, porque pueden ayudar a resolver el problema del orden público. ¿Por qué a los grandes ganaderos, con sabor a leche patria, no les gustan las ZRC? Porque les quitan de las manos unas tierras a las que les tienen echado el ojo. Más claro no canta un gallo. He defendido las ZRC desde su creación. Y me parece muy valiente Petro al meterse a pedirle al Gobierno que cumpla la Ley 160 del 94, que tiene tan preocupados a Pepe Lafaurie y a Fedegán, como tuvo preocupados la Ley 200 del 36 a Laureano Gómez y a la APEN. Ojalá a los de ahora no les vaya a dar por hacer lo mismo que hicieron los terratenientes en el Sumapaz, en el Tequendama y en el sur del Tolima en los años 40 y 50.

PUNTO Y COMA: Con la misma fuerza con que defiendo el derecho de los campesinos a su tierra, defiendo el derecho a ver los toros. La prohibición de las corridas que Petro decretó me parece tan arbitraria como el despojo de tierras, porque es también el despojo de un bien cultural al que tiene derecho un sector de la población, así sea una minoría.

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