Caucasia: escenario de la huelga minera

Análisis

Tomado de ANNCOL

Por Horacio Duque

Se completa una semana de la huelga de miles de mineros artesanales y el país conoce los detalles de las reivindicaciones de esta población marginal que sufre las consecuencias de la Locomotora Minera, eje del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del señor Juan Manuel Santos y del modelo extractivista depredador que nos impusieron las multinacionales y capitales financieros dominantes en la globalización neoliberal.

Caucasía, Amaga, Marmato, Suarez, Nechi, El Bagre, Irra, Quindío, Ubate, Zulia, Quibdo, Suta, Nemocon, Itsmina, Barranco de Loba, son puntos de la geografía colombiana en los que pequeños, medianos y artesanos mineros han conformado un subjetividad colectiva que demanda derechos y garantías para su existencia y la de sus familias. Es una subjetividad democrática, popular que se suma a la masiva irrupción de la multitud que cuestiona el régimen neoliberal imperante.

Caucasía, un municipio de Bajo Cauca Antioqueño, con cerca de 130 mil habitantes, epicentro de la región que conforman municipios como Nechi, Bagre, Zaragoza, Caceres y Taraza, ha sido el espacio de vibrantes manifestaciones y huelgas organizadas, lideradas y promovidas por Conalminercol. Esta en Antioquia, el primer Estado que expidió un Código minero desde la Colonia.

Como en todas las protestas y huelgas que ocurren por estos días, la respuesta del gobierno ha sido la represión, con bala y atropellos para los inconformes mineros que se han visto obligados a salir a reclamar la solución de sus más graves problemas sociales. Ya van más de 100 personas detenidas, judicializadas y torturadas por el ESMAD que se descarga con saña feroz sobre los humildes mineros de la región, los cuales no ceden ni sucumben al terror del oficialismo oligárquico.

En Caucasia el paro es total. El comercio cerró, la minería cesó y la ganadería esta paralizada. Hay bloqueo de vías y la demanda que se le hace al gobierno es que atienda el pliego planteado. Pliego que contiene los siguientes aspectos:

- La expedición de una legislación adecuada al pequeño minero tradicional;

- El control de los proyectos que adelanta Minerales Andinos de Occidente, filial de la Gran Colombia Gold, para la integración de áreas de los títulos ubicados en la zona alta del cerro El Burro y su áreas colindantes;

-Rechazo de los decretos expedidos por el Ministerio de Minas que afectan las labores de los mineros artesanales. Decretos como el 2235 que criminaliza los mineros sin título, como mineros ilegales y delincuentes, estigmatizándolos como miembros de las bandas criminales. El Decreto 0933 que rechaza la oportunidad de continuar los proceso de legalización para la minería de hecho después de haberla presentado una vez años atrás El 0934 que impide a los municipios y a los Concejos municipales ordenar en su territorio los usos del suelo, dejando en manos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Minerales el ordenamiento minero del país;

- Expedición de un Nuevo Código Minero en el que si incluya la minería artesanal, pequeña y mediana, que tradicionalmente han desarrollado los mineros nacionales. Código en el que se deben definir las características de cada una de las formas de explotación minera y diferenciarlas en sus aspectos técnicos, ambientales, tributarios, sociales y económicos;

- Desarrollar el artículo 107 de la ley 1450, creando una figura de carácter permanente, según la cual los mineros puedan seguir desarrollando sus actividades mecanizadas o no, de manera legal. De igual manera establecer que el Estado cese los operativos y el archivo de los procesos judiciales en contra de los mineros;

- Que el Estado indemnice de manera inmediata los perjudicados por los daños y perjuicios ocasionados por la destrucción de las maquinarias por parte de la fuerza policíaca;

- Respeto a los acuerdos de la OIT en relación con las comunidades afros e indígenas respecto del territorio, consulta previa, y prelación para las comunidades en el territorio; 

-Que a las comunidades negras e indígenas no se les cobre el canon superficiario,

- Subsidio y respaldo con crédito oportuno y barato para la legalización y asistencia técnica y seguridad social y salud para la pequeña y mediana minería;

- Reconocimiento legal de la minería de cúbicos, clavados o apiques;

- Congelamiento de la entrega de Títulos mineros y mantener la suspensión del otorgamiento de contratos de concesión a las multinacionales;

-Otorgamiento de las áreas libres a los mineros tradicionesla y liberación de las áreas entregadas mediante licencias que actualmente están vencidas y otorgadas en el Decreto 2655 de 1988; y

-Que se protejan los procesos de legalización que se radicaron hasta el 10 de mayo del 2013 y que se creen oficinas de atención para el pequeño y mediano minero en los epicentros mineros del país.

Son las justas reivindicaciones mineras que el señor Santos se niega a reconocer y que necesitan de la solidaridad de todo el pueblo colombiano. Misma que se sentirá con fuerza en el gran Paro agrario nacional que se inicia el 19 de agostos con epicentro en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo.

Paro agrario que avanza en su organización y despliegue en Nariño, Patia, Cauca, Arauca, Llanos, Urabá, Choco, Sucre, Eje Cafetero, Boyacá y Sur de Bolívar.