Consternación por el tratamiento que las autoridades nacionales han dado a las movilizaciones campesinas en la región del Catatumbo
Comunicado
Por Techo Común
Bogotá, junio 27 de 2013
Las Plataformas de Derechos Humanos, Paz y Democracia articuladas en el Techo Común (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos) manifestamos nuestra consternación por el tratamiento que las autoridades nacionales han dado a las movilizaciones de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en demanda de su reconocimiento legal como zona de reserva campesina y en protesta por las erradicaciones forzadas y sin alternativas sostenibles a los cultivos de uso ilícito.
Nos preocupa que el derecho legítimo a la protesta y movilización social sea descalificado con el repetido argumento de que son infiltradas por las guerrillas, con el propósito de deslegitimar los reclamos de la población y con esto justificar la represión violenta contra los manifestantes.
Durante los primeros años de este Gobierno, frente a las movilizaciones sociales prevaleció la voluntad de diálogo, preocupa hoy que, luego de la aprobación de las reformas constitucionales y legales al fuero militar y policial, se ha vuelto a la estigmatización, la represión, al uso desproporcionado de la fuerza, los abusos de autoridad, maltratos y la muerte violenta de manifestantes.
Los excesos del ESMAD, el empleo de unidades del Ejército Nacional y el uso de fusiles y armas de asalto contra los campesinos y, el ataque con disparos de fusil a una Misión Humanitaria de Verificación son violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que no permite definir a los civiles como “blanco legítimo” de las balas oficiales.
Los homicidios de los civiles Diomar Humberto Angarita, Hermides Palacios, Leonel Jácome y Edinson Franco, asesinados por efectivos del Ejército y la Policía, constituyen genuinas ejecuciones sumarias y arbitrarias de civiles que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas con prontitud y eficacia por la Justicia Ordinaria.
Por estas consideraciones, las Plataformas de Derechos Humanos y Paz exigimos al Gobierno Nacional que:
• Cesen las estigmatizaciones y señalamientos en contra de los manifestantes, y que por el contrario, se reconozca a las organizaciones campesinas y sus líderes como interlocutores válidos.
• Se habiliten escenarios de diálogo que permitan plantear salidas a las reclamaciones de las comunidades campesinas.
• Se priorice el dialogo en contraposición al uso indiscriminado de la fuerza contra las comunidades campesinas.
• La Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones judiciales correspondientes.
Expresamos nuestra profunda solidaridad a las organizaciones y a los familiares de los campesinos asesinados.
Una vez más hacemos un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional a que adopten las medidas necesarias para retirar del ordenamiento jurídico las normas de la Ley de Seguridad Ciudadana que criminalizan el derecho a la protesta social así como las normas de impunidad y de autorización del uso letal de la fuerza
contra los ciudadanos y ciudadanas contenidas en las recientes reformas constitucional y legal del fuero militar y policial.
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