Celda Colombia

Análisis

Por Alfredo Molano Bravo - El Espectador

Hace unos años escribí un libro con testimonios de presos en varias cárceles del país. No sólo nada ha cambiado, sino que todo ha empeorado. Los reos siguen pagándoles impuestos a los matones —incluidos muchos de los guardianes— por un lugar para dormir; comprándoles el turno para llamar por teléfono, para entrar a la enfermería, para ir al baño, para salir al patio. Siguen asesinando internos y seguramente como sucedió en la Modelo, cortando en pedacitos el cadáver y botándolo por la alcantarilla del penal.

Todo en la cana tiene precio y las ganancias de los negocios y negociados son compartidas entre capos y guardianes. Las cárceles son el reflejo más fiel de la realidad del país. Los grandes capos siguen delinquiendo extramuros. Lo más grave es, sin duda, que ese siniestro y negro mundo está amparado en una ilegalidad palpable: el hacinamiento. La Corte Constitucional ha emitido fallos para remediar este otro “estado de cosas inconstitucionales” y el Gobierno cumple en apariencia, redistribuye cargas y unos meses después vuelve a meter la misma cantidad de gente en el mismo sitio de donde salió. El actual defensor del Pueblo, cuando se permite dejar de examinar la nómina de la entidad, va y les echa una mirada a las cárceles para conceptuar muy quedamente: hay una emergencia.

A la opinión pública le han hecho creer que la cosa es porque “somos un país de cafres”, que se delinque por la cultura, por la raza, por el fenotipo, por la ruana. Cualquier imbecilidad es buena para salir del caso. Pero la cosa es otra si se mira que hay una violenta tensión entre los modelos de vida implantados por el consumismo y las posibilidades reales de que la gente pueda ser como le dicen que debe ser: tener una camioneta plateada, un apartamento con ascensor privado, ser miembro de un club, vestirse con ropa de marca, ir de vacaciones a Miami, pasearse de coctel en coctel, quitarse gordos y arrugas, invertir en Rubiales. Alcanzar esos valores supremos del consumismo no es posible sino acumulando dinero, salga de donde salga. El 99% de los colombianos no tienen la posibilidad de hacer compatibles los ideales consumistas con los ingresos alcanzables. Esa contradicción es la mama del ternero. La gente delinque porque todo lo empuja al consumo conspicuo sin tener los medios para coronarlo. El narcotráfico y la corrupción administrativa han sido dos de los modos de salir de la contradicción. También, claro está, el robo, el asesinato, la extorsión. Las cárceles están llenas de frustración, como es obvio, allí no hay ni una lejana posibilidad de resolverla. Por el contrario, se reproducen la diferencias: hay caspete, restaurante para los estratos 5 y 6, y evaristo para los 1 y 2; hay celdas para los primeros y pasillos para los segundos. Así todo. Y todo con la interesada complicidad de los guardianes. Ecuación que da: delincuentes administrados por delincuentes. Igual que afuera. Y más grave porque la función del penal es reeducar al delincuente.

La tendencia estadística es alarmante: hoy el hacinamiento carcelario es del 54%, mientras que en 2005 era apenas del 15%. Las políticas de seguridad y el estatuto anticorrupción están íntimamente asociados con este crecimiento. Por cada 3.500 nuevos internos, apenas salen 350. En las cárceles hay unos 120.000 reos y 8.000 guardianes activos.

El Estado ha ido privatizando los servicios carcelarios como alimentación, salud e incluso seguridad, porque la administración de los chips que les ponen a algunos de los que dejan salir a hacer “vueltas” son manejados por una empresa particular. Las constantes denuncias de los directores y altos empleados del Inpec parecen dirigidas a mostrar un caos tal, que sólo con la privatización total del servicio se resolvería la tragedia. De seguro ya están haciendo lobby las multinacionales de seguridad como podrían ser las conocidas Grupo GEO, Corrections Corporation of América, Serco, Magagement and Training Corporation, el Grupo 4 Securicor y Sodexho, etc. El modelo es conocido: primero corrompen las empresas públicas y luego las privatizan para que las compañías privadas se ganen lo que antes se repartían con los delincuentes.