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Tomado de El Tiempo
Unidad de la Fiscalía que priorizará casos de 'paras' y de la guerrilla asume caso de oficiales.
La nueva Unidad de Contexto, el grupo de fiscales encargados de llegar a los máximos responsables de las violaciones más graves contra los derechos humanos en el país, completa tres meses siguiendo cada paso en la carrera de tres generales del Ejército y uno de la Policía Nacional.
El caso es el de los ‘falsos positivos’, el asesinato de decenas de civiles a manos de miembros de la Fuerza Pública que los mostraron después como ilegales muertos en combate.
Cinco años después de que estalló ese escándalo, que en su momento llevó a la más grande purga militar en la historia del país, la Fiscalía busca determinar si las ejecuciones hicieron parte de una estrategia sistemática.
Basada en las confesiones de oficiales y suboficiales condenados ya por esos procesos y en las versiones de varios jefes paramilitares, la Unidad de Derechos Humanos compulsó copias a la Unidad delegada ante la Corte Suprema, que es la competente para investigar a los generales de la República. Hasta ahora, las investigaciones solo han llegado hasta el rango de coronel.
Por orden del fiscal Eduardo Montealegre –quien considera que la impunidad en los ‘falsos positivos’ puede dar pie para que la Corte Penal Internacional entre a Colombia–, la prioridad no es mirar casos aisladamente sino buscar posibles conexiones a lo largo del país.
Una de las hipótesis que pesan más para la Fiscalía es que, más allá de lograr medallas, permisos y recompensas con los ‘falsos positivos’, en varias regiones pudo haber un plan para “legalizar” como bajas de la Fuerza Pública asesinatos cometidos por los paramilitares.
“Estamos mirando las hojas de vida, determinando en cuáles zonas del país estuvieron y qué relación tuvieron con oficiales que han sido procesados (...). Ese cruce de datos ha arrojado algunas coincidencias que están siendo analizadas”, dijo una fuente del ente acusador. Aunque se investigan casos en todo el país, la Fiscalía se concentra en siete departamentos: Casanare, Antioquia, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Meta y Caquetá.
Uno de los nombres que llegaron a la Unidad de Contexto es el del excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe. El oficial ha sido mencionado por varios ‘exparas’, especialmente tras su paso por Medellín en la época de la controvertida Operación Orión.
Precisamente, otro de los oficiales cuya trayectoria está bajo lupa es el general de la Policía José Leonardo Gallego, quien era el comandante en la capital de Antioquia para la misma época, octubre del 2002.
Los otros dos nombres son de generales activos. Al general Jorge Arturo Salgado Restrepo, actual jefe de Planeación y Transformación del Ejército, le compulsaron copias por la muerte de dos personas en Antioquia en el 2006, y fue además superior en la Brigada XI (en Montería) del coronel Luis Fernando Borja.
Borja es el mismo oficial que aceptó ante la justicia su responsabilidad en 50 ‘falsos positivos’ y tiene en su contra tres condenas que suman más de 100 años de prisión. El general Salgado le dijo a EL TIEMPO que sobre el primer caso no hay ninguna investigación formal en su contra y que fue él quien pidió la baja del Borja cuando llegó a Montería en el 2008, tras realizar varias investigaciones disciplinarias sobre las operaciones del cuestionado coronel.
La lista la completa el general Henry William Torres Escalante, por la compulsa de copias que hizo un juzgado de Paz de Ariporo (Casanare) al condenar a 22 años de cárcel al teniente Marco Fabián García por el asesinato del campesino José Mendivelso.
A él lo obligaron a vestir un uniforme de Policía y a calzarse botas antes de ser asesinado y presentado como un supuesto guerrillero del Eln. En el proceso, uno de los militares que participaron en la operación dijo que su comandante, el ahora general, “sabía de todos los ‘falsos positivos’ ”. Torres, quien es el comandante de la Quinta División del Ejército, se abstuvo de referirse al caso.
Fiscalía no archiva caso
La Procuraduría pidió a la Fiscalía que en el caso del general Mario Montoya se aplicara una ley que establece que, pasados dos años de iniciadas las investigaciones, se debe proceder a imputar cargos o archivar los casos.
La Fiscalía respondió la semana pasada que aún no se ha cumplido ese plazo y que el ente acusador tiene tiempo para seguir investigando antes de tomar una decisión.
REDACCIÓN JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
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