Análisis
Tomado de http://www.revolucionobrera.com
En cabeza de los Santos se diseñó el edicto que Gaviria como Ministro de Salud, presenta a la manera de Reforma de la Salud. La deuda acumulada durante 10 años, principalmente de las EPS con la red de hospitales y clínicas es superior a los 4,5 billones, una deuda, que sumada a toda la corrupción mantiene en deplorables condiciones el servicio de salud para el pueblo y tiene al borde de la quiebra todas las instituciones de salud pública. Y es que este jugoso negocio ha llevado a que la mayoría de los recursos terminen en las inversiones nacionales e internacionales de las EPS. Los señores inversionistas de la salud se han lucrado de las desgracias del pueblo invirtiendo en clínicas privadas, lavanderías, colegios, empresas de transportes, textiles, complejos habitacionales, clubes campestres, cachas de golf y cadenas de comidas. Todo para ahora decir que se encuentran en quiebra mientras el pueblo muere por falta de atención, o por ausencia de derecho a los servicios de salud.
La contralora Sandra Morelli, parte del mismo Estado, en entrevista para el Heraldo de Barranquilla del 23 de marzo, salió a salvar su responsabilidad señalando lo inconveniente de la Reforma y recordándole a Gaviria que está investigando 700 casos de desvió de recursos de la UPC (Unidad Per Capita asignada a las EPS para la atención de sus afiliados en 1 año) donde claramente el dinero no se invirtió en salud pues los chupasangre de las EPS terminaron invirtiendo en sus varios negocios. Oficialmente se reconocen unos $8 billones de pesos desviados en Colombia, Chile, México y Ecuador (como cifra comparativa, el presupuesto del gobierno en salud para todo el 2013 es de 10,5 billones). Sólo a Saludcoop le investigan 1,4 billones de pesos y a Coomeva 600 mil millones, pero el sistema de salud se desangra por muchas puñaladas a la vez. En el Atlántico se calculan 350 mil millones de desfalco.
Con la Reforma a la Salud santista todos estos recursos de los trabajadores, que nunca llegaron a sus destinatarios terminan legalizándose a través de un borrón y cuenta nueva. Las EPS no tendrán que pagar sus deudas sino que acogiéndose a los planes, sus responsabilidades serán trasladadas al Estado; el cual con la excusa de proteger el patrimonio investigará y una vez reducida la deuda a una limosna, los hospitales y las clínicas verán esfumarse la única fuente de ingresos que podrían sacarlos de la bancarrota; y nuevamente estos delincuentes que se han lucrado con los dineros del pueblo, no sólo se les perdona su crimen, sino que se les premia con el pago de sus deudas, claro está luego de maquillarlas, para después permitirles continuar con su trafico miserable de la vida de las masas, pues ahora simplemente cambiarán de nombre para llamarse “Gestores de Salud”; como dice el refrán popular, el mismo perro pero con diferente sarna
Las EPS serán ahora llamadas Gestores de Salud y no manejarán recursos de primer nivel. Entregan ese negocio marginal y poco rentable dedicándose por completo la pulpa de los recursos de alta complejidad, los tratamientos más costosos, el negocio más lucrativo para estos mercaderes de la muerte. Seguirán cobrando por la atención de los enfermos de cáncer, SIDA, enfermedades crónicas e incapacitantes mientras cometen contra ellos las peores fechorías. Las filas de pacientes renales a espera de una diálisis, las torturas en los despachos de medicamentos, la agonía a la espera de un examen no acabarán… pero tendrán nuevo nombre ¡qué conveniente!
Los enfermos seguirán agonizando, pero ahora hasta el derecho a entutelar se les quitará. 100.000 tutelas por salud llegan desde 2010 a los tribunales, o sea cada 4 minutos aproximadamente. Y en lugar de resolver las tutelas con prontitud, se impedirá tutelar hasta que se agote el conducto regular a través de acciones de protección en salud; cosa que tampoco pasará porque antes que eso suceda, se habrá agotado la vida misma. No bastándoles con hambrear al pueblo lo tienen que hacer llorar de dolor, esa es la calaña de los señores de la muerte. Aprovechando el poder político de su Estado y sus fuerzas armadas, los opresores preparan la última puntilla para el ataúd de la salud de los trabajadores. Así, la nefasta Ley 100 de 1993, promulgada en el gobierno de César Gaviria, sigue campante matando al pueblo y llenando las arcas de los traficantes de la salud, mientras el gobierno se encarga de maquillarla con sus mentirosas reformas.
Para las masas, no hay otro camino que la lucha; los trabajadores conociendo la verdad, deben preparar sus filas para contener el golpe, hacer causa común entre usuarios, trabajadores de la salud y todo el pueblo en general y obligar con la movilización a hacer retroceder a la burguesía echando atrás la ley 100 y acabando con el jugoso negocio de la salud.
Tomado de http://www.revolucionobrera.com
En cabeza de los Santos se diseñó el edicto que Gaviria como Ministro de Salud, presenta a la manera de Reforma de la Salud. La deuda acumulada durante 10 años, principalmente de las EPS con la red de hospitales y clínicas es superior a los 4,5 billones, una deuda, que sumada a toda la corrupción mantiene en deplorables condiciones el servicio de salud para el pueblo y tiene al borde de la quiebra todas las instituciones de salud pública. Y es que este jugoso negocio ha llevado a que la mayoría de los recursos terminen en las inversiones nacionales e internacionales de las EPS. Los señores inversionistas de la salud se han lucrado de las desgracias del pueblo invirtiendo en clínicas privadas, lavanderías, colegios, empresas de transportes, textiles, complejos habitacionales, clubes campestres, cachas de golf y cadenas de comidas. Todo para ahora decir que se encuentran en quiebra mientras el pueblo muere por falta de atención, o por ausencia de derecho a los servicios de salud.
La contralora Sandra Morelli, parte del mismo Estado, en entrevista para el Heraldo de Barranquilla del 23 de marzo, salió a salvar su responsabilidad señalando lo inconveniente de la Reforma y recordándole a Gaviria que está investigando 700 casos de desvió de recursos de la UPC (Unidad Per Capita asignada a las EPS para la atención de sus afiliados en 1 año) donde claramente el dinero no se invirtió en salud pues los chupasangre de las EPS terminaron invirtiendo en sus varios negocios. Oficialmente se reconocen unos $8 billones de pesos desviados en Colombia, Chile, México y Ecuador (como cifra comparativa, el presupuesto del gobierno en salud para todo el 2013 es de 10,5 billones). Sólo a Saludcoop le investigan 1,4 billones de pesos y a Coomeva 600 mil millones, pero el sistema de salud se desangra por muchas puñaladas a la vez. En el Atlántico se calculan 350 mil millones de desfalco.
Con la Reforma a la Salud santista todos estos recursos de los trabajadores, que nunca llegaron a sus destinatarios terminan legalizándose a través de un borrón y cuenta nueva. Las EPS no tendrán que pagar sus deudas sino que acogiéndose a los planes, sus responsabilidades serán trasladadas al Estado; el cual con la excusa de proteger el patrimonio investigará y una vez reducida la deuda a una limosna, los hospitales y las clínicas verán esfumarse la única fuente de ingresos que podrían sacarlos de la bancarrota; y nuevamente estos delincuentes que se han lucrado con los dineros del pueblo, no sólo se les perdona su crimen, sino que se les premia con el pago de sus deudas, claro está luego de maquillarlas, para después permitirles continuar con su trafico miserable de la vida de las masas, pues ahora simplemente cambiarán de nombre para llamarse “Gestores de Salud”; como dice el refrán popular, el mismo perro pero con diferente sarna
Las EPS serán ahora llamadas Gestores de Salud y no manejarán recursos de primer nivel. Entregan ese negocio marginal y poco rentable dedicándose por completo la pulpa de los recursos de alta complejidad, los tratamientos más costosos, el negocio más lucrativo para estos mercaderes de la muerte. Seguirán cobrando por la atención de los enfermos de cáncer, SIDA, enfermedades crónicas e incapacitantes mientras cometen contra ellos las peores fechorías. Las filas de pacientes renales a espera de una diálisis, las torturas en los despachos de medicamentos, la agonía a la espera de un examen no acabarán… pero tendrán nuevo nombre ¡qué conveniente!
Los enfermos seguirán agonizando, pero ahora hasta el derecho a entutelar se les quitará. 100.000 tutelas por salud llegan desde 2010 a los tribunales, o sea cada 4 minutos aproximadamente. Y en lugar de resolver las tutelas con prontitud, se impedirá tutelar hasta que se agote el conducto regular a través de acciones de protección en salud; cosa que tampoco pasará porque antes que eso suceda, se habrá agotado la vida misma. No bastándoles con hambrear al pueblo lo tienen que hacer llorar de dolor, esa es la calaña de los señores de la muerte. Aprovechando el poder político de su Estado y sus fuerzas armadas, los opresores preparan la última puntilla para el ataúd de la salud de los trabajadores. Así, la nefasta Ley 100 de 1993, promulgada en el gobierno de César Gaviria, sigue campante matando al pueblo y llenando las arcas de los traficantes de la salud, mientras el gobierno se encarga de maquillarla con sus mentirosas reformas.
Para las masas, no hay otro camino que la lucha; los trabajadores conociendo la verdad, deben preparar sus filas para contener el golpe, hacer causa común entre usuarios, trabajadores de la salud y todo el pueblo en general y obligar con la movilización a hacer retroceder a la burguesía echando atrás la ley 100 y acabando con el jugoso negocio de la salud.
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