Análisis
Tomado de http://www.ciudadccs.info/
Por Ronald Muñoz
La memoria del pueblo neogranadino no recuerda un período prolongado de paz desde la época de la colonia, etapa en la que el futuro pueblo colombiano se encontraba bajo el opresor yugo de la monarquía española –si es que se le puede llamar paz a vivir bajo el dominio de un imperio invasor–. La guerra de independencia comenzó en 1810 y culmina en 1822 con la rendición de las fuerzas realistas.
A partir de la independencia sobrevendrá un período de sucesivas guerras civiles entre los años 1840 y 1902 aproximadamente que sumergirá al país en la desolación. En este lapso se enmarca otra era llena de violencia conocida como “La Guerra de los Mil Días”, confrontación que tendrá como bandos opuestos a los liberales frente a los conservadores.
Además de los conflictos internos en 1902 Colombia es invadida por el ejército de los Estados Unidos, específicamente en el departamento de Panamá, que gracias a los gringos pasaría a ser un nuevo país, todo con el objetivo de construir y controlar lo que hoy es el canal que comunica el océano Pacífico con el Atlántico.
Posteriormente los conservadores controlarán el poder por más de 40 años, desatando olas de persecución contra los liberales y la izquierda. Los liberales tomarán las riendas del Estado en el período comprendido entre 1930 y 1946, año en el que los conservadores retoman el mando bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez.
En todos estos ciclos de violencia política, guerra y devastación, el gran perdedor siempre fue el pueblo colombiano, en especial el campesinado principal receptor de las miserables políticas de la clase terrateniente, clase por lo general vinculada al partido conservador.
En 1948 el pueblo neogranadino parece encontrar su rumbo con la evidente victoria de Jorge Eliécer Gaitán en los comicios presidenciales, lamentablemente para el pueblo, la oligarquía, la clase terrateniente y los conservadores tenían otros planes para Colombia y Jorge Eliécer Gaitán es asesinado el 9 de abril, suceso que provoca el levantamiento popular en especial de los sectores más desposeídos; estos sucesos son conocidos bajo el nombre de el Bogotazo. La actuación represiva del gobierno no se hace esperar dando inicio a una nueva etapa de terror conocido como “la violencia”.
El Partido Comunista de Colombia, junto a otras organizaciones de izquierda y grupos liberales asumen su papel del lado del pueblo, enfrentado la represión genocida del Estado y promoviendo la organización de los sectores populares, en especial del campesinado. Entre 1952 y 53 los liberales pactan con el gobierno del dictador Rojas Pinilla y se retiran de la insurgencia armada, dejando la lucha en manos del PCC y el campesinado organizado. Los niveles de organización del campesinado en algunos lugares de Colombia llegan a tal grado que el gobierno les califica como “repúblicas independientes” a fin de justificar mayores niveles de represión contra ellos. Estas “repúblicas independientes” eran comunas de campesinos con altos niveles de organización que incluía una administración propia. En 1964 el presidente conservador León Valencia decide poner fin a las “repúblicas independientes” y envía alrededor de 16 mil soldados junto a la fuerza aérea. Entre las más conocidas de estas “repúblicas” o comunas de campesinos podemos nombrar a Sumapaz, Río Chiquito, El Pato y Marquetalia, esta última liderizada por un joven dirigente campesino –nieto de un veterano de la guerra de los mil días y sobrino de un dirigente liberal durante la mascare conservadora al pueblo de Ceilán– su nombre era Pedro Antonio Marín, mejor conocido actualmente en el mundo como: Manuel Marulanda Vélez.
Fueron decenas de miles los campesinos fallecidos durante esta nueva arremetida del gobierno. Como consecuencia de esta nueva ola represiva al menos tres organizaciones insurgentes aparecen en la escena: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y Ejército Popular de Liberación.
En 1985 se funda la Unión Patriótica, partido político fundado en buena parte por miembros de las FARC-EP y del Partido Comunista. Esta organización intenta lograr los objetivos planteados por la insurgencia pero desvinculándose del carácter armado de su lucha. A través de la Unión Patriótica un importante número de efectivos de las FARC abandonan la lucha armada y se dedican a la vida pacífica. En los comicios de 1986 la Unión Patriótica obtiene: 5 escaños en el Senado, 9 en la Cámara de Representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. El resultado inmediato es el asesinato sistemático de la dirigencia de la UP a manos de grupos paramilitares al servicio de la narco-oligarquía –en muchos casos con colaboración de las fuerzas adscritas al gobierno–. Miles de militantes de la UP mueren asesinados, entre ellos el senador Pedro Luis Valencia, el alcalde Alejandro Cárdenas Villa y el candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa en 1990. El Estado colombiano siempre se lavó las manos ante tales sucesos, jamás se condenó a los autores intelectuales, ni aun con pruebas o testimonios en la mano.
Luego vino la criminalización mediática de las legítimas luchas del pueblo: primero implantando la matriz de opinión de que la guerrilla controlaba el negocio del narcotráfico y más adelante, llegando a calificarles de “terroristas”.
La realidad es que, del negocio de la producción y distribución de droga, sólo el 2% se queda en manos de los productores y transportadores. El 13% es distribuido entre la oligarquía colombiana, la cual reinvierte este capital en el financiamiento de las campañas presidenciales y en la dotación de grupos paramilitares. Y el 85% de las ganancias tiene como destino los más grandes bancos transnacionales de Europa y los Estados Unidos. El negocio del narcotráfico es el tercer negocio más lucrativo del mundo después del petróleo y la venta de armas. Si las FARC realmente controlaran un negocio de tal magnitud, hace mucho tiempo hubiesen ganado la guerra porque el tipo de armamento que podrían adquirir en los mercados internacionales sería infinitamente superior en cantidad y calidad al que actualmente portan.
Tampoco puede olvidarse las miles de toneladas de droga que diariamente ingresan a EE.UU. para sostener el consumo de millones en esa nación. ¿Cómo es que no detectan a los gigantescos buques que transportan la droga, pero son capaces de detectar a un mexicano cruzando la frontera?
Hoy, después de siglos de violencia en suelo neogranadino, se abre la puerta para un posible fin de la guerra. Pero la paz tendrá que sortear la amenaza de mezquinos intereses para quienes la paz no resulta conveniente: los intereses económicos trasnacionales que es realmente lo que controla el negocio del narcotráfico, el gobierno de EE.UU. –brazo armado del gran capital y portador de la industria bélica más grande de todos los tiempos– además, un importante sector de la oligarquía colombiana que durante décadas se ha beneficiado de esta ilícita industria, y finalmente los paramilitares, guardaespaldas a sueldo de los más criminales terratenientes y narcoempresarios. Si se termina la guerra ya no habrá guerrilla a la cual señalar como responsable del narcotráfico, lo que implicaría el fin de la producción y distribución de droga desde Colombia, confiamos en que la voluntad del pueblo pueda más que las garras de los asesinos de siempre.
El autor es escritor y reportero del Sistema Nacional de Medios Públicos.
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