SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD III: SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

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Colombia Soberana invita a participar en el nuevo tema propuesto por las FARC-EP a través del Foro permanente 

Los integrantes de la Delegación de Paz de las FARC-EP, hacemos otro breve aporte para el esclarecimiento y definiciones sobre el tema de seguridad y soberanía alimentaria, agregando a nuestros planteamientos generales expuestos en documentos antes publicados, algunas reflexiones surgidas desde personalidades y organizaciones de muy diversa índole, muchas de las cuales participaron en el foro “Política de Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial)”, que tuvo lugar en Bogotá el 17, 18 y 19 de diciembre 2012.

Los conceptos seguridad y soberanía alimentarias, están íntimamente ligados, en una relación simbiotica que implica que sin soberanía alimentaria no puede haber verdadera seguridad alimentaria, y viceversa. Paradójicamente, podemos decir  que tal aseveración  queda explicada en palabras, por ejemplo, como las del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush Jr. quien con hechos colonialistas tantas veces negó como gobernante, la posibilidad de la soberanía a las naciones de la América Nuestra :

“Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su nación? Sería una nación expuesta a presiones internacionales, una nación vulnerable y por eso cuando hablamos de agricultura, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”.

Estados Unidos tienen muy claro el panorama; si la agricultura de cualquier país no da abasto para alimentar a su población, ese país se vuelve vulnerable, se expone a presiones externas y, por lo tanto, fácilmente pierde su soberanía. El país que Bush nos invita a imaginar, ese país que no fuera capaz de cultivar comida suficiente para alimentar a su nación, y que por lo tanto careciera de seguridad nacional, podría tener muchos nombres. Uno de ellos es Colombia. 

La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Colombia, dice: “Abogamos por la soberanía alimentaria como derecho fundamental de los pueblos, lo que nos permite afianzar nuestra autonomía en medio de un mundo globalizado”

Leamos qué análisis hace al respecto el movimiento social y político Marcha Patriótica: “La apertura económica implementada por el gobierno de CESAR GAVIRIA en· los años noventa, dio una puntada, casi definitiva a lo que sería a futuro la destrucción de nuestra económica campesina y la soberanía alimentaria. La importación masiva e indiscriminada de alimentos y materias primas de origen agropecuario que pasó de quinientas mil toneladas en los años noventa a cerca de diez millones de toneladas en la actualidad, es apenas la antesala de la crisis que vendrá,  como resultado de la implementación de los tratados de libre comercio TLC. La agricultura por contrato y las alianzas estratégicas, fueron y han sido los mecanismos económicos e ideológicos mediante los cuales el gobierno ha querido convencer a los pequeños productores de las bondades del libre mercado. Bondades, que solo les traen beneficios a los grandes productores y a los propietarios de los eslabones de transformación y comercialización en la cadena productiva.”(Subrayado nuestro)

La Mesa Nacional de Unidad Agraria, ha expresado: “Como lo estableció el mandato nacional agrario realizado en el año 2003, el campo colombiano requiere de profundas trasformaciones sociales, económicas y políticas a través de la puesta en ejecución de políticas públicas y del fortalecimiento de la institucionalidad del sector agropecuario y de apoyo a la economía campesina especialmente, garantizando y haciendo extensivos los derechos fundamentales como la vida, libertades democráticas, de organización y un profundo respeto por los derechos humanos, siendo la soberanía alimentaria y la autonomía alimentaria uno de los elementos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación del pueblo colombiano, por ello es necesario que el estado proteja como un derecho fundamental de los colombianos la producción de alimentos sacando la agricultura de todo tratado de libre comercio que signifique competencia desleal y ventajas a las grandes transnacionales que trafican con el derecho a la alimentación”.

MUCAPOC, Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente colombiano, escribe: “Proteger el medio ambiente y los recursos naturales desde una visión que defienda la soberanía nacional y popular, reconociendo el papel del campesinado para tal efecto.

Que se vaya disminuyendo paulatinamente la importación de alimentos a medida que se va aumentando la producción nacional e interna de alimentos, para garantizar el autoabastecimiento alimentario.” 

Muchas organizaciones coinciden en que la alimentación es un derecho del pueblo colombiano. Pensamos que ese derecho – como primer paso- debería estar consagrado en la Constitución, como se puede leer en la primera propuesta de las Diez propuestas mínimas para garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir de la población, presentadas por las FARC-EP: 1. Constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria y definición del derecho a la alimentación como un derecho fundamental. Hablamos de cualificar el artículo 65 de la Constitución del 91, pero también de su definición como parte esencial de los Derechos Fundamentales. CODHES, al respecto, afirma:  “Es necesario considerar dentro de los alcances del concepto de función social de la propiedad (Art 58 Constitución Nacional) la aplicación de instrumentos que limiten el dominio sobre propiedades cuyos usos no correspondan a prioridades nacionales como (Artículos 65 Constitución Nacional): a) asegurar la oferta de bienes básicos necesaria para garantizar la soberanía alimentaria entendida como producción  autónoma de alimentos, sostenible, local y culturalmente apropiada.(…)”

Además, como se puede ver, hay coincidencia en el tema de los TLC. Por lo tanto, en la propuesta 7,Protecciones especiales a la producción y la comercialización de alimentos, decimos: c) (Protección frente a) La importación de alimentos y, en general, las normas impuestas en los tratados de libre comercio. 

Otra anotación recurrente de las organizaciones sociales es el hecho de que en Colombia, país con una gran capacidad para producir alimentos, se estén importando diez millones de toneladas de alimentos, pudiéndoselas generar en nuestro propio territorio. Por ello, como FARC-EP proponemos: 5. Estímulo a la producción campesina de alimentos, así como a las economías de las comunidades indígenas y afrodescendientes. 

ANZORC, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, hace unas propuestas amplias e interesantes en cuanto al tema: “El país debe tener una política de soberanía alimentaria y no solo de seguridad alimentaria. El primer objetivo de la producción agraria debe ser la satisfacción de las necesidades alimentarias del país con la calidad, suficiencia y pertinencia de los alimentos.

Se debe diseñar una política alimentaria que contemple la superación de los altos niveles de desnutrición y malnutrición, dando prioridad a la plena nutrición de niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores

Los precios de los alimentos deben ser regulados de manera que no afecten el acceso a los alimentos para la totalidad de la nación.

Se deben proteger las semillas nativas y propender por su cultivo, preservando la cultura alimentaria.”

La propuesta de ANZORC habla de los altos niveles de desnutrición y malnutrición; es de tener en cuenta que en Colombia anualmente se mueren 5000 niños por desnutrición. En algunas zonas del país, como La Guajira, la desnutrición infantil es de por lo menos el 40%. Cifras que deberían alarmarnos a todos. Los grandes medios de comunicación enfatizan diariamente en los muertos de los enfrentamientos militares, mientras que poco se habla de la tremenda cantidad de asesinados por el neoliberalismo a causa de la desnutrición.

En sus propuestas, las FARC-EP, apuntan: 2. Erradicación del hambre y la desnutrición provocadas por la desigualdad y la pobreza. Y en consonancia con propuestas como las de ANZORC  y otras organizaciones agrarias, se propone proteger las semillas nativas para preservar la cultura alimentaria.

En el mismo sentido se han escuchado propuestas de orden nacional que fueron recogidas por la  Relatoría de la Mesa de Base 3: “Formular una política pública encaminada a garantizar la soberanía alimentaria y a detener la utilización de productos transgénicos. Una acción inmediata de esta política es conservar y respetar las semillas ancestrales, los usos y costumbres que las comunidades le dan y promover la medicina tradicional que se apoya en estos saberes ancestrales. Por ello urge la protección del conocimiento tradicional en su integralidad.” 

Sobre el tema de semillas transgénicas hay una propuesta muy detallada de parte del Grupo Semillas:

“En Colombia en los últimos años, al igual que en muchos países del mundo, los cambios normativos sobre semillas permiten la privatización de la biodiversidad, mediante patentes; y la adopción de sistemas de certificación obligatoria de semillas y normas de bioseguridad que facilitan comercio de semillas transgénicas. Estas normas desconocen los derechos patrimoniales de la nación sobre estos recursos y los derechos colectivos de los pueblos sobre la biodiversidad.  Algunas de sus propuestas en cuanto a este tema:

-  Es fundamental que las políticas públicas sobre biodiversidad y soberanía alimentarias, estén orientadas a proteger la soberanía nacional sobre la biodiversidad y debe declarar estos recursos como bienes públicos y patrimonio de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y afrocolombianas, al servicio de la humanidad, libres de todas las formas de propiedad intelectual.

-   Las políticas gubernamentales deben favorecer los sistemas vivos de semillas, que estén bajo el control de las comunidades locales. El gobierno debe apoyar y fortalecer la producción agroecológica y tradicional, basada en el uso, manejo y control de la biodiversidad y de las semillas criollas. Hoy día, más que nunca, es importante mantener las semillas propias y todos los sistemas colectivos que permiten que las semillas se mantengan libres y caminando libres de patentes y de control estatal y corporativo, que criminalicen y judicialicen el uso, conservación, intercambio y comercialización de semillas en todo el territorio nacional.

-  Colombia debe excluir la aplicación de todas las formas de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y de las semillas, de las Decisiones Andinas 486 (propiedad industrial), 345 (protección de los DOV) y 391 (sobre accesos a los recursos genéticos).

-  Igualmente el gobierno debe derogar el documento CONPES 3697/11, que promueve el desarrollo de la biotecnología, porque permite y promueve la biopiratería. Por el contrario, el gobierno debe adoptar medidas jurídicas que permitan controlar y penalizar la biopiratería que se realiza en los territorios de las comunidades rurales en el país.

-  En concordancia con la derogatoria de la ley de UPOV 91 por de la Corte Constitucional, el gobierno debe derogar el artículo 4 la ley 1032, que penaliza el uso de las semillas y la resolución 970 de ICS, también criminaliza el uso de las semillas.

Igualmente se debe derogar el Decreto 4525 de 2006 sobre bioseguridad, porque ha sido el instrumento para liberar comercialmente los cultivos y alimentos transgénicos, sin los debidos controles de bioseguridad. También se deben anular las autorizaciones para la siembra comercial de maíz y algodón transgénico, por los impactos ambientales, socioeconómicos y en la soberanía alimentaria nacional.”

Queda claro que este asunto trascendental de las semillas se enmarca dentro del tema de la bioseguridad y las patentes, que son los ejemplos más palpables de la falta de soberanía alimentaria que existe en Colombia, pero que a su vez se relacionan con otros temas no menos trascendentales. Veamos:   

El MODEP, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo: “Es esta nueva condición mundial la que está llevando a que se produzca la concentración y monopolización mundial de la producción y distribución de todo los aspectos de la cadena agropecuaria, en la maquinaria agrícola, tractores, segadoras, trilladoras controladas por el monopolio norteamericano John Deere, el comercio fertilizantes, fitosanitarios y relacionados con semillas; y la biotecnología controlada por grupos monopólicos como Monsanto, Bayer, Chemical Do, Dupont, Singenta y BASF.” 

En su Séptima Propuesta, numeral b), las FARC-EP proponen medidas de protección especial frente a: La imposición de paquetes tecnológicos y de patrones de consumo por parte de las corporaciones transnacionales de la alimentación, incluidas las patentes sobre semillas, razas de animales y genes. Igualmente, la imposición de sistemas de certificación fitosanitaria, de trazabilidad y de garantía de salubridad que favorecen a dichas corporaciones.

Hemos mencionado algunas pocas de nuestras Diez propuestas mínimas para garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir de la población. Dejando en claro que nuestro propósito en este artículo no es repetir nuestras propuestas, sino las de la población rural. Nos limitamos a hacer un breve esbozo de estas, que se pueden encontrar en esta misma página y de paso evidenciamos que nuestras iniciativas están surgiendo tejidas con las fibras selectas de los anhelos populares.

Las propuestas aquí presentadas son solo una muestra pequeña de la gran cantidad de ellas que nos hablan de la preocupación generalizada que existe sobre el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. Es obvio que de ahí se desprenden, o están relacionados, muchos otros asuntos que tienen que ver con la soberanía en general: el tema minero-energético por ejemplo, del que ya hablamos en otros artículos y propuestas, pero sobre el que sin duda seguiremos haciendo referencia y desarrollo. Y como todos los caminos conducen al Huila, llegamos otra vez al nudo gordiano: para solucionar el problema agrario en Colombia, necesariamente hay que hacer una revisión rigurosa del sistema económico que se está aplicando: El neoliberalismo.

Las FARC-EP hemos dicho, y repetimos, que una agenda no puede ser una rígida estatua de piedra, estática e inamovible, no. Debe ser una agenda que marcha al ritmo de las voces del constituyente primario: el pueblo. La soberanía alimentaria, en conclusión, es asunto que por más vuelta que se le de o se lo pretenda minimizar o reducir a meros planteamientos de “seguridad”, es esencia –como ya lo hemos dicho-, de una Agenda de Diálogos que pretenda alcanzar un Acuerdo de Paz estable y duradero. Es un tema, entonces, que reclama la preocupación y participación de todo el país. No se puede ni se debe ignorar. Las FARC-EP, al respecto presentaremos nuevas ideas.

PUEBLO COLOMBIANO: ¡PA’ LA MESA!

Delegación de Paz de las FARC-EP