Análisis
Tomado de PCC
Por Luz Marina López Espinoza
Para La Alianza de Medios y Periodistas por la Paz con Justicia Social
El próximo 20 de febrero se instalan en la capital del país y en numerosas otras ciudades, las Asambleas Constituyentes que desde lo popular, estudiarán y elaborarán propuestas para llenar de contenidos las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana entre el gobierno de Colombia y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- EP. Y cuando se habla de contenidos, no se dice otra cosa que las reformas que en los campos políticos, económico, laboral y ambiental entre otros, es preciso adoptar por el Establecimiento en persona del gobierno, si es que la voluntad de hacer por fin la paz en Colombia es cierta.
Y este ejercicio en ese propósito, tiene como protagonista al imprescindible y primordial conversador de la mesa de negociación, a despecho de no estar sentado en ella: el pueblo. Presencia que enraíza en lo más esencial de nuestro ser nacional y está en el corazón mismo de la república como principio fundante de ella ¿Qué será tan importante cosa?
Se trata de la consagración de la Soberanía Popular que hiciera la Constituyente de 1991. Esta Asamblea sí oficial, con expreso poder vinculante como soberana que era, al punto de revocar el mandato del Congreso, derogar la Constitución vigente y promulgar una nueva. Y no es poca cosa lo que estamos diciendo. Esa consagración, con mucho la disposición más importante de esa Constitución en tan dramáticas condiciones elaborada, como que lo fue en el momento crítico en que parecía que la vida institucional naufragaba. Y sin tratarse desde luego de una revolución ni de un cambio en el modelo económico ni del régimen político, si adoptaría reformas progresistas y de profundización democrática.
La más aguda discusión, la que mayor polarización generó y en donde se aplicó con más empeño el arsenal conceptual y la capacidad de los líderes de partidos e ideologías integrantes de la Asamblea de 1991, fue en el tema de la Soberanía Popular –art. 3º-. Decisión que revertía la que regía por casi un siglo –desde 1886-, que hacía radicar la soberanía en la Nación, por virtud de la cual los detentadoras del poder político económico y militar autodeclarados intérpretes legítimos de esa Nación, cometieron impunemente toda suerte de desafueros.
No fue poco el debate sobre el titular de la soberanía en 1991. La derecha se empleó a fondo con toda su utilería retórica, en aras de impedir esa calamidad que atacaba el corazón mismo de la dominación de los menos sobre los más. Sinceramente conmovidos, alertaban contra las horcas caudinas que el pueblo amotinado colocaría en las esquinas a la manera del Terror en la Revolución Francesa, para ejecutar a quienes el pueblo soberano en asambleas populares, declarara “un enemigo del pueblo”. El miedo a reconocerle el poder al pueblo, era cierto y profundo. Más ideológico e interesado en el modelo de dominación que se quería perpetuar, no pudo ser el debate.
La mayoría de los constituyentes no eran de izquierda, pero tuvieron la lucidez de saber -y ser consecuentes con ello-, que el momento y la circunstancia que produjeron la convocatoria de la Constituyente, eran demasiado cruciales como para burlar el clamor y urgencia de una apertura democrática. Que pasaba por legitimar el régimen a los ojos de la población, de la sociedad civil que es su razón de ser, lo que implicaba posicionarla en los asuntos públicos.
Los anteriores propósitos y necesidades requerían un referente conceptual de hondura, como un principio fundante de la nueva institucionalidad. Y ese referente no podía ser otra que la adopción de la Soberanía Popular, la cual después de las múltiples controversias aludidas, quedó en estos términos:
Art. 3º. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder político. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.
Todo lo anterior, para decir que las Asambleas Constituyentes por la Paz a instalarse este 20 de febrero, son emanación directa y cabal del más importante artículo de nuestra Constitución. Que por lo mismo y por la forma obligada como tuvo que ser adoptado por el Establecimiento, es un artículo desaparecido de la Constitución. Por eso el pueblo teniéndola, no puede ejercer la soberanía elemental y mínima de movilizarse por un derecho, si no es previos permisos, restricciones y claro, agresiva presencia policial. Ni para votar porque en su territorio no se haga una obra o explotación que le destruye el medio ambiente y la armonía social. Ni para exigir que la fuerza pública no bombardee sus zonas rurales, ni el ejército le ocupe sus escuelas, canchas deportivas y salones comunales, ni se atrinchere en las casas de los pobladores. Es el artículo desaparecido de la Constitución; sin tomarse siquiera el trabajo de derogarlo.
Si el artículo 3º. consagratorio de la Soberanía popular rigiera, los habitantes de la localidad rural de Bogotá, los martirizados campesinos del hermoso páramo de Sumapaz, no llevarían más de veinte años sometidos a la ocupación militar de su territorio que los empadrona, vigila, interroga y hostiliza, haciendo más cruel su duro aunque en otras circunstancias bucólico transcurrir.
Pero es la soberanía popular la culpable de que Sumapaz sea a la manera de una inmensa prisión. Me explico: el campesinado del páramo es paradigma del ejercicio de ella. Allí el Sindicato Agrario, es la máxima organización social, designada y acatada por los habitantes, que los representa y atiende los problemas comunitarios y de convivencia, amén de ser su vocero ante las autoridades. Y ellos, no obstante ser campesinos pobres y de poca formación académica, tienen una aguzada conciencia política y jurídica que les permite saber que son el pueblo soberano. Y a pesar de ejercerlo dentro de los absolutos cánones legales y respeto por las autoridades constituidas -no hay horcas caudinas en los cruces de caminos del territorio-, saben lo que dice el texto mayor: que el poder político emana de él.
Tal la razón por la cual Sumapaz es tal vez la zona del mundo más densamente militarizada. Por cada habitante de allí –incluidos los niños recién nacidos y los ancianos-, hay por lo menos tres soldados que los observan con recelo mientras el ojo del fusil tampoco les quita la mirada. Y entre el gris de los frailejones y el amarillo de las matas de caléndula con la que los niños elaboran cremas para la piel, fieros tanques de guerra agreden el paisaje en los cruces de caminos.
Alianza de Medios y Periodistas
Tomado de PCC
Por Luz Marina López Espinoza
Para La Alianza de Medios y Periodistas por la Paz con Justicia Social
El próximo 20 de febrero se instalan en la capital del país y en numerosas otras ciudades, las Asambleas Constituyentes que desde lo popular, estudiarán y elaborarán propuestas para llenar de contenidos las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana entre el gobierno de Colombia y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- EP. Y cuando se habla de contenidos, no se dice otra cosa que las reformas que en los campos políticos, económico, laboral y ambiental entre otros, es preciso adoptar por el Establecimiento en persona del gobierno, si es que la voluntad de hacer por fin la paz en Colombia es cierta.
Y este ejercicio en ese propósito, tiene como protagonista al imprescindible y primordial conversador de la mesa de negociación, a despecho de no estar sentado en ella: el pueblo. Presencia que enraíza en lo más esencial de nuestro ser nacional y está en el corazón mismo de la república como principio fundante de ella ¿Qué será tan importante cosa?
Se trata de la consagración de la Soberanía Popular que hiciera la Constituyente de 1991. Esta Asamblea sí oficial, con expreso poder vinculante como soberana que era, al punto de revocar el mandato del Congreso, derogar la Constitución vigente y promulgar una nueva. Y no es poca cosa lo que estamos diciendo. Esa consagración, con mucho la disposición más importante de esa Constitución en tan dramáticas condiciones elaborada, como que lo fue en el momento crítico en que parecía que la vida institucional naufragaba. Y sin tratarse desde luego de una revolución ni de un cambio en el modelo económico ni del régimen político, si adoptaría reformas progresistas y de profundización democrática.
La más aguda discusión, la que mayor polarización generó y en donde se aplicó con más empeño el arsenal conceptual y la capacidad de los líderes de partidos e ideologías integrantes de la Asamblea de 1991, fue en el tema de la Soberanía Popular –art. 3º-. Decisión que revertía la que regía por casi un siglo –desde 1886-, que hacía radicar la soberanía en la Nación, por virtud de la cual los detentadoras del poder político económico y militar autodeclarados intérpretes legítimos de esa Nación, cometieron impunemente toda suerte de desafueros.
No fue poco el debate sobre el titular de la soberanía en 1991. La derecha se empleó a fondo con toda su utilería retórica, en aras de impedir esa calamidad que atacaba el corazón mismo de la dominación de los menos sobre los más. Sinceramente conmovidos, alertaban contra las horcas caudinas que el pueblo amotinado colocaría en las esquinas a la manera del Terror en la Revolución Francesa, para ejecutar a quienes el pueblo soberano en asambleas populares, declarara “un enemigo del pueblo”. El miedo a reconocerle el poder al pueblo, era cierto y profundo. Más ideológico e interesado en el modelo de dominación que se quería perpetuar, no pudo ser el debate.
La mayoría de los constituyentes no eran de izquierda, pero tuvieron la lucidez de saber -y ser consecuentes con ello-, que el momento y la circunstancia que produjeron la convocatoria de la Constituyente, eran demasiado cruciales como para burlar el clamor y urgencia de una apertura democrática. Que pasaba por legitimar el régimen a los ojos de la población, de la sociedad civil que es su razón de ser, lo que implicaba posicionarla en los asuntos públicos.
Los anteriores propósitos y necesidades requerían un referente conceptual de hondura, como un principio fundante de la nueva institucionalidad. Y ese referente no podía ser otra que la adopción de la Soberanía Popular, la cual después de las múltiples controversias aludidas, quedó en estos términos:
Art. 3º. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder político. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.
Todo lo anterior, para decir que las Asambleas Constituyentes por la Paz a instalarse este 20 de febrero, son emanación directa y cabal del más importante artículo de nuestra Constitución. Que por lo mismo y por la forma obligada como tuvo que ser adoptado por el Establecimiento, es un artículo desaparecido de la Constitución. Por eso el pueblo teniéndola, no puede ejercer la soberanía elemental y mínima de movilizarse por un derecho, si no es previos permisos, restricciones y claro, agresiva presencia policial. Ni para votar porque en su territorio no se haga una obra o explotación que le destruye el medio ambiente y la armonía social. Ni para exigir que la fuerza pública no bombardee sus zonas rurales, ni el ejército le ocupe sus escuelas, canchas deportivas y salones comunales, ni se atrinchere en las casas de los pobladores. Es el artículo desaparecido de la Constitución; sin tomarse siquiera el trabajo de derogarlo.
Si el artículo 3º. consagratorio de la Soberanía popular rigiera, los habitantes de la localidad rural de Bogotá, los martirizados campesinos del hermoso páramo de Sumapaz, no llevarían más de veinte años sometidos a la ocupación militar de su territorio que los empadrona, vigila, interroga y hostiliza, haciendo más cruel su duro aunque en otras circunstancias bucólico transcurrir.
Pero es la soberanía popular la culpable de que Sumapaz sea a la manera de una inmensa prisión. Me explico: el campesinado del páramo es paradigma del ejercicio de ella. Allí el Sindicato Agrario, es la máxima organización social, designada y acatada por los habitantes, que los representa y atiende los problemas comunitarios y de convivencia, amén de ser su vocero ante las autoridades. Y ellos, no obstante ser campesinos pobres y de poca formación académica, tienen una aguzada conciencia política y jurídica que les permite saber que son el pueblo soberano. Y a pesar de ejercerlo dentro de los absolutos cánones legales y respeto por las autoridades constituidas -no hay horcas caudinas en los cruces de caminos del territorio-, saben lo que dice el texto mayor: que el poder político emana de él.
Tal la razón por la cual Sumapaz es tal vez la zona del mundo más densamente militarizada. Por cada habitante de allí –incluidos los niños recién nacidos y los ancianos-, hay por lo menos tres soldados que los observan con recelo mientras el ojo del fusil tampoco les quita la mirada. Y entre el gris de los frailejones y el amarillo de las matas de caléndula con la que los niños elaboran cremas para la piel, fieros tanques de guerra agreden el paisaje en los cruces de caminos.
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