Noticia
Tomado de PCC
Por Camilo Raigoso, Notimundo
Al respecto, el 23 de agosto de 2012, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, denunció a Notimundo que:
El viernes 17 de agosto de 2012 a las 4 de la mañana en el corregimiento El Palo, varios grupos conjuntos de militares de la Brigada Móvil 14 del Ejército y de la Policía Nacional, allanaron violentamente las viviendas de los campesinos Gerardo Barona Avirama y James Barona Avirama.
Los militares y policías rompieron los vidrios y trataron de tumbar las puertas. Posteriormente ingresaron al lugar agresivamente encañonando a los habitantes, todos civiles, gritando que era un allanamiento y que en la casa se almacenaban armas y explosivos.
Luego de revolver y destrozar los enseres de la vivienda y de no encontrar ninguno de los elementos de guerra que buscaban, detuvieron a los dos campesinos acusándolos del delito de rebelión.
Después los agentes del terror del Estado ingresaron violentamente a la vivienda de Wilson Castrillón Candela y tras tumbar la puerta y encañonarlo, un agente le dijo: “provoca matarte aquí mismo”.
Luego de desbaratarle la casa buscando supuestas armas y explosivos, de lo que no encontraron nada, procedieron a detenerlo por el delito de rebelión.
Las mismas arbitrariedades y actos de terror fueron cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en las viviendas de Francia Elena Valencia, Daniel Secue, Jhon Alonso Bonilla y Martha Lucía Piyinue, quienes también fueron víctimas de detención bajo las mismas falsas acusaciones.
Francia Elena Valencia es la vicepresidenta de la junta de acción comunal del corregimiento El Palo, es integrante de la Asociación de Trabajadores campesinos proconstitución de zona de reserva campesina de Caloto Filial de Fensuagro y del Capitulo Cauca del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Igualmente los militares y policías violentaron la vivienda de Idolvio Vitonás en la vereda El Nilo, destrozaron puertas y vidrios, desbarataron los enseres buscando supuestas armas y explosivos. Como en los casos anteriores no encontraron nada, pero detuvieron a la nueva víctima.
Los abusos fueron calcados en las viviendas de Guillermo Urrea y Manuel Jesús Guetia Acue, en Caloto, y de Luis Enrique Bedoya, en Santander de Quilichao.
En ese entonces la dupla militares-medios de comunicación, hicieron creer a la opinión pública que “11 integrantes del frente sexto de las FARC fueron capturados en Caloto, Cauca, a los cuales se les incautaron varios elementos como armas y uniformes de las Fuerzas Armadas”. Todo falso.
Frente a la libertad de las 11 víctimas el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, en vez de pedirle perdón a las víctimas por los abusos a los fueron sometidos por sus tropas, le dijo a Noticias Uno sin ningún rubor que:
“Es desmoralizante para la tropa después de unos esfuerzos tan grandes donde se capturan estas personas y después las personas pasan en un bus por la base haciéndole seña a los soldados de victoria”.
Jerez justificó la libertad de las víctimas a un supuesto descuido del fiscal, de quien dijo que “al llevarlos ante el Juez de Garantías el fiscal no llevó el recurso de acusación por rebelión y por esta situación la juez los deja en libertad”.
Vale la pena preguntarle al general Jerez: ¿Quién le va a pagar a las víctimas los destrozos de sus viviendas, los daños económicos, sicológicos, sociales y morales, tanto a las víctimas, como a sus familias, por haber sido privados de la libertad injustamente durante más de cuatro meses?
Por su parte el abogado Jair Erazo, defensor de algunas de las víctimas, le aseguró a Noticias Uno que tiene pruebas para demostrar que las 11 personas no son guerrilleras.
“Tienen asiento como comerciantes del sector, son habitantes del caserío y en tanto son de reconocida idoneidad. Las pruebas de la Fiscalía no son serias”, dijo el abogado.
“Los testigos de la Fiscalía son desmovilizados de las FARC. Las investigaciones que nosotros hemos hecho es que uno de esos desmovilizados tiene un récord criminal, incluso él asesinó a un hermano de los hoy sindicados”, señaló Erazo.
Tomado de PCC
Por Camilo Raigoso, Notimundo
Once personas que habían sido detenidas arbitrariamente por el Ejército y la Policía el 17 de agosto pasado en el corregimiento El Palo, municipio de Caloto, Cauca, acusadas falsamente de pertenecer a la guerrilla de las FARC, fueron dejadas en libertad esta semana.
Al respecto, el 23 de agosto de 2012, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, denunció a Notimundo que:
El viernes 17 de agosto de 2012 a las 4 de la mañana en el corregimiento El Palo, varios grupos conjuntos de militares de la Brigada Móvil 14 del Ejército y de la Policía Nacional, allanaron violentamente las viviendas de los campesinos Gerardo Barona Avirama y James Barona Avirama.
Los militares y policías rompieron los vidrios y trataron de tumbar las puertas. Posteriormente ingresaron al lugar agresivamente encañonando a los habitantes, todos civiles, gritando que era un allanamiento y que en la casa se almacenaban armas y explosivos.
Luego de revolver y destrozar los enseres de la vivienda y de no encontrar ninguno de los elementos de guerra que buscaban, detuvieron a los dos campesinos acusándolos del delito de rebelión.
Después los agentes del terror del Estado ingresaron violentamente a la vivienda de Wilson Castrillón Candela y tras tumbar la puerta y encañonarlo, un agente le dijo: “provoca matarte aquí mismo”.
Luego de desbaratarle la casa buscando supuestas armas y explosivos, de lo que no encontraron nada, procedieron a detenerlo por el delito de rebelión.
Las mismas arbitrariedades y actos de terror fueron cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en las viviendas de Francia Elena Valencia, Daniel Secue, Jhon Alonso Bonilla y Martha Lucía Piyinue, quienes también fueron víctimas de detención bajo las mismas falsas acusaciones.
Francia Elena Valencia es la vicepresidenta de la junta de acción comunal del corregimiento El Palo, es integrante de la Asociación de Trabajadores campesinos proconstitución de zona de reserva campesina de Caloto Filial de Fensuagro y del Capitulo Cauca del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Igualmente los militares y policías violentaron la vivienda de Idolvio Vitonás en la vereda El Nilo, destrozaron puertas y vidrios, desbarataron los enseres buscando supuestas armas y explosivos. Como en los casos anteriores no encontraron nada, pero detuvieron a la nueva víctima.
Los abusos fueron calcados en las viviendas de Guillermo Urrea y Manuel Jesús Guetia Acue, en Caloto, y de Luis Enrique Bedoya, en Santander de Quilichao.
En ese entonces la dupla militares-medios de comunicación, hicieron creer a la opinión pública que “11 integrantes del frente sexto de las FARC fueron capturados en Caloto, Cauca, a los cuales se les incautaron varios elementos como armas y uniformes de las Fuerzas Armadas”. Todo falso.
Frente a la libertad de las 11 víctimas el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, en vez de pedirle perdón a las víctimas por los abusos a los fueron sometidos por sus tropas, le dijo a Noticias Uno sin ningún rubor que:
“Es desmoralizante para la tropa después de unos esfuerzos tan grandes donde se capturan estas personas y después las personas pasan en un bus por la base haciéndole seña a los soldados de victoria”.
Jerez justificó la libertad de las víctimas a un supuesto descuido del fiscal, de quien dijo que “al llevarlos ante el Juez de Garantías el fiscal no llevó el recurso de acusación por rebelión y por esta situación la juez los deja en libertad”.
Vale la pena preguntarle al general Jerez: ¿Quién le va a pagar a las víctimas los destrozos de sus viviendas, los daños económicos, sicológicos, sociales y morales, tanto a las víctimas, como a sus familias, por haber sido privados de la libertad injustamente durante más de cuatro meses?
Por su parte el abogado Jair Erazo, defensor de algunas de las víctimas, le aseguró a Noticias Uno que tiene pruebas para demostrar que las 11 personas no son guerrilleras.
“Tienen asiento como comerciantes del sector, son habitantes del caserío y en tanto son de reconocida idoneidad. Las pruebas de la Fiscalía no son serias”, dijo el abogado.
“Los testigos de la Fiscalía son desmovilizados de las FARC. Las investigaciones que nosotros hemos hecho es que uno de esos desmovilizados tiene un récord criminal, incluso él asesinó a un hermano de los hoy sindicados”, señaló Erazo.
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