Análisis
Colombia Soberana
Para Alianza de Medios y Periodistas por la Paz con Justicia Social (AMP)
En Colombia viven alrededor de 102.292 personas privadas de su libertad en las cárceles que tienen una sobrepoblación de 39.5% que es la causa de enfermedades, epidemias y disputas. Hay 40.000 presos y presas sin juicio, 800 enfermos (as) terminales y lisiados y una constante práctica de la violación sistemática de los derechos humanos, como por ejemplo, negación de asistencia médica y la repartición de comida insalubre.
Ese aumento escalonado de presos en Colombia pone al descubierto la situación social que vivimos en esta país, pero sobretodo, desenmascara la criminalización de muchos sectores sociales y de la protesta. A causa de este ejercicio de represión que ejerce el gobierno y la clase política existen, según el INPEC, 21.199 presos acusados de “delitos que atentan contra la existencia y seguridad del estado”, aunque varias organizaciones dedicadas a la defensa de los presos políticos hablan solo de 9.500 presos políticos y de conciencia.
Esta represión y satanización de estudiantes, sindicalistas, mineros artesanales y demás personas del pueblo, cuyo único delito es querer llevar honradamente un pan digno a la mesa de su hogar, se debe a las “medidas sociales” que tiene que tomar el gobierno para contener el malestar de las comunidades al ver que la soberanía, la dignidad y todos los recursos son feriados a las multinacionales.
En el Chocó las multinacionales ya tienen un millón cuatrocientas mil hectáreas para explotar sin contar con la autorización de los mandatarios locales y mucho menos de las comunidades que se verán afectadas cuando se les quite su sustento y les dejen un desierto de lo que ahora es un bello lugar. Las comunidades defienden su tierra, su vida, el gobierno masacra y encarcela.
Es notable que las medidas que ellos consideran positivas, pues les permite a corto y mediano plazo robarle sus riquezas al pueblo, son un arma de doble filo que se dirige hacia ellos mismos. Colombia ya no aguanta más la guerra que los sectores dominantes y las multinacionales le han declarado al pueblo, las masas se mueven y se defienden, Colombia exige la paz que merece, "los de arriba" oprimen, presionan y arrasan. Así no hay paz y se crea un situación que apresura un estallido popular.
En este marco de los diálogos de paz FARC- gobierno nacional, se presenta una oportunidad para que nuestras voces se escuchen y el gobierno entienda que no es con garrote y bala como se consigue la paz, es con diálogo y justicia social. Antes de empezar a trazar un camino para acabar el conflicto armado, hay que hacer la senda para solucionar el conflicto social.
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