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Tomado de Reclame Colombia
El gobierno colombiano también ha colocado la expansión de la actividad minera entre sus prioridades, al designar la minería como una de las “cinco locomotoras del desarrollo”. Una locomotora que arrasa los territorios indígenas y cuyo funcionamiento está vinculado al dramático conflicto armado interno que sufre ese país.
La delegación de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC que participó en el III Seminario de Capacitación “Normas de Derechos Humanos Aplicables a Proyectos de Empresas Transnacionales en Territorios Indígenas”, realizado en Lima por la CAOI entre el 26 y 30 de noviembre pasado, informó de la dramática superposición de concesiones mineras y presencia de grupos armados en territorios indígenas.
Y el problema crece producto de las políticas implementadas por el gobierno presidido por Juan Manuel Santos. En Colombia las solicitudes mineras doblan lo que ya está otorgado en concesión, al puto de ocupar hoy la tercera parte del país. La gran mayoría de ellas en resguardos indígenas.
Gran parte de los títulos de los resguardos indígenas no están reconocidos. Están declarados como tierras baldías o reservas y ya están concesionados. Se desconocen los títulos de resguardos de origen colonial. En consecuencia, las autoridades ambientales y las corporaciones transnacionales aparecen como los dueños y los pueblos indígenas son tildados de “invasores”.
“Colombia es uno de los países más progresistas en el tema de la Corte Constitucional, cuyas sentencias son parte de la jurisprudencia para Suramérica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero ahora la Corte está cambiando y en tres meses ha emitido cuatro fallos regresivos en materia étnica. Hay un ataque al sistema interamericano. Nos preocupa a dónde vamos a ir. Hay que denunciarlos en sus países, afectar su capital y que asuman sus responsabilidades penales”, señalaron los representantes de ONIC.
Advirtieron que en estas condiciones “la consulta puede ser el palo con el que uno mismo se golpea para darle de comer al otro. Nos quieren sacar vivos o muertos de nuestros territorios para expandir la minería. Hay gran cantidad de títulos mineros que se están otorgando. Nos preocupan los impactos sobre las mujeres y las familias. Un gran problema es el conflicto armado”.
El Cerrejón
Un caso emblemático de vulneración de derechos indígenas por la imposición de la minería en Colombia es el de la empresa El Cerrejón. El proyecto se ubica en el departamento de La Guajira (serranía del Perijá, cerca de la frontera con Venezuela). Los accionistas de la empresa son las transnacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American, con 33% cada una. La inversión es de mil trescientos millones de dólares. Contempla una duración de treinta años, con una reserva de 500 millones de toneladas de carbón.
El proyecto es de minería de carbón a cielo abierto y comprende la desviación del cauce del río Ranchería, teóricamente de 26 kilómetros, pero en la práctica son más de 30. Esto afecta a más de veinte mil indígenas del Pueblo Wayuu en su derecho al territorio. Ya hay comunidades enteras desplazadas. Algunos territorios no están titulados. Se ha producido una fragmentación de las comunidades y hay una evidente parcialización del Estado a favor de la minera.
“Los drenajes caen al río Ranchería, son aguas con azufre. La lluvia también arrastra las partículas de carbón hasta el río. Los animales se quedarán sin agua si se desvía el río. Nos están quitando tierras. Nos matan con la contaminación. Tomamos agua sucia. Se multiplican los casos de diarrea aguda, infecciones respiratorias, vaginales, a la piel. Los médicos no lo certifican porque están comprados por la empresa. Desde 1994 están desalojando a las comunidades”.
La empresa compra territorios para expandirse, quienes los venden lo hacen de manera forzada. Contrata a guerrilleros, paramilitares y fuerza pública, matan a líderes, violan a mujeres. No se hace control del impacto que ha causado y sigue produciendo. Contrata a cuatro empresas para que le presten servicios y zafarse de responsabilidad.
“Ofrecen a cambio chivos y vacas a las comunidades. Quieren dividir a la comunidad. Nos moriremos de sed o tendremos que desplazarnos. Nos unimos y luchamos o desaparecemos. El río nos cría por medio de la siembra, es un sitio sagrado. No lo desvíen, déjenlo donde está”.
Gracias a las acciones de movilización y de incidencia política internacional desarrolladas por los afectados, el caso ha captado gran solidaridad. Hace aproximadamente un mes la empresa anunció la suspensión del proyecto debido a la baja del precio internacional del carbón, pero advirtió que en el futuro lo retomará. La Guajira es un departamento desértico, el río es la única fuente de agua. Y este es el riesgo más grande no solo para los pueblos indígenas sino para toda la población del departamento.
Como este, los casos de vulneración de derechos indígenas como consecuencia de la incursión de la minería en sus territorios también generan conflictos en Ecuador y Perú. De ello daremos cuenta en próximas notas.
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Tomado de Agencia Intercultural de Noticias Indígenas de Bolivia
Tomado de Reclame Colombia
El gobierno colombiano también ha colocado la expansión de la actividad minera entre sus prioridades, al designar la minería como una de las “cinco locomotoras del desarrollo”. Una locomotora que arrasa los territorios indígenas y cuyo funcionamiento está vinculado al dramático conflicto armado interno que sufre ese país.
La delegación de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC que participó en el III Seminario de Capacitación “Normas de Derechos Humanos Aplicables a Proyectos de Empresas Transnacionales en Territorios Indígenas”, realizado en Lima por la CAOI entre el 26 y 30 de noviembre pasado, informó de la dramática superposición de concesiones mineras y presencia de grupos armados en territorios indígenas.
Y el problema crece producto de las políticas implementadas por el gobierno presidido por Juan Manuel Santos. En Colombia las solicitudes mineras doblan lo que ya está otorgado en concesión, al puto de ocupar hoy la tercera parte del país. La gran mayoría de ellas en resguardos indígenas.
Gran parte de los títulos de los resguardos indígenas no están reconocidos. Están declarados como tierras baldías o reservas y ya están concesionados. Se desconocen los títulos de resguardos de origen colonial. En consecuencia, las autoridades ambientales y las corporaciones transnacionales aparecen como los dueños y los pueblos indígenas son tildados de “invasores”.
“Colombia es uno de los países más progresistas en el tema de la Corte Constitucional, cuyas sentencias son parte de la jurisprudencia para Suramérica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero ahora la Corte está cambiando y en tres meses ha emitido cuatro fallos regresivos en materia étnica. Hay un ataque al sistema interamericano. Nos preocupa a dónde vamos a ir. Hay que denunciarlos en sus países, afectar su capital y que asuman sus responsabilidades penales”, señalaron los representantes de ONIC.
Advirtieron que en estas condiciones “la consulta puede ser el palo con el que uno mismo se golpea para darle de comer al otro. Nos quieren sacar vivos o muertos de nuestros territorios para expandir la minería. Hay gran cantidad de títulos mineros que se están otorgando. Nos preocupan los impactos sobre las mujeres y las familias. Un gran problema es el conflicto armado”.
El Cerrejón
Un caso emblemático de vulneración de derechos indígenas por la imposición de la minería en Colombia es el de la empresa El Cerrejón. El proyecto se ubica en el departamento de La Guajira (serranía del Perijá, cerca de la frontera con Venezuela). Los accionistas de la empresa son las transnacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American, con 33% cada una. La inversión es de mil trescientos millones de dólares. Contempla una duración de treinta años, con una reserva de 500 millones de toneladas de carbón.
El proyecto es de minería de carbón a cielo abierto y comprende la desviación del cauce del río Ranchería, teóricamente de 26 kilómetros, pero en la práctica son más de 30. Esto afecta a más de veinte mil indígenas del Pueblo Wayuu en su derecho al territorio. Ya hay comunidades enteras desplazadas. Algunos territorios no están titulados. Se ha producido una fragmentación de las comunidades y hay una evidente parcialización del Estado a favor de la minera.
“Los drenajes caen al río Ranchería, son aguas con azufre. La lluvia también arrastra las partículas de carbón hasta el río. Los animales se quedarán sin agua si se desvía el río. Nos están quitando tierras. Nos matan con la contaminación. Tomamos agua sucia. Se multiplican los casos de diarrea aguda, infecciones respiratorias, vaginales, a la piel. Los médicos no lo certifican porque están comprados por la empresa. Desde 1994 están desalojando a las comunidades”.
La empresa compra territorios para expandirse, quienes los venden lo hacen de manera forzada. Contrata a guerrilleros, paramilitares y fuerza pública, matan a líderes, violan a mujeres. No se hace control del impacto que ha causado y sigue produciendo. Contrata a cuatro empresas para que le presten servicios y zafarse de responsabilidad.
“Ofrecen a cambio chivos y vacas a las comunidades. Quieren dividir a la comunidad. Nos moriremos de sed o tendremos que desplazarnos. Nos unimos y luchamos o desaparecemos. El río nos cría por medio de la siembra, es un sitio sagrado. No lo desvíen, déjenlo donde está”.
Gracias a las acciones de movilización y de incidencia política internacional desarrolladas por los afectados, el caso ha captado gran solidaridad. Hace aproximadamente un mes la empresa anunció la suspensión del proyecto debido a la baja del precio internacional del carbón, pero advirtió que en el futuro lo retomará. La Guajira es un departamento desértico, el río es la única fuente de agua. Y este es el riesgo más grande no solo para los pueblos indígenas sino para toda la población del departamento.
Como este, los casos de vulneración de derechos indígenas como consecuencia de la incursión de la minería en sus territorios también generan conflictos en Ecuador y Perú. De ello daremos cuenta en próximas notas.
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Tomado de Agencia Intercultural de Noticias Indígenas de Bolivia
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