Por: Cecilia Orozco Tascón
Una emotiva ceremonia de la Policía se dio ese día. Era el 7 de diciembre de 2007: hace cinco años. No tanto tiempo como para que quienes presidían el acto, el presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, no supieran lo que ocurría en su entorno.
Sin embargo, ni el primero ni el segundo se mostraron preocupados por lo que iba a suceder allí. Por el contrario, estaban henchidos de orgullo patrio. Según recordó la página virtual Kien&ke, el jefe de Estado rompió el estricto protocolo de esos eventos, para “hacer una inusual alusión personal”, tal como la llamó el mismo orador. La cálida referencia estaba dedicada a dos oficiales de inteligencia, cuya oscura historia quedará ligada, para siempre, a la de su mandatario. Las frases del doctor Uribe en aquella ocasión fueron memorables: “no puedo omitir (una) mención a quienes desde hoy son generales de la República: el brigadier general Mauricio Santoyo y el brigadier general Flavio Eduardo Buitrago Delgadillo. No tengo palabras para hacer llegar a ellos mi sentimiento de gratitud: el apoyo que he recibido en nuestra lucha por la seguridad de Colombia. En nombre de mi familia, de mis más cercanos colaboradores, señores generales, ¡muchas, muchas gracias!”.
Mauricio Santoyo, protegido del ejecutivo, de la estructura policial —que obliga a la obediencia y al silencio solidario (cómplice, se diría más bien)—, del Consejo de Estado y del Congreso, es decir, del establecimiento, acaba de ser condenado, por la justicia de Estados Unidos ante la que se declaró culpable de recibir sobornos de “terroristas”, a 13 años de prisión; una pena baja si se considera que se aprovechó de su encumbrado título y del cargo de jefe de seguridad del presidente entre 2002 y 2006, para revelarles datos sobre operativos judiciales en su contra a los narcoparamilitares. Lo increíble es que el ascenso del entonces coronel Santoyo al generalato fue posible gracias a una leguleyada y, por eso, fue ilegítimo. Como se sabe, Santoyo fue destituido por la Procuraduría de Edgardo Maya en 2003, cuando ya era la sombra oficial del presidente. Pero a Uribe le importó un higo: lo mantuvo en su puesto con el argumento de que la decisión tenía recursos jurídicos por surtir. La sanción fue confirmada en 2004, por su responsabilidad en la ejecución masiva de interceptaciones telefónicas ilegales a defensores de derechos humanos, cuando ejercía como director del Gaula en Antioquia.
Santoyo acudió, para salvarse, a una de las secciones del Consejo de Estado que, en efecto, le suspendió el castigo en 2006. Uno de los tres consejeros que firmó su absolución en la práctica fue Alejandro Ordóñez. En virtud de esa suspensión, el mandatario y su director de la Policía optaron por concederle el grado de general, para afrenta de toda una nación. Ahora, el procurador Ordóñez, al que le atribuyen la “lucha contra la corrupción”, se hace el que no tuvo nada que ver con la posibilidad de que un delincuente ascendiera y fuera poseedor de los más altos secretos de Estado, para beneficio de los peores criminales. “Su destitución está suspendida, pero no anulada”, declara con cara de inocente, ahora, Ordóñez. ¿Querrá decir que cuando Estados Unidos lo condena si le parece válida la sanción que se le impuso y que él ayudó a dilatar? Santoyo no merecía otra cosa que el despojo definitivo de su rango de coronel y nunca ha debido ser general. Pero la corrupción en forma de tráfico de influencias se lo permitió. Que no vengan los santurrones de doble moral a ganar indulgencias con avemarías ajenas. Sólo los fanáticos les creen ya, porque con este episodio, entre muchos otros, han quedado desnudos, con sus vergüenzas expuestas.
Entre paréntesis: Nuestro cariño te acompañará donde quiera que estés, Mireyita
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