Análisis
tomado de ANNCOL
Por Alberto Pinzón
La mayoría de observadores agudos del proceso de Paz, abierto en la Habana y formalizado en Oslo entre el Estado Colombiano y las Farc-EP; si notaron la ausencia de FEDEGÁN en el equipo negociador oficial del Estado, donde se suponía debía estar representado TODO el Poder dominante (y dirigente) en Colombia, y se preguntaron ¿porque razón el poderoso gremio económico político de los ganaderos, que ha tenido la hegemonía política y económica durante más de 200 años en Colombia, no estaba presente? La respuesta vino a saberse, accidentalmente, este 17 de diciembre 2012, cuando el director plenipotenciario de esa agrupación “corporativa” JF. Lafaurie, rechazó rotundamente su participación en el foro agrario de la Universidad Nacional, convocado por las dos partes sentadas en la mesa de la Habana.
Había surgido por fin a la superficie consiente de la realidad social colombiana, una de las más profundas contradicciones económicas y políticas, largamente ocultada, deformada y velada ideológicamente (como toda verdadera contradicción social) durante todos estos siglos de hegemonía y Poder oligárquico-imperialista en Colombia. La historia del gremio de los agro-pecuarios colombianos denominado FEDEGÁN, a través de la historia de la llamada “cuestión agraria colombiana”, empalmaba directamente y sin solución de continuidad, con la historia del latifundismo o terratenientismo, también denominado “GAMONALISMO”, y con toda la Historia (esta con mayúscula) de Colombia considerada desde 1.492, cuando fue colonizada como el resto de Nuestramérica, por el caduco Imperio español.
Pero se presentaba de forma escueta, como se presentan las dinámicas contradicciones sociales en épocas de crisis, a no como el histórico y complejo enfrentamiento entre la Oligarquía pro-Imperialista y el Pueblo Trabajador colombiano o gente del Común, sino como un desarrollo del conflicto Social y Armado colombiano, que el reconocido científico social Ignacio Ramonet, describe y explica según su experiencia directa, en el artículo de Le Monde Diplomatique Nº 206 de diciembre de 2012 así: ..
“. . . Pero si el presidente Santos decidió, ante la sorpresa general, abrir unas negociaciones de paz con la insurgencia no fue sólo porque las FARC se encuentren disminuidas militarmente. Es también porque la oligarquía latifundista que, desde hace 65 años, se opone a una reforma agraria en Colombia (este país es prácticamente el único en América Latina que, por la cerrazón de los terratenientes, no ha realizado una redistribución de tierras) ya no tiene el poder dominante que tenía. En los últimos decenios se ha consolidado una nueva oligarquía urbana mucho más poderosa e influyente que la oligarquía rural.
Durante los años más terribles de la guerra, las grandes aglomeraciones quedaron aisladas del campo. Era imposible circular por tierra de una localidad a otra y la “Colombia útil” se convirtió en una suerte de “archipiélago de ciudades”. Estas metrópolis, en las que se acumulaban los millones de personas que huían del conflicto, desarrollaron su propia economía cada vez más pujante (industria, servicios, finanzas, importación-exportación, etc.). Hoy es ella la que domina el país y a la que, en cierta medida, representa Juan Manuel Santos. Igual que Álvaro Uribe representa a los grandes terratenientes que se oponen al proceso de paz.
A la oligarquía urbana, la paz le interesa por razones económicas. Primero, el coste de la paz, o sea una –probablemente modesta– reforma agraria, lo asumirían los latifundistas, no ella. Su interés no está en el suelo, sino en el subsuelo. Porque, en el contexto internacional actual, la pacificación le permitiría explotar los inmensos recursos mineros de Colombia de los que la insaciable China sigue sedienta. Por otra parte, el empresariado urbano estima que, en caso de paz, los excesivos presupuestos militares podrían consagrarse a reducir las desigualdades que siguen siendo abismales. Los empresarios constatan que Colombia va hacia los 50 millones de habitantes. Lo cual constituye una masa crítica importante, en términos de consumo, a condición de que el poder adquisitivo medio aumente. En ese sentido, observan que las políticas de redistribución que se están llevando a cabo en varios países de América Latina (Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc.) han reactivado la producción nacional y favorecido la expansión de las empresas locales”.
El investigador Ramonet continua argumentando sobre las varias influencias económicas y políticas Internacionales, especialmente latinoamericanas y caribeñas (aunque ignora, no sabemos por qué, la mayor de todas ellas emanada en Washington por el Departamento de Estado) y que actualmente pesan sobre la decisión de sentarse en una mesa de diálogos para finalizar el histórico conflicto social y armado de Colombia , y alerta mencionando, las asechanzas mortales que aún penden sobre el proceso de paz.
Pero la realidad del desarrollo real de este nudo de contradicciones en la sociedad colombiana, estás mostrando que el denominado “Poder terrateniente tradicional” no ha sido derrotado en Colombia, ni reemplazado por una nueva “oligarquía urbana” empeñada en creer que el proceso de paz con las FARC-EP, re-establecerá el viejo esquema Gobierno-Oposición de Virgilio Barco, donde la oposición sin armas discutirá políticamente desde la cárcel o el cementerio, la reforma agraria y las demás que le sean favorables al gobierno.
Por el contrario; todos los días se percibe con mayor claridad que la tal contradicción entre Santos y Uribe, no es más que una lucha electorera por ver quién se queda finalmente con el gobierno y su jugoso e inagotable presupuesto, que Londoyos llama “la mermelada”. Todos los días la oligarquía tradicional le impone a la “oligarquía urbana” sus condiciones. Miremos algunas:
1- Su rechazo ilegal a acatar el fallo inapelable de la Corte Internacional de Justicia sobre las islas de San Andrés.
2- La conformación en el honorable congreso de la república de una tenaza político-ideológica conformada por el grupo “urbano” liderado por JM Santos y Vargas Lleras con el grupo “tradicional” del procurador Ordoñez, quien debido a los problemas judiciales de Uribe Vélez y Londoyos, ha tenido que asumir su liderazgo ultra-reaccionario y se ha hecho reelegir ilegalmente por el parlamento colombiano, para legislar sobre:
3- El Fuero Militarista para Impunidad (FMI) con el fin de continuar la guerra
4- La aprobación de una cascada de leyes antipopulares y reaccionarias especialmente la llamada “reforma tributaria”, el salvamento financiero (con dinero del pueblo contribuyente) a las quebradas empresas promotoras de salud (EPS) y la llamada reforma a la salud. Las mezquinas leyes sobre minería y protección de territorios mineros.
5- La llamada ley de reforma a la justicia, abortada por la movilización social y la indolencia del gobierno con el paro de los jueces, quienes pedían el cumplimiento de un ajuste salarial prometido hace 20 años, mientras se legislaba sobre fabulosos sueldos a magistrados y miembros de las altas cortes, para mantenerlas bajo control.
6- El silencio cómplice ante la pirámide de Interbolsa, semejante a los auto-préstamos de Granahorrar de Jaime Michelsen en el gobierno conservador de Belisario Betancur, o la pirámide DMG en el gobierno corporativo de Uribe Vélez.
Así pues que, si bien se ha avanzado notablemente en el conocimiento y en la conciencia de la dinámica contradictoria que está en la base del conflicto social y armado de Colombia; todavía hace falta que la más amplia y unitaria movilización social imponga la paz a la nueva tenaza “Santo-Ordoñista”, apalancada por las casas gratis del casa-teniente Vargas Lleras, que se ha conformado en el honorable parlamento colombiano. Es esencial tener claro que sin la movilización social, la mesa de la Habana languidecerá, y más temprano que tarde será levantada por JM Santos, aprovechando cualquier montaje burdo y chapucero de esos que sabe hacer la Inteligencia Militar colombiana, o argumentando la fecha de las elecciones que definirá su riña mediática con Uribe Vélez.
tomado de ANNCOL
Por Alberto Pinzón
La mayoría de observadores agudos del proceso de Paz, abierto en la Habana y formalizado en Oslo entre el Estado Colombiano y las Farc-EP; si notaron la ausencia de FEDEGÁN en el equipo negociador oficial del Estado, donde se suponía debía estar representado TODO el Poder dominante (y dirigente) en Colombia, y se preguntaron ¿porque razón el poderoso gremio económico político de los ganaderos, que ha tenido la hegemonía política y económica durante más de 200 años en Colombia, no estaba presente? La respuesta vino a saberse, accidentalmente, este 17 de diciembre 2012, cuando el director plenipotenciario de esa agrupación “corporativa” JF. Lafaurie, rechazó rotundamente su participación en el foro agrario de la Universidad Nacional, convocado por las dos partes sentadas en la mesa de la Habana.
Había surgido por fin a la superficie consiente de la realidad social colombiana, una de las más profundas contradicciones económicas y políticas, largamente ocultada, deformada y velada ideológicamente (como toda verdadera contradicción social) durante todos estos siglos de hegemonía y Poder oligárquico-imperialista en Colombia. La historia del gremio de los agro-pecuarios colombianos denominado FEDEGÁN, a través de la historia de la llamada “cuestión agraria colombiana”, empalmaba directamente y sin solución de continuidad, con la historia del latifundismo o terratenientismo, también denominado “GAMONALISMO”, y con toda la Historia (esta con mayúscula) de Colombia considerada desde 1.492, cuando fue colonizada como el resto de Nuestramérica, por el caduco Imperio español.
Pero se presentaba de forma escueta, como se presentan las dinámicas contradicciones sociales en épocas de crisis, a no como el histórico y complejo enfrentamiento entre la Oligarquía pro-Imperialista y el Pueblo Trabajador colombiano o gente del Común, sino como un desarrollo del conflicto Social y Armado colombiano, que el reconocido científico social Ignacio Ramonet, describe y explica según su experiencia directa, en el artículo de Le Monde Diplomatique Nº 206 de diciembre de 2012 así: ..
“. . . Pero si el presidente Santos decidió, ante la sorpresa general, abrir unas negociaciones de paz con la insurgencia no fue sólo porque las FARC se encuentren disminuidas militarmente. Es también porque la oligarquía latifundista que, desde hace 65 años, se opone a una reforma agraria en Colombia (este país es prácticamente el único en América Latina que, por la cerrazón de los terratenientes, no ha realizado una redistribución de tierras) ya no tiene el poder dominante que tenía. En los últimos decenios se ha consolidado una nueva oligarquía urbana mucho más poderosa e influyente que la oligarquía rural.
Durante los años más terribles de la guerra, las grandes aglomeraciones quedaron aisladas del campo. Era imposible circular por tierra de una localidad a otra y la “Colombia útil” se convirtió en una suerte de “archipiélago de ciudades”. Estas metrópolis, en las que se acumulaban los millones de personas que huían del conflicto, desarrollaron su propia economía cada vez más pujante (industria, servicios, finanzas, importación-exportación, etc.). Hoy es ella la que domina el país y a la que, en cierta medida, representa Juan Manuel Santos. Igual que Álvaro Uribe representa a los grandes terratenientes que se oponen al proceso de paz.
A la oligarquía urbana, la paz le interesa por razones económicas. Primero, el coste de la paz, o sea una –probablemente modesta– reforma agraria, lo asumirían los latifundistas, no ella. Su interés no está en el suelo, sino en el subsuelo. Porque, en el contexto internacional actual, la pacificación le permitiría explotar los inmensos recursos mineros de Colombia de los que la insaciable China sigue sedienta. Por otra parte, el empresariado urbano estima que, en caso de paz, los excesivos presupuestos militares podrían consagrarse a reducir las desigualdades que siguen siendo abismales. Los empresarios constatan que Colombia va hacia los 50 millones de habitantes. Lo cual constituye una masa crítica importante, en términos de consumo, a condición de que el poder adquisitivo medio aumente. En ese sentido, observan que las políticas de redistribución que se están llevando a cabo en varios países de América Latina (Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc.) han reactivado la producción nacional y favorecido la expansión de las empresas locales”.
El investigador Ramonet continua argumentando sobre las varias influencias económicas y políticas Internacionales, especialmente latinoamericanas y caribeñas (aunque ignora, no sabemos por qué, la mayor de todas ellas emanada en Washington por el Departamento de Estado) y que actualmente pesan sobre la decisión de sentarse en una mesa de diálogos para finalizar el histórico conflicto social y armado de Colombia , y alerta mencionando, las asechanzas mortales que aún penden sobre el proceso de paz.
Pero la realidad del desarrollo real de este nudo de contradicciones en la sociedad colombiana, estás mostrando que el denominado “Poder terrateniente tradicional” no ha sido derrotado en Colombia, ni reemplazado por una nueva “oligarquía urbana” empeñada en creer que el proceso de paz con las FARC-EP, re-establecerá el viejo esquema Gobierno-Oposición de Virgilio Barco, donde la oposición sin armas discutirá políticamente desde la cárcel o el cementerio, la reforma agraria y las demás que le sean favorables al gobierno.
Por el contrario; todos los días se percibe con mayor claridad que la tal contradicción entre Santos y Uribe, no es más que una lucha electorera por ver quién se queda finalmente con el gobierno y su jugoso e inagotable presupuesto, que Londoyos llama “la mermelada”. Todos los días la oligarquía tradicional le impone a la “oligarquía urbana” sus condiciones. Miremos algunas:
1- Su rechazo ilegal a acatar el fallo inapelable de la Corte Internacional de Justicia sobre las islas de San Andrés.
2- La conformación en el honorable congreso de la república de una tenaza político-ideológica conformada por el grupo “urbano” liderado por JM Santos y Vargas Lleras con el grupo “tradicional” del procurador Ordoñez, quien debido a los problemas judiciales de Uribe Vélez y Londoyos, ha tenido que asumir su liderazgo ultra-reaccionario y se ha hecho reelegir ilegalmente por el parlamento colombiano, para legislar sobre:
3- El Fuero Militarista para Impunidad (FMI) con el fin de continuar la guerra
4- La aprobación de una cascada de leyes antipopulares y reaccionarias especialmente la llamada “reforma tributaria”, el salvamento financiero (con dinero del pueblo contribuyente) a las quebradas empresas promotoras de salud (EPS) y la llamada reforma a la salud. Las mezquinas leyes sobre minería y protección de territorios mineros.
5- La llamada ley de reforma a la justicia, abortada por la movilización social y la indolencia del gobierno con el paro de los jueces, quienes pedían el cumplimiento de un ajuste salarial prometido hace 20 años, mientras se legislaba sobre fabulosos sueldos a magistrados y miembros de las altas cortes, para mantenerlas bajo control.
6- El silencio cómplice ante la pirámide de Interbolsa, semejante a los auto-préstamos de Granahorrar de Jaime Michelsen en el gobierno conservador de Belisario Betancur, o la pirámide DMG en el gobierno corporativo de Uribe Vélez.
Así pues que, si bien se ha avanzado notablemente en el conocimiento y en la conciencia de la dinámica contradictoria que está en la base del conflicto social y armado de Colombia; todavía hace falta que la más amplia y unitaria movilización social imponga la paz a la nueva tenaza “Santo-Ordoñista”, apalancada por las casas gratis del casa-teniente Vargas Lleras, que se ha conformado en el honorable parlamento colombiano. Es esencial tener claro que sin la movilización social, la mesa de la Habana languidecerá, y más temprano que tarde será levantada por JM Santos, aprovechando cualquier montaje burdo y chapucero de esos que sabe hacer la Inteligencia Militar colombiana, o argumentando la fecha de las elecciones que definirá su riña mediática con Uribe Vélez.
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