Ir al contenido principal

Fuero militar en Colombia no cumple con estándares de la CIDH




En visita al Senado, la misma comisión alertó que las violaciones a los Derechos Humanos podrían pasar a la justicia ordinaria.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo serios reparos al proyecto de reforma al fuero militar que está tramitando el Congreso de la República.

En visita al Senado este martes, la delegación de la comisión, encabezada por su presidente José de Jesús Orozco Henríquez, advirtió que la reforma constitucional no cumple con los estándares dispuestos por la carta de la OEA.


“La comisión les recordó a los congresistas los estándares interamericanos que tanto la Corte como la propia Comisión han establecido para que las violaciones a los Derechos Humanos sean investigadas y procesadas por la justicia ordinaria”, explicó.


Según él, se debe permitir actuar para establecer un “recurso efectivo” ante un tribunal imparcial.


“La imparcialidad se atiende a través de la justicia ordinaria como una de las garantías que debe existir”, recordó Orozco.


Por eso, insistió en que algunos aspectos resultarían incompatibles con los estándares interamericanos.


En la mañana, Human Rights Watch alertó al Senado de la República sobre el latente riesgo de que los procesos por ‘falsos positivos’ puedan pasar a la Justicia Penal Militar al amparo de dicha reforma.


Tras una reunión con el presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre, el director de la ONG, José Miguel Vivanco, dijo que “hay riesgo de que se cuelen los falsos positivos en la reforma al fuero militar”.


“Como está el proyecto pueden ser trasladados casos de falsos positivos al fuero militar”, señaló Vivanco.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Diego Palacio admite que sí compró reelección de Uribe

Noticia El Espectador


El exministro de Protección Social se acogió a la Justicia Especial para la Paz y empezó a colaborar con la justicia para obtener beneficios

Era la ficha que faltaba. La justicia Colombia había condenado a la excongresista Yidis Medina por el delito de cohecho al vender su voto para que fuera aprobada en Comisión Primera de Cámara la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Este había sido comprado con el nombramiento de un gerente para una Empresa Social del Estado y había sido entregado por el ministro de Protección Social de este gobierno, Diego Palacio Betancourt.

El alto funcionario del gobierno Uribe lo había negado en varias ocasiones, incluso su caso llegó a la corte Suprema de Justicia que en diciembre de 2015 ratificó su condena. En esa situación, Palacio seguía asegurando que era inocente y hasta amenazaba con ir ante tribunales internacionales por lo que consideró una persecución política.

Pero la clave estuvo en la Justicia Especial para la Paz (JEP). Di…

Cómo la política de Álvaro Uribe posibilitó la multiplicación de los colados de las FARC

Análisis Tomado de Las 2 Orillas Por Gabriel Ángel 24 de abril del 2019


Su gobierno ordenó dispersar a los guerrilleros por todas las cárceles y los comandantes perdieron control sobre 3000 presos. Allí pudo comenzar el tráfico de nombres
Me contaba una exguerrillera que en los días en que permaneció en La Habana, durante las conversaciones de paz, desempeñando la misión asignada y relacionada con la Mesa, se contactó con ella por el Facebook un antiguo mando de su Frente, que se encontraba en prisión desde hacía varios años. Quería pedirle un favor. En las cárceles ya corría la noticia de que se elaborarían listas de los prisioneros de las FARC y necesitaba que ella le ayudara a ser incluido.

Ella lo había conocido bien, sabía de quién se trataba y las circunstancias en las que había caído a la cárcel. Se interesó por él, le recibió sus datos, nombre, seudónimo, número de cédula, Frente al que pertenecía, en fin, lo que consideró pertinente. Y le prometió que plantearía su caso ante el res…

Álvaro Uribe busca volver trizas Acuerdo de Paz y demoler el sistema judicial.

Análisis Tomado de Pacocol Por Humberto de la Calle

La declaración leída por el Dr. Álvaro Uribe a raíz del caso Santrich no solo contiene afirmaciones absolutamente falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República, a impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades y es un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial que abarca la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ahora la Jurisdicción Especial.
En la Habana no se pactó un cogobierno con el narcotráfico. Las FARC se obligaron a romper todo vínculo con esa actividad criminal. El Acuerdo prevé que la garantía de no extradición no cubre los delitos posteriores al Acuerdo. La providencia de la JEP no debilita eso. Se basa en la ausencia de pruebas sobre la fecha de los delitos atribuidos a Santrich.

Si se afirma que hay pruebas contundentes en poder de la Fiscalía, no es posible explicar que el Sr. Fiscal, en vez de renunciar, no haya procedido de inmedia…