Análisis
Tomado de MB suroccidente
Por: Camilo Raigozo
Por intermedio de una dura carta, la ONU le pidió al gobierno colombiano, principalmente al Ministerio de Defensa, desistir de la aprobación de la reforma-constitucional para ampliar el fuero penal militar, por el alcance negativo para los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que este tendría.
De ser aprobado dicho proyecto, “perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos”, expuso la ONU.
Ayer el Gobierno por intermedio del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, contestó la misiva del organismo multilateral afirmando que “para la realización de la actual reforma fueron llamados expertos de las más altas calidades y, además, que no viola los derechos humanos.
“El texto actual nos da la tranquilidad de que no se vislumbra impunidad en ningún caso.
“Sin embargo, acorde con lo expuesto, el Gobierno considera que el debate enriquece la discusión sobre las modificaciones al texto que el Congreso proponga para avanzar en la definición de un marco legal claro”.
En la respuesta a la ONU el Gobierno agradece y valora sus aportes, pero aclara que el proyecto se encuentra en un proceso de aprobación que “cualquier apreciación definitiva sobre sus efectos resulta extemporánea”.
Faltando solo un debate en la Cámara y otro en el Senado, en la coartada del proyecto, quienes lo impulsan tuvieron el cuidado de poner aparentemente fuera del alcance de la justicia militar los delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada.
No obstante, tanto la ONU (1) como Human Rights Watch (2), desnudaron la patraña, demostrando que la ampliación del fuero penal militar garantiza la impunidad de atrocidades cometidas por militares y policías.
La ONU y HRW coinciden en que tal como está el texto del proyecto de reforma, permitiría que graves crímenes cometidos por militares,- como las ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual, entre otros, queden en la impunidad, ya que serían investigados y juzgados por la justicia militar.
Es decir, se permitiría que las fuerzas militares se auto-investiguen por sus propios crímenes e impartan justicia sobre sus mismos abusos, lo que garantizaría la impunidad de estos hechos.
Las dos organizaciones explican que todos los crímenes que cometan las fuerzas militares y la policía, “serán conocidas exclusivamente” por tribunales militares, excepto los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y las desapariciones forzadas.
Por consiguiente, la justicia penal militar investigaría y juzgaría todos los demás tipos de violaciones de derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, entre otras.
En cuanto a la coartada que encierra “la exclusión de crímenes de lesa humanidad de la justicia penal militar”, la ONU y HRW advierten que “de acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente-“por la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad-
“si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado u organización.
“En palabras del Fiscal General Eduardo Montealegre, ‘el crimen de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos humanos’.
“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil.
“Por lo tanto, si se sanciona la actual enmienda, para poder emprender acciones en los tribunales de la justicia ordinaria, los fiscales deberán demostrar en cada caso que la víctima de violencia sexual, “tortura o ejecución extrajudicial fue agredida en el marco de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política oficial”.
Igualmente los dos organismos demostraron que las excusas de las que se ha valido el Gobierno para adelantar el proyecto de reforma, como son:
la supuesta “inseguridad jurídica”, la pretendida “eficiencia de la justicia penal militar” y la presumida falta de “conocimiento especializado” de la justicia ordinaria, son netas falacias.
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