Análisis
Tomado de ANNCOL
Horacio Duque.
La crisis del sistema de salud colombiano se sigue agravando, hundiéndose en el abismo. Todos los días hay anuncios de cierre de hospitales, los enfermos mueren en los pasillos de las salas de urgencias, recibir un medicamento es una verdadera hazaña y las EPS intermediarias se roban los pagos mensuales de los usuarios.
Lo cierto es que los más débiles están sin salud; se repiten a diario los paseos de la muerte; las EPS siguen con las respuestas negativas a los pacientes sobre los tratamientos, medicamentos, terapias o intervenciones quirúrgicas ordenadas por los galenos; las esperas son insoportables en las salas de urgencias; afiliados y patronos siguen pagando cotizaciones, casi siempre con liquidaciones desproporcionadas, pero sin resultados. No se ve una luz al final del túnel neoliberal de la salud. Un túnel largo y muy oscuro como todo lo de esta sociedad descompuesta y mercantilizada.
Agréguele que los responsables del reciente saqueo al sistema que se destapó a principios del 2012, ya reorganizaron su negocio, con la mirada complaciente del gobierno central. Palacino, el de Saludcoop, sigue campante con su prospero negocio de la salud a través de testaferros y funcionarios que le dan apoyo desde la Superintendencia de Salud y el Fosyga. Debería estar en la cárcel por sus fechorías y actos delincuenciales. Lo que se robo le alcanza para comprar la impunidad en un sistema judicial corrupto.
El tamaño de los problemas de la salud pública es de tales proporciones que ni los funcionarios, ni los legisladores, ni los especialistas en el asunto que actúan como consultores, poseen la más mínima idea sobre las reformas inmediatas que se deben implementar, menos aciertan en una solución estructural de largo plazo que garantice el derecho a la salud de toda la sociedad, empezando por los más débiles.
Por supuesto, en lo más mínimo se les ocurre que lo primero es eliminar la causa principal de la descomunal crisis en la salud, la famosa ley 100 de 1992 y sus normas reglamentarias para reestructurar toda la salud con criterios de equidad y modernidad, ajenos al negocio capitalista.
Para rematar, Santos nombró un Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que respira neoliberalismo por todos los poros. Su Dios es el mercado. La oferta y la demanda, son su adoración. Es alérgico a principios como la solidaridad, la equidad y la igualdad. Para él todo lo resuelve el mercado y la democracia liberal porque según sus "eruditos" conocimientos el socialismo es una aberrante desviación humana.
Con esa visión de la vida y del mundo a este "caballero del mercado" se le ocurrió una idea genial: como lo único que ha funcionado hasta el momento para proteger el derecho fundamental a la salud de los pacientes más pobres es la Acción de Tutela, única manera de resistir y defenderse ante la muerte, y mecanismo que permite los recobro de medicinas, ya redactó un texto mañoso y explosivo que incorporó en el proyecto legislativo denominado de "reforma a la salud", que acumula otros de iniciativa parlamentaria. Se trata del artículo 14 el cual dice que “con fundamento en el artículo 89 de la Constitución Política, se crea la Acción de Protección a la Salud, que tendrá por objeto resolver los conflictos o las controversias que surjan entre los usuarios y las entidades prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando por la actuación u omisión de éstas se vea amenazado el derecho de los usuarios”.
Los autores de esta iniciativa le quitaron en un envión a la salud, aun en conexión con la vida, el carácter de derecho fundamental –establecido claramente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de los últimos años-, pues ubican dicho derecho en el conjunto de los derechos, completamente ajena al artículo 86 (que institucionalizó la Acción de tutela de los derechos fundamentales en la Carta del 91), y lo encapsulan en el artículo 89, referido a los recursos, acciones y procedimientos que la ley puede establecer para “la protección de los derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas”. De esa manera, además, excluyen de manera absoluta la posibilidad de actuar contra las EPS, que no son entes públicos dándole a la salud un trato marginal, como ha ocurrido en los últimos años.
Obviamente es una idea claramente adversa a los propósitos de “protección”, que es el pretexto del gobierno para incluir esta norma. Quieren que los jueces, en adelante, nieguen las demandas de tutela en materia de salud por la existencia de otro recurso de defensa judicial, que por supuesto será ineficaz, lento, complejo y extraordinario, pues se trata de hacer valer la inmunidad de las negociantes intermediarios frente al amparo constitucional, y –obviamente- dejar a los enfermos en la más absoluta desprotección.
Es el "modelo" de salud que no quiere De La Calle que se debata en la Mesa de Conversaciones de La Habana, pues allí solo se pretende la rendición de la resistencia campesina revolucionaria invicta. Es la "paz neoliberal" que quiere la oligarquía empresarial y negociante de la salud.
Comentarios
Publicar un comentario
Este es un espacio para la sana exposición de las ideas. La paz se hace con un diálogo fundamentado en la descencia y el respeto. Por favor omitir groserias y vulgaridades.