Boletín Nro 9, Diálogos por la Paz con Justicia Social

Comunicado
FARC-EP
Viernes, 23 Noviembre 2012 01:37 
Por Cadena Radial Bolivariana |  | 

PRIMERA RONDA DE CONVERSACIONES ENTRE EL GOBIERNO COLOMBIANO Y LA GUERRILLA DE LAS FARC-EP: Se inició un nuevo capítulo de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Este lunes 19 de noviembre, en la Habana, Cuba. Con el objetivo de buscarle una salida distinta a la confrontación que por más de 50 años desangra al pueblo colombiano.

Luego de un proceso bastante intenso de conversaciones preliminares entre plenipotenciarios del gobierno y la guerrilla, en el que se acordó la agenda titulada “Acuerdo general  para la Terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”, comienza en firme el proceso de conversaciones propiamente dicho, cuyo primer punto es el denominado “Política de Desarrollo agrario Integral”.


Estamos en la obligación de informar a la sociedad colombiana cuáles son las consideraciones teóricas contempladas por la guerrilla para abordar tan importante tópico, generador primario de la violencia en nuestro país, en el entendido que la desposesión de la tierra que padecen los campesinos, es el primer estimulante de la guerra que ha desangrado a Colombia desde los primeros balbuceos de la Colombia republicana.


Para las FARC-EP, el elemento tierra es componente esencial del territorio; de tal manera que es a partir de este concepto que se han de dar nuestras observaciones fundamentales en la mesa de conversaciones, sobre la base de ese criterio que hemos tomado como fundamento para la discusión, abordaremos aspectos como soberanía en general, la relación sostenible con la naturaleza, el problema de la soberanía alimentaria como algo más específico, y el bienestar social, entre otras particularidades, en el entendido que para nosotros una ley de tierras o “una política agraria de desarrollo integral” va mucho más allá de la simple titulación de predios.

Nuestra concepción tierra-territorio, se opone al desafuero del modelo neoliberal por saquear irresponsablemente la naturaleza sin que le importen las consecuencias, en la medida en que su práctica genera irreparables daños, entre los que podemos destacar: exterminio de especies, destrucción de tejidos sociales, desarticulación de la economía campesina, desequilibrios ambientales y sociales, al punto de estar empujando al planeta hacia a su destrucción.


El derecho a la tierra va más allá del derecho al suelo y a su titulación; se trata en realidad de un derecho a la vida colectiva, al disfrute de la naturaleza en armonía con ella, al desarrollo de las relaciones sociales y de la cultura teniendo como base el progreso socio-económico sustentable de la nación.

Desde un comienzo el gobierno está engañando al país, porque ha vendido la idea que va a hacer una reforma agraria, con la llamada ley de tierras. De acuerdo al proyecto de ley, en el capítulo I, titulado “beneficiarios de la restitución” el gobierno deja claramente establecido que los beneficiarios sólo serán aquellos quienes “fueran  propietarias, poseedoras, tenedoras, u ocupantes  de tierras, y que hayan sido despojadas de éstas, o que hayan sido obligadas a abandonarlas como consecuencia directa de hechos ocurridos por actos generalizados de violencia armada ilegal expresamente reconocidos en procesos de justicia y paz”, lo que quiere decir, en términos más claros, es que el gobierno solo restituirá las tierras a los campesinos cuando se compruebe que fueron usurpadas ilegalmente y de manera directa derivada de la violencia ilegal, pero en el marco del proceso jurídico denominado “justicia y paz” esto es, en el proceso penal adelantado a todos aquellos que han sido capturados en actividades delictivas comunes ya sea en el crimen organizado como paramilitarismo, narcotráfico, delitos comunes.

Frente a estas consideraciones legales surgen inmediatamente varias preguntas ¿Qué pasará con las tierras que poseen los grandes terratenientes que se calculan aproximadamente, en términos porcentuales, en un 53.5%, del total de las tierras aptas para cultivar, y que han sido usurpadas a los campesinos pero de forma “legal”? ¿Qué pasará con las tierras que todavía siguen en manos de los delincuentes que todavía no han sido capturados, pero que se sabe cuáles son sus predios y cómo fueron adquiridos?


Ahora bien, frente a la insurgencia también se están haciendo acusaciones de que somos usurpadores de tierras y que por lo tanto debemos devolver las tierras a los campesinos. Estas acusaciones se caen por su propio peso cuando entramos a mirar la naturaleza de nuestra organización insurgente, las FARC, es un ejército móvil, por principio de la movilidad no poseemos territorios, sólo ejercemos influencia y control político, dentro de ese control e influencia en algunos lugares de la geografía colombiana hemos adelantado parcialmente recuperaciones de tierras a algunos narco paramilitares, como a Rodríguez Gacha en el departamento del Meta. ¿Debemos quitarles la tierra a los campesinos que gozan actualmente de esas tierras y devolvérselas a los familiares del magnate del narcotráfico?

Cuando el comandante Iván Márquez denunció la trampa del proyecto de restitución de tierras del gobierno, el presidente Santos dijo muy orondo al programa “en línea con el presidente”: "Cuando estos señores de las Farc dicen que es una Ley de mentiras es porque les estamos quitando las banderas de propaganda". ¿De cuáles banderas habla el presidente Santos? Si los señores de la SAC, FEDEGAN y otras agremiaciones similares ya han puesto el grito en el cielo porque muchas de las propiedades en proceso de restitución han sido compradas o están en estrechas relaciones económicas con personas adscritas a estas agremiaciones. 

Lo que le debe quedar claro al pueblo colombiano es que las FARC vamos a pelear por un proceso real de reforma agraria, que le entregue la tierra a los campesinos y donde la soberanía de nuestra patria no sea mancillada como hasta ahora se ha hecho. 

SÓLO HABRA PAZ CUANDO SE INSTAURE LA JUSTICIA SOCIAL.
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Somos FARC-EP, somos el Ejército del pueblo.