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Académicos ofrecen valiosos aportes a los diálogos de paz en Colombia


Noticia
Tomado de Prensa Rural
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) / Jueves 8 de noviembre de 2012

La UN abrió un espacio en Debate CID para que 12 expertos analizaran y presentaran propuestas en torno a algunos puntos de la agenda



Política agraria, participación política, narcotráfico y víctimas fueron los cuatro puntos de la agenda de los diálogos de paz entre el gobierno y las Farc, que fueron analizados en el Debate CID ‘Economía política del proceso de paz’, realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), recientemente en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UN. Durante la jornada, 12 expertos discutieron las temáticas e hicieron propuestas que podrían ser incluidas en las mesas de diálogo.

En la instalación del evento, el decano de la FCE, José Guillermo García, manifestó su aprobación por los acercamientos que se están dando entre el Gobierno Nacional y las Farc, “el inicio de las conversaciones puede ser el camino hacia una nueva civilización: la civilización de la convivencia, de las reglas socioeconómicas aceptables, de una cultura basada en el respeto mutuo y en el esfuerzo individual y colectivo por el progreso socioeconómico del país”, resaltó el profesor García.

El decano consideró pertinente desarrollar el Debate CID, justo el día en que iniciaron los diálogos de paz en Noruega y aclaró que el objetivo no era poner trabas, sino hacer una contribución a las negociaciones desde el ámbito académico, “este Debate es una iniciativa que busca acompañar el proceso, y aportar elementos de información, conocimiento y análisis para encontrar espacios de negociación y definición de las reglas que le den a Colombia una mayor estabilidad en sus instituciones”, enfatizó el profesor García, quien a su vez, manifestó que “desde el CID y la FCE vamos a seguir impulsando este tipo de iniciativas que ojalá conduzcan a abrir el camino hacia un nuevo país”.

Por su parte, el director del CID Jorge Armando Rodríguez, hizo un recuento histórico del estudio de la economía desde el siglo XVII hasta la actualidad, con el fin de sustentar las razones que motivaron al CID a abordar el proceso de paz desde una perspectiva político económica, “lo que hoy conocemos con el nombre de economía antes se llamaba economía política para explicar la conexión estrecha entre política, derecho y economía; queremos significar esa relación entre disciplinas que también se ve reflejada al interior de la Universidad en la aspiración del CID de servir de escenario para la discusión de este tipo de temas en conjunto con otras instituciones de la universidad”, puntualizó el académico.

El profesor Rodríguez finalizó sus palabras de apertura invitando a los panelistas a tratar de responder durante el desarrollo de cada temática, a dos cuestionamientos: ¿qué se debe negociar entre el Gobierno Nacional y los alzados en armas? y ¿cómo deberían implementarse los acuerdos?

Propuestas para el desarrollo rural

En el panel sobre política de desarrollo rural participaron Absalón Machado, investigador en temas agrarios; Salomón Kalmanovitz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas-Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; y Darío Fajardo, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia.

El profesor Machado fue el primero en tomar la palabra manifestando que aún no es posible hablar de lo que se debe negociar en el sector agrario, pues a su juicio, se conocen las propuestas del gobierno y del campesinado, pero aún se desconocen las de las Farc.

Para el panelista “no se trata de una negociación, sino de unos acuerdos fundamentales sobre lo que se debe hacer en el sector rural que tiene un déficit enorme de desarrollo y de política pública”. En ese sentido, Machado planteó una serie de puntos que, en su criterio, deben incluirse en un acuerdo que conduzca a una política integral de desarrollo para el sector rural, entre los cuales mencionó “el reconocimiento social y político del campesinado; el pago de la deuda social que tiene la sociedad colombiana y el estado con el sector rural y su población, a través del suministro de bienes públicos, el desarrollo de oportunidades y la generación de ingresos para la gente; la superación de la pobreza y la inequidad; y la solución de los conflictos por la tierra y su redistribución”, destacó el investigador.

Salomón Kalmanovitz centró su intervención en siete puntos que consideró fundamentales para tener en cuenta en el momento en que la mesa dialogue sobre desarrollo rural: “el régimen de regiones, del cual se desprenden dos elementos: la dotación de recursos tributarios, y la creación de un fondo de compensación en el que las regiones más pobres reciban recursos de las más ricas; el aumento de regalías para invertir en infraestructura, vías terciarias, acueductos y distritos de riego; garantizar la operatividad de la restitución de tierras con mayores recursos; fortalecer la seguridad de quienes retornen a sus tierras; el fortalecimiento de los ministerios de Agricultura y Transporte para la ejecución de las políticas; recuperar el control militar de zonas dominadas por las Bacrim y otros grupos armados ilegales; y delimitar zonas de desarrollo empresarial excluyendo a las que han incursionado con detrimento de comunidades afrocolombianas y Parques Nacionales”, enumeró el académico.

No obstante, el profesor Kalmanovitz fue enfático en que estos puntos no se pueden cumplir dentro de una estructura política clientelista, por lo que recomendó que “hay que promover instituciones independientes, impulsadas por una burocracia educada, ilustrada y bien paga”.

A su turno, Darío Fajardo habló sobre el problema de la tierra en Colombia y su papel en una reforma rural, asegurando que el gran obstáculo es que “la tierra sigue teniendo un significado profundo en la configuración del poder político en Colombia”, concepción que, para el docente, se consolidó en la reforma agraria impulsada por el gobierno en la década del 60.

Respecto a las preguntas de ¿qué se debe negociar? y ¿cómo hacerlo en el sector rural?, Fajardo hizo un llamado a ver la situación desde otra perspectiva, “es más importante que comencemos a construir la idea de ¿qué campo?, ¿qué agricultura?, ¿qué niveles de satisfacción alimentaria?, ¿qué condiciones de protección de nuestros recursos naturales queremos para el bienestar de nuestra sociedad?”, manifestó el profesor Fajardo al cierre del primer punto de la agenda.

Los desafíos en participación política

El segundo panel, Participación política, fue desarrollado por Carlos Mario Perea, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la UN, y Juan Carlos Palou, coordinador del Área de Construcción de Paz y Posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz.

Carlos Mario Perea planteó algunos elementos que en esa materia, se deben abordar en las mesas de negociación, con base en las experiencias que han dejado 30 años de intentos fallidos de procesos de paz en el país.

En ese orden de ideas, el docente e investigador identificó 3 desafíos que tendrá que afrontar el proceso de paz: la democratización, el problema jurídico, y la participación directa de la nueva fuerza política que representaría a las Farc. Según el panelista, “el reto con más escollos es el tema jurídico que genera la incógnita de cómo aplicar la justicia al tiempo en que se permite la participación política de las Farc”.

Posteriormente, Juan Carlos Palou, mencionó las peticiones de las Farc en cuanto a este punto de la agenda, “básicamente las Farc piden seguridad para el ejercicio de la oposición política; mecanismos de participación ciudadana; y mayor participación en la política nacional regional y local de todos los sectores incluyendo la población más vulnerable”.

En seguida, el investigador presentó los resultados de una encuesta y un sondeo, realizados por la Fundación Ideas para la Paz, que revelan la opinión de la ciudadanía y el sector empresarial, sobre el proceso de paz y la participación política de las Farc. Según la encuesta, el 77% de los ciudadanos apoya el proceso de paz, pero no aceptan ni la inmunidad, ni la participación política de ese grupo insurgente, lo que contrasta con la opinión de los empresarios, quienes, de acuerdo con el sondeo, creen que la inversión extranjera se estimula si Colombia es percibido internacionalmente como un país incluyente, que permite la participación política de la oposición.

Por otro lado, Palou coincidió con Carlos Mario Perea sobre su opinión respecto al tema jurídico, “en el intento de facilitar la participación política de las Farc vamos a encontrar muchos obstáculos de tipo normativo, entre ellos, el artículo 122 de la Constitución Política en el que se especifica que no podrán ser elegidos en cualquier tiempo quienes hayan sido condenados por la pertenencia, promoción y financiación de grupos armados ilegales”, expresó Palou.

Narcotráfico, uno de los motores del conflicto armado

El tema de Narcotráfico tuvo como panelistas a Daniel Mejía, profesor e investigador de la Universidad de los Andes; Ricardo Rocha, investigador del CID; y María Clemencia Ramírez, profesora e investigadora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

El profesor Mejía inició su intervención con una mirada a la evolución del narcotráfico en Colombia en los últimos 15 años, e hizo repaso general del desarrollo del Plan Colombia como principal política antidrogas. Luego, se refirió a dos elementos que eventualmente se negociarían en un proceso de paz: el enfoque de la lucha contra los cultivos ilícitos, y la promoción de programas de desarrollo alternativos a la ilegalidad.

No obstante, el panelista aclaró que “en lo referente a narcotráfico seguramente se va a pasar por encima porque las Farc no van a querer hablar sobre el tema dada su enorme responsabilidad, y para el gobierno es mejor promover esa discusión a nivel latinoamericano”.

Ricardo Rocha habló sobre las rentas producidas en la relación narcotráfico-conflicto armado, e hizo un perfil de la estructura social del sector cocalero en Colombia.

Según el investigador, la participación en el PIB de los agentes que conforman la cadena del narcotráfico es del 0.7%, repartida entre guerrilla, paramilitares, cocaleros, comisionistas y carteles, donde estos últimos se llevan el 0.4%.

Así mismo, Rocha reveló, según sus investigaciones, que el campesinado productor de hoja de coca asciende a 180 mil familias que residen en departamentos con mayor presencia de alzados en armas, y se encuentran anclados en el monocultivo, sin representación política, y con unos índices de pobreza del 96%, “lo que demuestra que la siembra de la hoja de coca enriquece únicamente a los eslabones de la cadena que producen mayor violencia”, expresó el conferencista.

Concluyó este panel, María Clemencia Ramírez con un recuento histórico sobre la vinculación de las Farc al narcotráfico y su consolidación en las zonas de mayor influencia.

La investigadora relató una serie de eventos que detallan la convivencia entre los campesinos cocaleros y las Farc desde principios de la década del 90 hasta la actualidad, y las constantes tensiones y rupturas, que han cambiado la percepción de los campesinos hacia ese grupo guerrillero. “En esa relación las Farc, a través de la fuerza han mantenido el poder, lo cual me lleva a plantear una pregunta: ¿las Farc podrán dejar las armas y discutir en igualdad de condiciones con la población civil las propuestas de desarrollo y liderazgo que se necesitan para esas regiones?”,cuestionó la profesora Ramírez.

Víctimas ¿reparación integral?

El Debate finalizó con el panel de Víctimas, en el que intervinieron de María Clemencia Castro, directora del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la UN; Luis Jorge Garay, investigador en temas de víctimas y costos económicos de la violencia; Martha Nubia Bello, directora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UN; y Jorge A. Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

La profesora Castro fue la encargada de hacer una introducción al tema, al definir el término víctimas: “son quienes han padecido de manera individual o colectiva, diversas formas de violencia, lo que sugiere un actor activo y otro pasivo”.

Luego, situó ese concepto en el conflicto armado colombiano, y haciendo un análisis de algunas disposiciones de la Ley de Víctimas (Ley 1448), entre ellas, la que establece que “los miembros de grupos armados al margen de la ley no serán considerados como víctimas”, demostró que no sólo es necesaria una redefinición del concepto, sino un replanteamiento de la Ley pues “a propósito de los integrantes de las filas guerrilleras ¿quiénes serán considerados como víctimas? ¿los guerrilleros que ingresaron siendo menores de edad pero que no dejaron la organización cuando cumplieron la mayoría de edad?, ¿las familias que fueron asesinadas por tener un integrante en las filas guerrilleras?”, con estos y otros interrogantes similares que evidencian la multiplicidad de roles de los actores del conflicto armado colombiano, la profesora Castro dio paso al siguiente expositor.

Luis Jorge Garay realizó un diagnóstico de las víctimas del conflicto armado colombiano, e hizo una crítica a la asignación de recursos para la ejecución de la Ley que busca su reparación integral.

Garay determinó que en los últimos 20 años, se registraron aproximadamente 6 millones de víctimas, 5 millones de ellas por desplazamiento forzado. De este número, el 46% eran pobres antes del desplazamiento, y después aumentaron a 98%. En términos económicos esto significa que “en abandono de bienes muebles e inmuebles, la población desplazada perdió una cifra de $80 billones, el 12% del PIB colombiano”, complementó el académico.

Sobre esa misma línea, advirtió que los $44 billones que el gobierno destinó para la aplicación de la Ley de Víctimas en 10 años, son insuficientes porque $36 billones corresponden a la prestación de servicios sociales a los que tiene derecho todo ciudadano, “de una manera cuidadosa, pero implícita el gobierno buscó sustituir sus obligaciones con la ciudadanía, lo que en la práctica significa que destinó sólo $9 billones a la reparación”, aseguró el experto.

Por ello, el profesor Garay cuestionó si la sociedad y el estado colombiano están en la capacidad de hacer una reparación integral a las víctimas en sus daños materiales y morales, y dejó la reflexión de que esos dos agentes “tienen la necesidad de asumir una nueva jurisprudencia, una nueva institucionalidad y una nueva concepción de políticas públicas que puedan garantizar que avancemos hacia el propósito de una reparación y restitución integral”.

Complementó el diagnóstico del profesor Garay, la profesora Martha Nubia Bello, quien hizo una caracterización del conflicto armado colombiano, a través del estudio de factores como la multiplicidad de víctimas y victimarios, y las modalidades de delito que se presentan en dicho fenómeno.

La profesora explicó que “en la historia, por lo menos latinoamericana, no existe una referencia de comparación del conflicto armado colombiano debido a la masividad de afectados y la larga duración de la problemática”. Esto conlleva a características particulares como la heterogeneidad de víctimas, definidas por género, razas, religiones, entre otras categorías; y a su vez, a un amplio número de victimarios entre los que sobresalen: guerrillas, paramilitares, bacrim, y el mismo Estado.

En ese orden de ideas, la académica e investigadora, continuó su exposición hablando del desplazamiento forzado, el secuestro, la violencia sexual, el desarraigo y la desaparición forzada, como los delitos más notorios; aunque aclaró que hacen parte de una larga lista de tipos de violencia, en la que también se encuentra otras formas de victimización como la exclusión social, económica y política.

Para la profesora Bello, el Estado y la sociedad tienen una gran responsabilidad en la victimización por haber abandonado al 11% de la población colombiana que se ha visto afectada por la violencia, “hemos dejado que las víctimas peleen solas por sus derechos, como si los derechos de los otros no representaran los de nosotros mismos”, enfatizó la especialista en el tema.

Finalizó este panel y con ello el Debate CID, Jorge A. Restrepo, haciendo una observación de lo que podría o no negociarse en las mesas de diálogo.

Según el experto entre los puntos que se van a negociar, y en los que se podría llegar a un acuerdo, se encuentran el reconocimiento público de las víctimas, el reconocimiento de la responsabilidad de los victimarios, y la manera en que se podrían ligar las políticas públicas actuales a la atención de víctimas de la violencia.

Sin embargo, para Restrepo no se negociarán los elementos fundamentales del sistema económico, la redistribución del ingreso, y mucho menos el tema del resarcimiento de las víctimas y la redistribución de la tierra, “la pérdida de bienestar como producto del conflicto ya la perdimos, y tan sólo se le va a restituir a las víctimas una mínima proporción de la propiedad de la tierra real que ha perdido”, destacó el panelista.

Con el Debate CID ‘Economía política del proceso de paz’, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UN demostró que la academia es el escenario apropiado para proponer alternativas a la configuración de un proceso de paz viable, que contribuya a un avance significativo en la finalización del conflicto armado colombiano.

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