Análisis
Por Marcha Patriótica
Bogotá, enero 5 de 2014. (Prensa Marcha Patriótica y Prensa Poder Ciudadano)
Luego de la detención en la ciudad de Cúcuta y posterior traslado a Bogotá de Francisco Toloza, miembro de la Junta Patriótica –espacio directivo del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica- las demoras y restricciones han sido el denominador.
La audiencia de legalización de captura fue citada para hoy, 5 de enero, a las 6 de la mañana, sin embargo esta dio inicio alrededor de cinco horas después de citada y con restricciones a personas –solo se permitió el ingreso a 18- y medios de comunicación según orden del juez 33 de garantías a pesar de ser una diligencia de carácter público.
La Fiscal encargada del caso manifestó: “No es un montaje de última hora, se trata de una investigación amplia y verificada”, sin embargo en lo expuesto en la audiencia no se aclaró en qué se basa el inicio de la investigación. Los argumentos de la Fiscal, se basan en las declaraciones de un supuesto alias y una vez más como en otros casos se mencionan sin claridad; supuestas fechas, testigos y evidencias encontradas en dispositivos hallados en los bombardeos realizados en las operaciones Sodoma y Odiseo.
Francisco Toloza es el segundo dirigente nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica sindicado de rebelión y su captura coincide con el reciente asesinato de Giovanny Leiton, dirigente comunal de San José del Palmar, perteneciente a la Mesa de Interlocución Agraria y Popular – MIA quien fue protagonista de las protestas contra la erradicación de cultivos, movilización que duró alrededor de dos meses.
Ambos hechos se suman a las lamentables cifras de asesinatos y capturas bajo montajes judiciales y evidencian el señalamiento y la constante persecución a todos aquellos que manifiestan y profesan un pensamiento diferente. En palabras de Lilia Solano, integrante del consejo Patriótico Nacional –COPAN- de la Marcha Patriótica, “La persecución al pensamiento disidente no es solo un problema de Marcha Patriótica, es un problema de miles de colombianos que no aceptamos las políticas de odio y saqueo que nos imponen. Nos enfrentamos a la legalización del delito de opinión”
“Técnicamente el delito de opinión no existe, sin embargo los hechos demuestran todo lo contrario, más de 9.000 prisioneros políticos lo demuestran” comenta Hernando Gómez, Miembro del Consejo Patriótico Nacional –COPAN- de la Marcha Patriótica. “Se está juzgando, se está sancionando, y lo que es peor, se está ejecutando el delito de opinión”
Lamentablemente la legalización de la captura de Francisco Toloza es un paso más en la condena al pensamiento diferente. Es la reafirmación de que la opinión tiene pena de muerte en Colombia.
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