La paz con sus horrores

Análisis

Tomado de El Espectador

Por Alfredo Molano Bravo

Cuando Juan Camilo Restrepo fue ministro de Agricultura, se conocieron cifras sobre uso de la tierra: unos 40 millones de hectáreas estaban en manos de ganadería extensiva y unos cinco en manos de productores agrícolas.

El ministro defendió una tesis peligrosa para los grandes rentistas: con la mitad —20 millones— se podía seguir produciendo la misma cantidad de carne y de leche; sólo habría que mejorar los pastos. La cosa parece fácil con números, pero en la costa atlántica el panorama cambia porque esa región, desde Urabá hasta Riohacha, sigue manejada por los paramilitares como lo evidencian dos hechos: hace un año, a raíz de la muerte de uno de sus jefes, hicieron un paro que paralizó toda la costa; y segundo, en agosto, en el paro de Dignidad Campesina, nadie protestó por esos lados. Así que meterle el diente a ese problema allá equivale a partírselo contra un cañón.

No me cabe duda de que por esta última razón el Gobierno comenzó a reconsiderar el caso del Vichada. Uribe quería esas tierras para sus amigos y conmilitones. Caso de Carimagua. La opinión pública reaccionó y cuando Santos subió, rectificó el proyecto y habló de que esas tierras eran para campesinos.

Poco después sonaron asordinados clarines de paz. Se comenzó a hablar de los acuerdos, de Oslo, de La Habana, en fin: del posconflicto, del futuro. Los empresarios comenzaron a echar ojo a las tierras y lápiz a la cosa. El negocio les comenzó a sonar. Tierras en paz, donde antes no podían asomarse, tierras fértiles y además bellas. No cabía duda: ¡Al Vichada! A esas regiones baldías donde, como dijo Uribe, no se necesita el hacha. Y sobre todo, digo yo: ¡después de haber pasado la motosierra! La motosierra echó al suelo el precio de la tierra. Con la paz, se hace viable echarles mano a esas “infinitas extensiones hasta donde el ojo alcance”. En lugar de poner a producir los 20 millones de que habló Juan Camilo en ganadería extensiva, por estar en manos de “gente seria y armada”, mejor hagamos la vuelta donde todavía los campesinos no se han repuesto del terror y son dóciles. Jorge Robledo lo anunció y lo denunció: Vichada fue invadido. Yo, que lo recorro, lo conozco —y lo quiero—, lo sé: llegaban en camionetas blindadas con dos tinterillos, un calanchín y un abogado escoltados por hombres armados y hacían la vuelta. De regreso, el notario firmaba. La mayoría de esos predios no tenían títulos, eran técnicamente baldíos, pero la Ley 160 impide adjudicarlos a personas que no sean campesinas. No importa, compramos poncho, dijeron, y en poncho y con el tenebroso sombrerito de jipijapa se fueron a conquistar la “selva”. Así lo denuncia Jénnifer Mojica, exsubdirectora de Tierras del Incoder: “El Estado perdió más de 416.000 hectáreas adjudicadas ilegalmente en Meta y Vichada. Claro que no es la única parte donde los empresarios quieren poner sus tres huevitos: Iván Cepeda denunció seis nuevos casos de adjudicación de baldíos a políticos y empresarios cercanos a Uribe, e inclusive a un amigo de Tasmania y del Tuso Sierra. Son 57 predios, más de 3.000 hectáreas de tierras fértiles que gozan de plena “seguridad jurídica” por uno u otro medio.

En el Magdalena Medio los campesinos del Corcovado, Achí, ocuparon una hacienda que los narcos usaban como pista de aterrizaje. Un día los campesinos volvieron y se metieron. La semana pasada llegó “un paisa con papeles acompañado de fuerza pública a quemar los ranchos y a sacar a la gente”. Lo mismo sucedió en la vereda Pitalito de Curumaní, Cesar: el martes “entraron los paramilitares disparando y amenazando a la gente”. Hace un mes fue la fuerza pública la que los sacó.

La conclusión es simple: con la paz y la demanda de alimentos, los precios de la tierra se disparan y los terratenientes están apropiándosela como sea. Sería paradójico, pero no imposible, que firmados los acuerdos con la guerrilla, se volviera a la situación que originó la guerra: la pelea por la tierra, que está exacerbada, como se ve con sólo mentar el posconflicto.